A medida que se acerca el 25 de septiembre, se hace necesaria una mirada hacia atrás para repasar lo que ha sido la actuación del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, durante esta legislatura a punto de finalizar. Uno, que tiene alma docente, debe hacer esfuerzos para no calificar inmediatamente con un dígito rojo el trabajo de la Consejería dirigida por Cristina Uriarte en este tiempo. Si se reprime es porque con tanto cambio normativo producido desde 2012 le asalta la duda de si lo haría correctamente. Quizás los vaivenes burocráticos –LOMCE, con sus Reales Decretos, HEZIBERRI 2020, con los autonómicos propios-; quizás los retrasos en sus publicaciones (el Departamento ha iniciado los dos últimos cursos con instrucciones a los centros docentes y no con la normativa exigible en vigor); quizás ambos hayan introducido tantos cambios que ahora se haya de calificar con sello digital y el “conforme” correspondiente de equipo directivo, previa consulta a la inspección, a su vez autorizada por el Berritzegune zonal. En este nivel de confusión está la comunidad educativa vasca a día de hoy.
Mis cercanos, optimistas irredentos, me insisten en que controle tal queja, dado que el panorama político español puede aún empeorar; que la unión asimétrica de las opciones estatales con las incipientes coaliciones vecinales más los movimientos locales soberanistas podrían paralizar/reducir/aplacar/sustituir el calendario de implantación de la ley educativa –que sólo desea el PP, Ciudadanos, depende de con quién se coaligue- y, por tanto, que la normativa de transporte escolar, o las modificaciones de los menús que comen nuestros escolares –tal es lo que resta de aplicación completa de la ley educativa- quedarían en un limbo normativo de difícil aplicación. Hay que andar con tiento, parece.
Sea como fuere, lo cierto es que hay pocas oportunidades para la sonrisa tras una legislatura triste, errática y titubeante, por parte de los hombres y mujeres que han gestionado la educación vasca y que ahora están en el análisis ciudadano. Porque cuesta encontrar colectivos mínimamente satisfechos con el trabajo cuatrienal realizado hasta ahora. No lo está el alumnado, desvelo prioritario de la Consejera en todas sus manifestaciones públicas, que está sufriendo como nadie los vaivenes políticos y que desconoce nuevamente qué pasará este curso recién iniciado con las reválidas de 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato. Se supone que titulará si los resultados académicos así lo indican, pero ello no disminuye la angustia que genera la incertidumbre. Mientras llega mayo, sus preocupaciones, que también son las de su profesorado, se centrarán en conocer las novedades que los nuevos currículos imponen, ahora también en opción dual (tableta-libro de texto, LOMCE-Heziberri).
No está tampoco satisfecho el/la docente de la Enseñanza Pública, quien al enfado por el mantenimiento de los recortes sociolaborales con label vasco (toda la legislatura sin recuperación de la aportación institucional a Itzarri, con el 50%, aún, retenido de la paga extraordinaria de diciembre de 2013, o de las reducciones lectivas del personal próximo a la jubilación, por citar algunas) se une la desazón por los cambios continuos de normativa que sumen a la mayoría en un estado preocupante de pasotismo bienintencionado.
También se muestra insatisfecho el/la profesional educativo de la Escuela concertada. A las inseguridades por la normativa actual y el enfado por su pelea sin fin con las patronales, se suma la actitud “guadianera” del Departamento: sólo aparece como institución cuando cumple con su obligada función de pagador de las nóminas del personal. Sin embargo, está desaparecido cuando desde la bancada sindical se le exige actuar como justo controlador de las partidas finalistas que reciben en subvención las patronales privadas. Si la financiación estructural que reciben Kristau Eskola, EICE, Hettel o Ikastolen Elkartea está debidamente controlada por la Administración educativa es uno de los secretos mejor guardados, a salvo de investigadores contrastados, tipo Harry Potter, Laura Fletcher o el propio Holmes.
La insatisfacción también se encuentra en nuestra Universidad Pública Vasca. Ni tan siquiera aquí se salva la Consejería de su escaso protagonismo institucional, dado el carácter estatal de la mayoría de la normativa y de la propia autonomía universitaria. Es cierto que los tres reales decretos universitarios de Rajoy, que han promovido el crecimiento de las universidades privadas (reducción de la duración de los grados, nuevo acceso a los cuerpos docentes y modificación de condiciones de creación de nuevos centros universitarios) dejaban pocas posibilidades para estrategias autonómicas. Ahora bien, allí donde el papel de Lakua podía brillar más, tampoco se ha conseguido: ni en el proceso de reestructuración de centros de la UPV, promovido desde el Rectorado, pero con el visto bueno del Partido-Guía, ni en la aportación presupuestaria de la Consejería en estos cuatro años (aún en niveles inferiores a los de 2013) han servido para cambiar el gesto de rechazo de la mayoría universitaria pública de nuestra Comunidad.
Y qué decir de la insatisfacción de las familias, atónitas sufridoras de la gestión de este Departamento. La valentía demostrada por la Consejería al enfrentarse al Ministerio de Educación y paralizar los recortes de participación democrática asignada a las AMPAs en los Consejos escolares no ha tenido continuidad. Más bien al contrario, la Consejería les enseñó un camino de resistencia en el que no ha persisitido. De hecho, siguen sufriendo los enfados de sus hijas/os y el del profesorado por las causas arriba expuestas. Así, ven con desagrado que ni LOMCE ni Heziberri 2020 solucionan sus sempiternas preocupaciones: programas de innovación eficaces (¿acabará algún día este mercado de proyectos bienintencionados y escasamente testados que ofrece la Administración a unos centros perplejos por la oferta y ofendidos por los escasos recursos humanos prestados para su desarrollo), atención individualizada (en unas aulas que continúan aumentando su alumnado), mejora del transporte, menús escolares saludables,…
En fin, que visto lo señalado hasta aquí y el grado de insatisfacción predominante en la mayoría de la comunidad educativa vasca, me puede el talante evaluador y me lanzo a la piscina: Insuficiente para la gestión del Departamento de Educación saliente, eso sí, sin obligarle a la repetición de curso.
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