Cómo funciona la ayuda a la vivienda para menores de 35 años que entra hoy en vigor

A partir de hoy, 1 de enero de 2026, entra en vigor el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, una ambiciosa estrategia pública que busca dar respuesta a la grave crisis habitacional en España. Según algunos expertos, en el contexto actual hay estimado un déficit de 700.000 viviendas, datos que reflejan que solo el 15,2% de los jóvenes de entre 15 y 29 años logra independizarse. De ahí que el Gobierno haya diseñado medidas específicas para facilitar el acceso a la propiedad y al alquiler entre los menores de 35 años. Medidas que pueden paliar la situación de la vivienda precisamente a partir de que sonasen anoche las doce campanadas. Para financiar estas iniciativas, el Ejecutivo ha previsto un presupuesto total de 7.000 millones de euros, cuya carga será compartida en un 60% por el Estado y un 40% por las comunidades autónomas. 

El soporte legal de este plan se asienta sobre la Ley 12/2023, que prevé diversas ayudas destinadas tanto a la compra como al alquiler. El acceso a estos beneficios estará sujeto a una serie de requisitos, siendo el más destacado el límite de edad de 35 años. Además, los solicitantes deberán poseer un pasaporte comunitario o residencia legal en España y no superar unos ingresos equivalentes a 5,5 veces el IPREM, que en el ya pasado 2025 se situó en 600 euros mensuales. Asimismo, el programa está diseñado lógicamente para jóvenes que no posean ninguna vivienda en propiedad y que tengan ingresos estables pero carezcan de los ahorros suficientes para una entrada hipotecaria.

Una de las medidas estrella es la ayuda de hasta 30.000 euros para jóvenes que opten por el modelo de alquiler con opción a compra en viviendas protegidas. Esta subvención tiene un funcionamiento particular, ya que el importe no se entrega directamente al joven, sino que lo percibe el propietario de la vivienda como compensación por las rentas durante el periodo de alquiler. De esta manera, el dinero aportado por el Estado actúa como una inversión inicial que se descuenta del precio final del inmueble al ejecutar la compra. Bajo este esquema, los beneficiarios podrán residir en la vivienda como arrendatarios durante un plazo máximo de tres años, tiempo durante el cual las cuotas mensuales abonadas también computarán como un pago adelantado de la futura adquisición. 

El objetivo central es reducir drásticamente el esfuerzo financiero que supone la entrada de una hipoteca, transformando el gasto del alquiler en una inversión a medio plazo para facilitar que los trabajadores jóvenes desarrollen su proyecto de vida. Desde el Gobierno se ha insistido en subrayar que esta ayuda se limita exclusivamente a las viviendas protegidas (VPO) de carácter permanente y con precio tasado por la administración. Esto implica que el futuro propietario solo podrá vender el inmueble bajo dos condiciones específicas: que el precio de venta sea limitado por el Gobierno y que el nuevo comprador sea una persona física que también necesite una vivienda bajo este régimen de protección. De hecho se trata de viviendas que están diseñadas para permanecer bajo el paraguas público a largo plazo.

Otras ayudas

El plan de la vivienda también contempla la realidad de la España rural mediante una ayuda de 10.800 euros destinada al alquiler con opción a compra en municipios de menos de 10.000 habitantes en riesgo de despoblación. Con esta medida se pretende incentivar que la población joven se asiente en áreas donde el reto principal no es encontrar empleo, sino establecer una residencia estable. En estos casos, las viviendas vinculadas a la ayuda deberán mantenerse destinadas al alquiler durante un plazo mínimo de cincuenta años. En cuanto al mercado de alquiler de modo general, el plan refuerza el Bono Alquiler Joven, elevando la cuantía mensual de los 250 euros actuales a los 300 euros para viviendas completas. En el caso de quienes opten por el alquiler de habitaciones, la ayuda máxima será de 200 euros mensuales. En ambos supuestos, el beneficio tendrá un límite del 60% de la renta total y el solicitante deberá estar al corriente de todas sus obligaciones tributarias y con la administración pública.

Para fomentar que los propietarios pongan sus inmuebles en el mercado de alquiler, se ha creado también un seguro de impago público. Esta herramienta cubrirá no solo las mensualidades que el inquilino deje de pagar, sino también los suministros de agua, luz y gas, además de posibles daños causados en la propiedad. La administración se compromete a abonar estas cantidades en un plazo máximo de tres meses tras la denuncia y solicitud de cobertura por parte del dueño. A pesar de la ambición del plan, hay expertos que advierten sobre la escasez de oferta de este tipo de inmuebles protegidos bajo el régimen de alquiler con opción a compra. 

Y es que los datos del sector indican que entre 2018 y 2025 solo se construyeron unas 632 viviendas de este tipo en toda España, una cifra escasa comparada con la demanda potencial de miles de jóvenes. Por ello, la efectividad real de la ayuda de 30.000 euros dependerá en gran medida de un aumento significativo en la construcción de vivienda protegida. La barrera de entrada al mercado inmobiliario sigue siendo preocupante, con precios de la vivienda usada alcanzando máximos históricos de 2.605 euros por metro cuadrado a finales de 2025. El encarecimiento sostenido de los precios y la dificultad para ahorrar hacen que la edad media de emancipación en España supere los 30 años, cuatro años por encima de la media europea. El Gobierno confía en que este nuevo enfoque facilite un acceso progresivo a la propiedad, reduciendo la dependencia crónica del alquiler tradicional.

En definitiva, a raíz de la entrada del Año Nuevo el nuevo Plan de Vivienda se perfila como una herramienta clave para combatir los problemas estructurales del mercado inmobiliario juvenil. Los aspirantes a recibir las ayudas deberán leer los procedimientos de solicitud para lograr vivir de alquiler y terminar siendo propietario, una ambiciosa realidad para la próxima generación de ciudadanos. El funcionamiento de este sistema es similar al de una hucha compartida: mientras el joven vive de alquiler, el Estado va depositando una parte importante del precio final en nombre del inquilino de modo que, al llegar al momento de la compra, el “salto” financiero necesario para cruzar el umbral de la propiedad sea, sencillamente, posible.