Orbán mantiene el chantaje a la UE y bloquea 18.000 millones de ayudas a Ucrania y el impuesto del 15% a multinacionales

Más chantaje. El Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán ha ejercido este martes su capacidad de bloqueo en la reunión de ministros de Finanzas de la UE, y ha impedido que se aprueben los 18.000 millones en ayudas a Ucrania para 2023, al tiempo que ha conseguido que salte de la agenda el impuesto del 15% mínimo para las multinacionales.

La presión húngara, eso sí, ha conseguido algo: que los 27 ministros de Economía de la UE hayan decidido posponer la discusión sobre la propuesta de la Comisión Europea de bloquear 7.500 millones de fondos de cohesión a Hungría por su deriva autoritaria. Algunos países, como Francia y Alemania, defienden que la cifra debería rebajarse en virtud de unos supuestos avances legislativos de Budapest, en contra de la propuesta de Bruselas reafirmada la semana pasada.

Los días, eso sí, se acaban: el plazo dado por la Comisión Europea vence el 19 de diciembre, fecha en la que decaería el expediente si no lo aprueban los Gobiernos que, por otro lado, también podrían decidir aprobar la sanción pero con una cifra inferior.

“Desafortunadamente no estamos en condiciones de adoptar el paquete, nuestra ambición sigue siendo desembolsar la ayuda a Ucrania a principios de enero, y pedimos que se estudien soluciones con el apoyo de 26 Estados miembros, sin tocar el Marco Financiero Plurianual”, ha dicho el ministro de Economía checo y presidente de turno del Consejo de la UE, Zbyněk Stanjura.

Los 27, en todo caso, sí tienen previsto tomar una decisión sobre el plan de recuperación de Hungría, condicionado a 27 reformas relacionadas con el fortalecimiento del Estado de Derecho. Si los Gobiernos de la UE no aprueban formalmente el plan antes de que acabe el año, Hungría perdería el 70% de los fondos, unos 4.600 millones de los 5.800 millones en ayudas directas.

Acuerdo de la OCDE

Junio era el mes en el que la UE tenía previsto aprobar el impuesto del 15% a las multinacionales. Pero no. En la reunión precedente del Ecofin, los ministros de Finanzas constataron el veto polaco, que dependía, en realidad, de que la Comisión Europea desbloqueara su fondo de recuperación –36.000 millones de euros–, cosa que acabó haciendo a condición de que Polonia abordara la descolonización política del sistema judicial.

Polonia consiguió ese desbloqueo y, a continuación, levantó el veto a la nueva imposición. Pero, ahora, el veto viene de su viejo aliado, Hungría, que también tiene bloqueado su plan de recuperación por su deriva autoritaria, que ha llevado incluso a la Comisión Europea a activar el mecanismo de condicionalidad por la corrupción detectada en la gestión de los fondos europeos.

El veto de Orbán al impuesto va de la mano de las tensiones de Budapest con los 26 por las sanciones a Rusia.

Así, Orbán cumple su amenaza de vetar un impuesto mínimo del 15% sobre las compañías multinacionales acordado a nivel internacional en la OCDE en octubre de 2021 y que consistía en dos pilares.

El primer pilar fija que el 25% de los beneficios de las empresas con una facturación superior a los 20.000 millones de dólares (unos 19.000 millones de euros) y una rentabilidad superior al 10% tendrían que pagar impuestos en los países en los que tienen su actividad. Según la OCDE, el pilar uno afectaría a cerca de las 100 mayores multinacionales –Google, Facebook, tecnológicas, etc– y generaría unos 125.000 millones de dólares (119.000 millones de euros) en ingresos anuales a los países y territorios afectados.

El segundo pilar, que se debatía este viernes en el Ecofin, introduce un tipo mínimo global del 15%, que se aplicaría a empresas con ingresos superiores a los 750 millones de euros. El Observatorio Fiscal de la UE calculó que los países de la UE podrían ingresar unos 80.000 millones de euros anuales con la reforma.

En relación con el bloqueo en el Ecofin, Chiara Putaturo, experta en impuestos de la UE de Oxfam, ha afirmado: “Una vez más, los países de la UE no han logrado ponerse de acuerdo sobre un plan, que ya de por sí es poco ambicioso, para implementar el acuerdo internacional de impuestos mínimos. Los intereses nacionales de la UE han prevalecido a pesar de la crisis que afecta al coste de la vida. Algunos paraísos fiscales de la UE han reducido la ambición del acuerdo fiscal a nivel internacional y Hungría ha retrasado la implementación a nivel de la UE durante meses. Esto supone una derrota para la gente común que lucha con la crisis del coste de la vida y una victoria para las corporaciones ultra rentables”.