Una jueza condena a Argentina a pagar 16.000 millones de dólares a un fondo buitre por la expropiación de YPF

La jueza federal del distrito sur de la ciudad de Nueva York Loretta Preska condenó al Estado Argentino a pagar 16.000 millones de dólares al fondo especializado en litigios judiciales Burford Capital, por supuestas irregularidades en la estatización parcial de YPF, que fue llevada a cabo en 2012. Esa firma británica había comprado el derecho a litigar al Grupo Petersen, un conglomerado con vínculos sólidos con los Kirchner y otros sectores políticos en la Argentina, así como al fondo Eton Park, ambos accionistas minoritarios en la petrolera cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió la participación de la española Repsol.

El Gobierno argentino ha anunciado que apelará “inmediatamente” esta resolución y que el presidente Alberto Fernández ya ha evaluado la situación con el Tesoro argentino, a cargo de Carlos Zannini, un hombre con una histórica relación con la familia Eskenazi, propietaria del Grupo Petersen. “Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres”, ha indicado la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, en mensaje publicado en Twitter.

La expropiación de YPF se realizó bajo la segunda Presidencia de Fernández de Kirchner y con el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, como viceministro de Economía e interventor en la petrolera. Tras años de negociaciones, la jueza Preska ya había fallado contra Argentina el pasado mes de marzo, eximiendo a YPF de responsabilidades. El monto de la indemnización había sido diferido por la magistrada para la segunda mitad de 2023.

Derrota en todos los planos

En los últimos meses, el eje del debate en el juzgado de Preska estuvo centrado en qué tasa debería aplicarse a los intereses y a partir de qué fecha debían ser calculados. En la aspiración del Estado argentino, el monto final no debía exceder los 4.900 millones de dólares. Para Burford Capital, debía estirarse hasta 16.000 millones de dólares. La jueza Preska ha coincidido finalmente con el fondo buitre.

Antes, Argentina había perdido el argumento de fondo. Según los abogados del Tesoro, a cargo de Zannini y del jurista Sebastián Soler, la ley de expropiación de Argentina prevalecía sobre lo establecido en el estatuto de YPF redactado en el momento de la privatización, en 1993, y validado ante las autoridades bursátiles de Nueva York, donde comenzó a cotizar la compañía. Kicillof calificó en su momento que era propio de un “tarado” aplicar el estatuto de la empresa, una declaración mencionada por Preska a la hora de fallar contra Argentina.

Además, el Tesoro también cuestionó la jurisdicción, ya que consideraba que el reclamo de Petersen debía ser tratado en tribunales argentinos. Preska rechazó todos los argumentos, y terminó asumiendo el derecho de establecer una indemnización según lo que el Código Comercial argentino establece en cuanto a intereses y derecho de las partes en litigio.

Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría 70% de los eventuales beneficios del juicio y Petersen, 30%.

Para YPF, el de Preska es “es un fallo positivo” porque “la jueza reconoce que la compañía no tenía responsabilidad y no es garante del Estado nacional” y que por eso “sus activos están fuera de riesgo”. Por el contrario, el Estado argentino, que controla la petrolera, recibió el peso de máxima indemnización demandada por el fondo buitre británico.

La pista madrileña

En 2015, Burford Capital compró al Grupo Petersen el derecho a litigar en España, donde tramitaba la quiebra de dos empresas creadas por la familia Eskenazi. Esa familia accionista del Banco de Santa Cruz —donde Zannini fue director por la provincia homónima hasta 2019— y de firmas agropecuarias había creado dos firmas fantasma en Madrid como dueñas de la participación de un 25% en YPF.

A través de esas empresas, los Eskenazi pagaban a Repsol su ingreso a YPF, que a su vez era financiado por los propios dividendos de la empresa petrolera. Para que el esquema funcionara, Repsol y los Eskenazi aceleraron el reparto de dividendos, en detrimento de las inversiones y de la producción. Eton Park, por su parte, había comprado 1,63% del capital de YPF en 2010, por unos 250 millones de dólares.

En junio de 2019, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó un pedido de Argentina para ponerle fin a la demanda de los exaccionistas de YPF. A partir del próximo lunes, los representantes del Estado tendrán la oportunidad de apelar o negociar y Burford Capital podrá empezar a aplicar embargos sobre los activos soberanos.

Tras la noticia, las acciones de Burford tuvieron un salto superior al 30% en la bolsa londinense. El derecho a litigar en nombre de Petersen es el principal activo del fondo buitre, que podría recibir en poco tiempo un capital que multiplicaría por cientos de veces su capital inicial.

Los Eskenazi, con derechos sobre el reclamo

En 2008, la familia Eskenazi entró en el accionariado de YPF a instancias de Néstor Kirchner, con el supuesto objetivo de limitar el desmanejo de la española Repsol, que controlaba la petrolera argentina desde fines de la década de los 90.

El primer paso de Petersen y Eskenazi en YPF consistió en el compromiso de pago de 2.235 millones de dólares a cambio de una participación del 15%. Más tarde, el grupo de los Eskenazi amplió su inversión hasta 25% de YPF con otros 1.000 millones de dólares.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en territorio patagónico. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz

Como informó la agencia estadounidense REDD Intelligence, la jueza Preska dio por probado que los empresarios argentinos mantuvieron múltiples reuniones con negociadores de Buford para discutir la estrategia legal. Documentos aportados a la causa demuestran que, en el convenio firmado el 4 de marzo de 2015 mediante el que Burford compró a la filial de los Eskenazi en España el derecho a litigar, por 15,1 millones de dólares, se estableció que el fondo radicado en Londres recibiría el 70% de los eventuales beneficios y Petersen el 30%.

El vendedor de los derechos fue el gestor de la quiebra de los sellos de Petersen en España. Fuentes con acceso a la causa indicaron que habría que dilucidar cuánto del 30% que les toque a los Petersen deberá saldar deudas con otros acreedores.

Las vinculaciones de los Eskenazi con los Kirchner eran estructurales en la provincia de Santa Cruz. El litigio por YPF no impidió que el grupo mantuviera el control del Banco de Santa Cruz, que funciona hasta el día de hoy como casa financiera principal en ese territorio patagónico.

Además de intereses financieros, el Grupo Petersen tiene activos en el sector agrícola y en la obra pública. Es uno de los principales aportantes de la Fundación Mediterránea, que acaba de presentar el programa económico de Patricia Bullrich a cargo de Carlos Melconian. A su vez, el Grupo era señalado dentro del PRO como el principal sustento privado de la fallida candidatura presidencial de Horacio Rodríguez Larreta, con quien Sebastián Eskenazi tendría una relación cercana.