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¿Una tarifa regulada de la luz a precio fijo? Ya existe, es la más cara y Competencia ha pedido eliminarla

Instalaciones eléctricas.

Las eléctricas han redoblado las peticiones al Gobierno para que reforme el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), la tarifa eléctrica semirregulada en la que el coste de la energía está directamente indexado a la cotización del mercado mayorista. Este jueves el pool va a batir el enésimo récord en lo que va año por los máximos en la cotización del gas natural y los derechos de emisión de CO2. Y las grandes del sector eléctrico instan a mirar a Portugal, donde las tarifas se fijan anualmente.

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Este miércoles, la consejera delegada de Iberdrola España, Ángeles Santamaría, insistía durante unas jornadas organizadas por El Economista en reclamar una "reforma urgente" del PVPC: tal y como está diseñado "traslada totalmente el precio del mercado mayorista" al consumidor y este es un tema "fuente de escándalo mediático" que está "en las aperturas de telediarios e informativos".

El "problema" del PVPC es que "está ligado al precio mayorista", insistía por su parte el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que como Santamaría, citaba el "ejemplo" de Portugal: con su mercado mayorista de electricidad integrado con el español, "los clientes portugueses no están preocupados" por los récords del pool porque "tienen una tarifa anual que se formó antes y no les ha afectado" esta escalada.

En el país vecino, que este miércoles se desayunaba con el súbito fallecimiento a los 56 años de Cristina Portugal, la presidenta del regulador energético (ERSE), los récords diarios del pool no están, en efecto, a diario en las portadas de los medios. Allí las tarifas se fijan de forma anual, como recordaba hace unos días el responsable de esta materia y ministro de Ambiente y Acción Climática, João Pedro Matos Fernandes, que aseguraba que los consumidores lusos tienen "muchos colchones" para hacer frente a esta situación de precios mayoristas récord.

Existe desde 2014

La opción de un precio fijo anual, que deben suministrar las comercializadoras de referencia (las mismas que están obligadas a ofrecer el PVPC, básicamente todas las grandes eléctricas), ya existe en España para los consumidores domésticos desde 2014, a través de un Real Decreto de marzo de ese año. Entonces, el ministro de Industria, José Manuel Soria, puso en marcha el PVPC, tras liquidar el anterior sistema de fijación de precios regulados, que se basaba en una subasta trimestral que favorecía la especulación. La idea era obligar a esas comercializadoras a ofertar un precio más estable para el consumidor, a costa de una prima de riesgo a costa del usuario.

Los sucesivos informes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) constatan que esta opción del precio fijo, que daba libertad a las comercializadoras para determinarlo (bastaba con que se fijase con antelación y no cambiase durante un año), apenas se ha utilizado; que es mucho más cara que el PVPC (que, pese a ser más volátil, a la larga es lo menos caro para el consumidor) y todavía más cara que las ofertas a precio fijo del mercado libre.

Tanto es así que la CNMC ha pedido suprimirlo: "Se propone la eliminación de las ofertas a precio fijo de las comercializadoras de referencia, dado que estas se sitúan entre las más caras de todas las ofertas a las que puede optar el pequeño consumidor en el mercado libre", indicaba la CNMC en su último informe al respecto, publicado en enero pasado, en vísperas de la llegada de la borrasca Filomena.

"Esta propuesta resulta más relevante en 2019 dado que el número de consumidores acogidos a esta opción se ha multiplicado por 2,5", añadía la CNMC. A esa fecha (finales de 2019, último ejercicio disponible) había apenas 10.598 consumidores suministrados por comercializadores de referencia a precio fijo, frente a los 4.223 de un año antes, de los que casi 7.500 estaban en el grupo Naturgy. "Un porcentaje de apenas el 0,1%" de los 11 millones de clientes acogidos al PVPC, si bien "resulta relevante que estos consumidores elijan esta opción existiendo otras ofertas más baratas en el mercado", destacaba Competencia.

Ese informe señalaba que el precio del PVPC (que lleva años en retroceso en favor de las ofertas del mercado libre) se redujo en 2019 un 7% con respecto a 2018, "resultando en torno a un 17% inferior al precio medio facturado por el conjunto de las comercializadoras a los consumidores domésticos en mercado libre". Fue, junto al precio final de los consumidores industriales (que se abarató un 1%), el único que bajó. Con ello, el ahorro del PVPC respecto a las ofertas del mercado libre para los domésticos fue el mayor de los últimos años: del 17% en 2019, frente al 10% de 2018 y el 15% de 2017, según los datos de la CNMC.

Como señaló este miércoles el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, en la jornada de El Economista, el PVPC, pese a ser volátil por naturaleza, al estar indexado al precio mayorista, "se ha ido demostrando año tras año como la fórmula más barata con respecto a las mejores ofertas del mercado liberalizado". A diferencia de Iberdrola o Endesa, Acciona no tiene una comercializadora regulada que obligue a ofrecer la tarifa PVPC.

En esas mismas jornadas, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, anunciaba una campaña para que los once millones de clientes en PVPC puedan contratar con esta compañía una tarifa en el mercado libre a partir del día 15 y "que durante los próximos 24 meses paguen dentro de su factura el coste de la energía al mismo nivel del precio del 'pool' que tenían antes de la escalada, es decir 60 euros por MWh", frente a los más de 141 euros de este año. La oferta persigue que los clientes "dejen de tener la preocupación de la evolución del pool cada día" y muestra el "compromiso social" de la compañía, que está "por encima de las coyunturas", según Reynés. Para el conjunto de 2023, dentro de dos años, los futuros de OMIP marcaban este miércoles precios del pool de 62,75 euros, ligeramente por encima de esa oferta que ha presentado Naturgy.

"Hay que ser cautos"

La reforma del PVPC está, junto a la puesta en marcha de unas subastas que obliguen a las grandes eléctricas a ceder parte de su energía o rebajas de impuestos, entre las medidas que se está planteando en el paquete que va a aprobar el Gobierno en las próximas semanas.

En su última comparecencia en el Congreso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, indicó que en su departamento son "sensibles" a una demanda, dijo, "planteada por las asociaciones de consumidores, que es regular de nuevo esa tarifa PVPC reduciendo su dependencia de un mercado volátil, como es el mercado mayorista, e integrando en parte una cesta de indicadores más estables que permitan mantenernos en horquillas de precios mucho más estables, menos volátiles".

"Simplemente será importante recordar, como ocurre con la tarifa libre, que esta mayor seguridad supone que se interiorice parte de la prima de riesgo de reducción de la volatilidad y, por tanto, que hay que ser cautos con respecto a cuáles son los indicadores a los que se indexa y en qué momento se produce esta modificación", advirtió Ribera.

¿Es el diseño del PVPC el responsable de los altos precios de la luz? Un reciente informe del Banco de España señalaba que la traslación de las subidas de la luz en los mercados eléctricos europeos por el alza de los derechos de emisión y el gas ha sido "particularmente elevada" en España, por la particularidad de esta tarifa.

Pero también subrayaba que los sistemas que referencian la tarifa doméstica directamente a la cotización de la energía, como el español y otros como el de Estonia o Suecia, aunque son más volátiles, "permiten que los consumidores interioricen en mayor medida las señales proporcionadas por los precios, adaptando su patrón de consumo en consonancia", ahorran a los usuarios la prima de riesgo que implica un precio fijo y "tienden a dotar al mercado de una mayor transparencia y permitir una gestión más eficiente de la demanda".

El ex ministro socialista y ex presidente de Red Eléctrica Luis Atienza explicaba en una entrevista en El Correo el pasado fin de semana, "la denominada tarifa horaria ha supuesto un encarecimiento en las horas de más consumo. Y parece algo malo, pero es la fórmula de que cambien determinados hábitos de consumo o de que la industria del electrodoméstico incorpore programadores horarios. Si se elimina, dejará de haber un incentivo para avanzar en ese camino". 

El sistema actual se puso en marcha en 2014, tras otro pico de precios que se saldó con una multa de la CNMC a Iberdrola por manipular el mercado eléctrico –la eléctrica acabó imputada en la Audiencia Nacional y el procedimiento sigue abierto casi ocho años después–. El PVPC sustituyó así a las denominadas subastas Cesur. En ellas participaban empresas eléctricas, entidades financieras, brokers y traders, y arrojaron un importante sobrecoste para el consumidor que se cifró en unos 2.000 millones de euros entre 2008 y 2013, por la prima de riesgo que comportaba pagar un precio fijo cada tres meses por la energía que iban a suministrar las comercializadoras de último recurso (CUR).

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