España pide a la Comisión Europea “coordinación” para las nuevas medidas anticrisis

Se acerca la fecha en la que caducan las medidas de choque que aprobó el Gobierno para hacer frente a la crisis que deja la guerra en Ucrania. El 31 de diciembre vencen la mayoría de esas iniciativas y el Gobierno está en plena fase de estudio del plan anticrisis que pondrá en marcha cuando de cara al nuevo año. Por ahora solo ha decidido alargar durante todo 2023 la gratuidad del transporte público y la congelación de la subida de los alquileres en el 2%, tal y como acordó con EH Bildu en la negociación presupuestaria. Antes de dar luz verde al nuevo paquete que se está discutiendo en el seno de la coalición, el Ejecutivo de Pedro Sánchez reclama a la Comisión Europea que establezca un “catálogo claro” de medidas que se deben poner en marcha una vez que se ha pasado “la fase de choque”. La intención del Ejecutivo ahora es acotar las medidas para que sean más focalizadas, según reconoció este lunes la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

“Hemos llamado a un refuerzo de la coordinación de las instituciones europeas”, ha afirmado Calviño al acabar la reunión del Ecofin, la reunión de los ministros de Economía de la UE en la que Hungría ha bloqueado el envío de 18.000 millones de euros de ayuda a Ucrania después de que se haya pospuesto la decisión de congelar un desembolso de fondos a ese país por la deriva autoritaria de Viktor Orbán. “Estamos pidiendo un análisis más profundo de la Comisión Europea para que nos pueda ayudar”, ha dicho Calviño sobre la decisión que próximamente tendrá que tomar el Consejo de Ministros sobre las medidas que están en vigor.

Calviño se ha escudado en la necesidad de esa orientación para no dar ningún detalle sobre cuáles son los planes en los que trabaja el Gobierno. Preguntada por si el Gobierno trabaja en un bono de ayuda para la cesta de la compra para familias vulnerables, la vicepresidenta no ha querido precisar y tampoco si la bonificación a los carburantes se limitará a los profesionales, como sugirió hace unas semanas. “El trabajo continúa dentro del Gobierno para identificar cuáles pueden ser las medidas más eficaces desde el punto de vista de la eficiencia y del uso de recursos públicos”, ha expresado la vicepresidenta primera, que ha apelado a la necesidad de “coordinación” entre los Veintisiete.

“En este momento estamos viendo una gran diversidad de medidas y un gran impacto fiscal por parte de todos los países. Hemos tomado medidas basadas en la eficacia cubriendo no solo al conjunto de la población [ha dicho Calviño refiriéndose, por ejemplo, a la bajada de los impuestos como el IVA a la luz y el gas] sino también ayudas específicas a los colectivos más vulnerables y sectores más afectados. Esa aproximación es la que vamos a seguir teniendo”.

No obstante, la vicepresidenta apuntó este lunes que las medidas van a ser en esta ocasión más selectivas. “Evidentemente, nuestro objetivo es, en una primera fase, implantar medidas de choque y amplio espectro con un impacto generalizado y, poco a poco, tratar de enfocar a sectores más afectados y más vulnerables”, afirmó a su llegada a Bruselas para participar en el Eurogrupo. Precisamente en esa reunión de los ministros de Economía de la zona euro se acordó que la respuesta fuera en esta ocasión más focalizada. “Como parte de nuestra respuesta para mitigar el impacto de los altos precios de la energía, estamos trabajando para garantizar que las medidas sean más eficientes, mejor coordinadas y fiscalmente asequibles”, señalaba la declaración aprobada por ese organismo: “En 2023 examinaremos nuestras medidas para garantizar que estén dirigidas y centradas en los hogares vulnerables y las empresas viables”.

Respecto a la posible congelación de los 7.500 millones que debería recibir Hungría, Calviño ha defendido la labor de la Comisión Europea  “en el análisis” que se ha realizado. “Nosotros apoyamos una aplicación firme de los principios que inspiran los valores del estado de derecho europeo”, ha señalado la vicepresidenta.