El Gobierno cuenta con el apoyo de Bruselas para controlar los precios de la luz y el gas

Teresa Ribera, Pedro Sánchez y Frans Timmermans, en la COP25 celebrada en Madrid en diciembre de 2019.

El Gobierno cuenta con el respaldo de la Comisión Europea al esperado plan de choque aprobado este martes por el Consejo de Ministros para abaratar la luz y el gas ante el shock de precios que viven los mercados energéticos europeos. 

El precio de la luz bate otro récord y se dispara a 172 euros/MWh a la espera del plan de choque del Gobierno

El precio de la luz bate otro récord y se dispara a 172 euros/MWh a la espera del plan de choque del Gobierno

Tanto el Gobierno español como la Comisión Europea han estado en contacto en las últimas semanas para afrontar el dramático encarecimiento de la luz en España, y se han intercambiado cartas, mensajes y conversaciones previas al anuncio del último Consejo de Ministros. Y en el transcurso de esos intercambios, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Green Deal, Frans Timmermans, ha terminado trasladando al Ejecutivo español su sintonía con las medidas recientemente anunciadas, según fuentes conocedoras de las conversaciones. 

Ante el convencimiento de que situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias, y para cumplir la promesa del presidente del Gobierno de dejar la factura de un usuario medio en 2021 en 600 euros anuales, un nivel similar al de 2018, el Ejecutivo aprobaba este martes un Real Decreto-Ley con un amplio paquete de medidas que Pedro Sánchez calificaba en el Senado de "riguroso, serio y solvente".

La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, lo definía como "el paquete más importante jamás adoptado para fortalecer la posición del consumidor ante una carrera de precios como consecuencia de la evolución del gas que no tiene precedentes", y lo justificaba en que los beneficios y dividendos de las eléctricas crecen de una forma que "ninguna" empresa "hubiera imaginado" hace "apenas seis meses". "Todos debemos colaborar".

Entre otras cosas, el decreto, que según Ribera garantiza la rentabilidad de las empresas, detraerá temporalmente (hasta marzo) 2.600 millones de euros a las compañías eléctricas por el exceso de ingresos que reciben en el mercado mayorista de electricidad las centrales hidroeléctricas y nucleares, que se están beneficiando de la histórica subida de la cotización del gas, que no forma parte de sus costes, pero empuja al alza los precios del denominado pool por el diseño marginalista de este mercado –el precio de la fuente de energía más cara marca el precio de todas–, que no da tregua.

Este miércoles, el pool va a superar por primera vez en la historia los 170 euros por megavatio hora en un contexto de espectaculares subidas en toda Europa, impulsado por el gas, cuya cotización ha subido un 250% en un año. La escalada ha propiciado que hasta agosto los precios finales de la electricidad se disparasen en España, según el INE, un 34,9% interanual, si bien ese aumento compara con un 2020 con el pool en mínimos por la pandemia. El paquete del Gobierno también limita dos trimestres a menos del 5% las subidas de la tarifa regulada del gas (TUR), difiriendo el pago a futuro, pese a que el coste de la materia prima obligaría a aplicar una subida del 29% en octubre.

Bruselas "entiende y está al corriente"

Fuentes del Gobierno aseguran que "Bruselas entiende y está al corriente" de este plan y confían en que las autoridades comunitarias den su visto bueno a unas medidas que el PP calificaba este martes de "confiscatorias" y de "dudosa legalidad" entre alusiones al "peronismo". En el Ejecutivo español confirman que llevan días en contacto con las autoridades europeas para tratar este asunto. Ribera se reunió la semana pasada con el vicepresidente Timmermans y también ha tratado esta cuestión con la comisaria europea de Energía, Kadri Simson, según confirman en su departamento. La vicepresidenta ya trasladó hace semanas a las autoridades comunitarias la necesidad de abordar una acción coordinada ante esta situación extraordinaria. 

"Estamos comprometidos en una transición verde justa, y listos para apoyar a España en sus inversiones en energías limpias, eficientes y en su lucha contra la pobreza energética", tuiteó Timmermans tras verse con Ribera en Madrid hace unos días.

"Somos conscientes de las medidas que está tomando el Gobierno español y hemos visto los anuncios de hoy [por este martes]", afirma un portavoz de la Comisión Europea: "Estamos siguiendo de cerca la situación y estamos en contacto con las autoridades españolas". Y añade: "No tenemos comentarios sobre el fondo de las propuestas formuladas".

Bruselas también ha trasladado al Gobierno que "la legislación de la UE permite a los Estados miembros aplicar salvaguardas, como intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a clientes domésticos vulnerables o con escasez de energía en determinadas condiciones".

El Gobierno espera que otros países europeos sigan el camino emprendido por España, dado que, apuntan fuentes del departamento de Ribera, "esta no es una situación de España y Portugal", que tienen sus mercados eléctricos integrados. 

En este sentido, el Gobierno francés tiene sobre la mesa la idea de ampliar el número de personas que pueden acceder a ayudas directas ante estas subidas, mientras que Grecia ha anunciado un fondo de transición energética de 150 millones para compensar los aumentos del precio de la luz.

La semana pasada, los precios de referencia de la electricidad al por mayor en Alemania para la entrega el próximo año alcanzaron más de 90 euros/MWh, o aproximadamente el doble del nivel en el que comenzaron el año, superando el récord anterior alcanzado en el verano de 2008 cuando los precios del petróleo se acercaban a los 150 dólares el barril.

Aunque muchos países europeos tienen tarifas más estables que las de España (donde el coste de la energía en el precio regulado de la tarifa eléctrica PVPC está directamente indexado a la cotización del pool), en varios estados miembros, no solo España, "hay una preocupación latente muy grande por que lleguen subidas desproporcionadas en el recibo", apuntan fuentes de Transición Ecológica. Esas fuentes señalan que "lo mejor son medidas coordinadas a nivel europeo", pero "si no las hay o no llegan a tiempo", algo que, como dijo este martes Ribera "puede llevar tiempo", la "responsabilidad" del Ejecutivo es anticiparse a un otoño-invierno que se presenta muy complicado.

"Si hubiéramos actuado hace cinco años no estaríamos en esta situación, porque dependeríamos menos de los combustibles fósiles y del gas natural. A lo largo de todos estos años hemos visto que los precios de las renovables se han mantenido bajos y estables", decía este martes ante el Parlamento Europeo Frans Timmermans, quien añadía: "Sólo un 20% del aumento del precio de la energía se puede atribuir a los precios del CO2. El resto es una consecuencia de la elevada demanda en el mercado. Hay falta de energía".

Transición Ecológica, que llevaba diseñando desde principios de agosto estas medidas ante el preocupante escenario de los precios del gas para este invierno, destaca que ningún otro Estado miembro había planteado hasta ahora un plan de este calado ante la crisis energética que azota al continente, que afecta especialmente a países como España, que prácticamente funciona como una isla energética por la falta de interconexiones con Francia.

Caídas en bolsa y amenaza de cierre

El paquete de medidas provocó este martes fuertes caídas en la cotización de Endesa (totalmente dependiente del mercado español) y de Iberdrola, que entre las dos redujeron su capitalización bursátil en más de 2.200 millones en una sola jornada. La patronal Aelec (antigua Unesa) rechazó estas "medidas intervencionistas" e instó al Gobierno "a buscar soluciones verdaderamente eficaces, que protejan de la volatilidad diaria de precios a los consumidores con tarifa regulada (un tercio del total), y que no penalicen de forma injusta a un sector absolutamente comprometido con la electrificación y descarbonización de la sociedad, el desarrollo territorial y el empleo, así como la protección de los colectivos vulnerables".

Antes, el lobby nuclear difundió un comunicado en el que amenazó con el "cierre desordenado" de los reactores, que aportan el 20% de la electricidad en España. El Foro Nuclear ya expresó esta misma advertencia en junio y basa su amenaza no tanto en el recorte de "aplicación temporal" aprobado este martes, sino en la retirada de los beneficios extra que, según el Gobierno, están recibiendo estas plantas y las hidroeléctricas por la subida del CO2, que también se ha disparado este año a máximos históricos.

Ese cierre, recuerda el Gobierno, requeriría en todo caso del visto bueno del operador del sistema eléctrico. Un apagón nuclear anticipado dejaría al sistema eléctrico todavía más expuesto a los vaivenes del gas natural y haría inviables los objetivos de descarbonización comprometidos por el Gobierno con Bruselas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Fuentes del Ministerio recuerdan que la minoración de CO2 se aplica a partir de un precio de 20 euros por tonelada de CO2, "que coincide con el precio que había cuando las eléctricas firmaron el protocolo de cierre en marzo de 2019" para un apagón nuclear escalonado hasta 2035.

El Ejecutivo ha planteado drenar esos ingresos en un proyecto de ley que está ya en el Congreso y que se va a tramitar por la vía urgente junto al fondo para sacar de la tarifa eléctrica el coste de las primas a las renovables más antiguas.

Transición Ecológica era consciente de que el alivio fiscal de la factura que aprobó el Gobierno de urgencia en junio, cuando empezó esta escalada, solo era un parche que permitiría ganar tiempo para adoptar medidas coyunturales con más peso ante el "preocupante" escenario de precios del gas para este invierno.

Un paquete que Financial Times calificaba este martes de "intervención" del mercado y que no ha gustado entre los guardianes de la ortodoxia económica. "Castigar a las utilities no ayudará a la transición energética europea", advertía el rotativo británico, en alusión al mayor riesgo regulatorio que, cree, irá asociado ante la masiva inversión en renovables que necesita el continente para descarbonizarse.

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14 de septiembre de 2021 - 22:09 h

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