Un juez con sentido común

Juan Carlos Escudier

Ha tenido que venir un magistrado de la Audiencia Nacional a hacer glosa de lo obvio, y establecer que la negociación de un Gobierno con una organización terrorista y las acciones colaterales que rodean dicho proceso –léase el chivatazo del bar Faisán- no pueden constituir un delito de colaboración con banda armada por la sencilla razón de que el fin último de la negociación es, precisamente, terminar con la violencia y con la banda en sí. ¿Acaso puede colaborar con el terrorismo quien busca acabar con él? El razonamiento del magistrado José Ricardo de Prada tiene algo de lo que adolecen algunos de nuestros más afamados jurisconsultos y líderes de opinión: enormes cantidades de sentido común.

En su voto discrepante, Prada utiliza ejemplos demoledores. ¿Colabora con ETA el infiltrado que participa en la comisión de algunos delitos para evitar otros mayores? ¿Colaboró el Gobierno de Felipe González al trasladar a Santo Domingo a quienes en nombre de ETA participaron en las fracasadas conversaciones de Argel? Podría añadirse uno más: ¿Colaboró con ETA el Gobierno de Aznar al reunirse con sus cabecillas en Suiza en vez de dar aviso a la Interpol para que se procediera a su detención inmediata estando como estaba al tanto de su paradero?

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