Los inspectores de Trabajo denuncian una externalización a una empresa privada de la lucha contra el fraude

Conflicto entre los inspectores de Trabajo y el ministerio que dirige José Luis Escrivá. La Tesorería General de la Seguridad Social tiene abierto un proceso de licitación para externalizar un servicio de “consultoría estratégica” en la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, que según informa El Confidencial será adjudicado a la empresa Accenture. Esta compañía ya tuvo asignado este mismo contrato público, cuando en 2014 externalizó esta tarea la entonces ministra de Trabajo y Seguridad Social Fátima Báñez. Los sindicatos de inspectores de trabajo critican la licitación del servicio, ya que destacan los posibles “conflictos de intereses” y lo “delicada” que es esta tarea de servicio público contra los abusos laborales y de Seguridad Social, que consideran que no debería involucrar a ninguna compañía privada.

El objeto del contrato es “el mantenimiento y el desarrollo del modelo de lucha contra el fraude a la Seguridad Social en el ámbito de competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, realizando los trabajos de consultoría estratégica mediante la ejecución de las tareas especificadas en el mismo”, según figura en las prescripciones técnicas del pliego de la licitación. El fraude en la Seguridad Social consiste en los abusos de las empresas respecto a sus obligaciones de “afiliación, cotización y recaudación”, entre otras. Un ejemplo claro es el de los falsos autónomos, pero también otros que tengan que ver con la falta de alta en la Seguridad Social o los fraudes en la cotización, como en los contratos fraudulentos a tiempo parcial.

La empresa adjudicataria de la licitación colaborará, entre otras funciones concretas, con “la definición de la estrategia y metodología” en la lucha contra el fraude en los próximos dos años, “periodo que se considera idóneo para desarrollar el modelo estructural contra el fraude en el ámbito de la TGSS”, recogen los pliegos.

Fuentes del Ministerio de la Seguridad Social apuntan que “la licitación no está terminada, es un procedimiento aún en marcha” y recuerdan que se trata de un contrato público “que viene de atrás”. En cualquier caso, insisten, “no se trata en absoluto de sustituir a la Inspección de Trabajo”, sino que la empresa concesionaria realizará funciones “complementarias” muy especializadas que “faciliten” el trabajo de la autoridad laboral a través del llamado 'Big Data'. El anuncio de la licitación se publicó este verano, en junio, y en los últimos días se ha publicado el informe de valoración de los criterios de adjudicación de las empresas que han concursado al servicio: Deloitte Advisory, Accenture, KPMG Asesores y PwC Asesores de Negocios.

Accenture acaba de hacerse por otro lado con un contrato público para el “mantenimiento de sistemas informáticos en el ámbito del fraude e inteligencia artificial” de la Inspección de Trabajo, que ha licitado el Ministerio de Trabajo en este caso. La división del Ministerio de Trabajo y el de la Seguridad Social fue muy criticada por los inspectores, ya que realizan tareas de fiscalización contra el fraude en ambas materias. La Inspección de Trabajo quedó finalmente bajo el paraguas orgánico de Trabajo, dirigido por la ministra Yolanda Díaz, pero el Gobierno se comprometió a crear un “órgano de coordinación” entre ambos ministerios. “Este órgano aún no se ha creado y se han superado ya los plazos para ello”, recuerda Mercedes Martínez, portavoz de UPIT (Unión Progresista de Inspectores de Trabajo).

El “peligro” de la externalización

“Esto es como si a un niño le dejas que se corrija solo el examen, en lugar de que lo haga la profesora. Seguramente, saque un sobresaliente”, compara Ana Ercoresa, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de la Seguridad Social (SITSS), el organismo más crítico contra la licitación del Ministerio. “La noticia nos ha enfadado mucho, porque está claro que hacen falta refuerzos en este ámbito, pero en el servicio público de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, esto no se debería externalizar nunca a una empresa privada”, apunta.

La Administración Pública cuenta con la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que ya ha utilizado el cruce masivo de datos y la inteligencia artificial en su lucha contra el fraude, por ejemplo, contra la brecha salarial. Además, existe el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social, como órgano de participación en la materia, con presencia de los agentes sociales.

Ana Ercoreca considera que la externalización del servicio es incluso “ilegal”, ya que subraya que “la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social es la que tiene las competencias en exclusiva en esta materia” y ha exigido este mismo lunes una reunión con el ministro José Luis Escrivá para que retire la licitación. En cualquier caso, la presidenta del SITSS critica que el Ministerio haya publicado la externalización de este servicio sin consultar a los representantes de los trabajadores.

Gasto de 6,2 millones de euros

La licitación del servicio tampoco ha gustado en UPIT, que no obstante recuerda que este mismo contrato ya se externalizó en el pasado, por un importe algo inferior. En este contrato público el valor se estima en 6,2 millones de euros para dos años y en la de 2014 estaba calculada en unos cinco millones de euros.

“Como hemos dicho en el pasado, nunca somos partidarios de estas externalizaciones, que además no suelen dar buen resultado, en las que se deja en manos de empresas privadas datos relacionados con derechos económicos de las personas trabajadoras”, explica Mercedes Martínez, portavoz de UPIT. La inspectora de Trabajo destaca el “peligro” de que estos servicios públicos recaigan en empresas privadas, que “pueden tener conflictos de intereses”.

El sindicato UGT ha lanzado también un comunicado de repulsa a esta externalización, ya que considera que “supone un parche inadmisible y una renuncia por parte de la Administración General del Estado a su obligación de innovación, en un momento en que la necesidad de digitalización de la Administración es indispensable”. El sindicato apuesta por “un cambio de sesgo en la política anti fraude”, que se centre en la “modernización y adquisición de recursos propios” dentro de la Inspección de Trabajo para que sea esta la que ejecute la lucha contra el fraude laboral.