Denuncian que la venta de viviendas protegidas en Errenteria deja en la calle a 40 familias alquiladas

Zigor es uno de los vecinos del paseo de Arramendi de Errenteria que teme perder su casa en los próximos meses. Hasta ahora ha vivido en régimen de alquiler en una vivienda protegida a la que accedió hace 15 años por sorteo público mediante el Servicio Vasco de Vivienda (Etxebide). Sin embargo, hace unas semanas recibió un burofax de la empresa en el que se le comunicaba que no se le prorrogará más el contrato de alquiler, por lo que tendrá que abandonar su casa y entregar las llaves. “En estas viviendas vivimos todo tipo de personas, entre ellas hay personas con discapacidad, familias con hijos, personas migrantes y jubiladas mayores de 70 años. La mayoría somos familias vulnerables. En mi caso, tengo una discapacidad que hace que tenga movilidad reducida. En estos 15 años que vivo aquí he tenido seis operaciones de cadera y me he movido tres años en silla de ruedas. Estas casas tienen medidas preparadas para ello, algo que ha facilitado mi recuperación y, en general, mi vida. Sería fatídico que nos desahuciaran puesto que no tengo a donde ir, al igual que muchas de las familias que conviven en Arramendi”, explica Zigor a este periódico.

En su caso, pudo acceder hace 15 años a la vivienda tras inscribirse en Etxebide y solicitar la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). A día de hoy, compagina la ayuda económica con un trabajo de tres horas diarias. “Se nos concedió el alquiler porque no teníamos dinero para pagar una casa. Con lo que gano me da para pagar justo el alquiler y la luz, y me está ayudando también la Ayuda de Emergencia Social que recibo. Han pasado 15 años y seguimos con los mismos ingresos y algunas familias están en peor situación económica que antes por culpa de la pandemia”, confiesa.

En total son 13 las familias que por ahora -el edificio cuenta con 40 inquilinos- han recibido un burofax para que desalojen las viviendas una vez terminado el contrato de alquiler que tenían con la empresa propietaria, Jauregizar SL, el próximo 16 de abril. Cada propietario tiene una fecha distinta de entrada a la vivienda -hay quien lleva más de 15 años, como Zigor- y también para abandonarla, entre mayo y septiembre. “La media del alquiler de un piso en Errentería está entre 800 y 900 euros. Estamos hablando de familias de bajos recursos que en su momento, cuando accedieron a estas viviendas de alquiler, no disponían de dinero suficiente para comprar una casa ni para conseguir un préstamo. Su situación ahora sigue igual o peor que cuando entraron a estas casas”, explica a este periódico Rosa García, representante de Stop Desahucios, plataforma que ha convocado una protesta este jueves en Donostia para denunciar la situación.

Un burofax para advertir que “no van a abandonar sus viviendas”

Desde Stop Desahucios instan a la empresa a “acogerse a la Orden 6319 de 7 de diciembre de 2021 dictada por la Consejería de Vivienda”, por la que las empresas propietarias de las VPO en régimen de alquiler pueden continuar con los alquileres asequibles, recibiendo a cambio ayudas y subvenciones. Para mostrar su descontento, la plataforma y un grupo de vecinos han enviado un burofax a Jauregizar comunicando que “los afectados no van a desalojar las viviendas”, que van a “seguir pagando la renta actual protegida” y que esperan que “el arrendador no utilice la vía judicial de instar demandas de desahucio por finalización de contrato”.

“Le hemos dado esa opción a la empresa, pero tememos que no admita esa posibilidad porque su intención es vender las viviendas. Por mucho que les de preferencia a los inquilinos para comprarlas, los precios son demasiado altos para que puedan hacerlo”, ha lamentado García, quien ha destacado el apoyo de la corporación municipal tras la aprobación en el pleno del 29 de marzo de la moción por la que el Ayuntamiento de Errenteria se comprometió a defender a los vecinos y mediar entre la empresa y el Gobierno vasco hasta lograr una solución.  

La empresa insta al Gobierno vasco a que las compre

Este diario se ha puesto en contacto con la empresa Jaureguizar, que no ha querido realizar declaraciones al respecto, más allá de un comunicado publicado este miércoles en el que informan que debido a la finalización del convenio de colaboración que tenían con el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco para la promoción y gestión de las VPO, que comenzó en 2002, está “analizando la viabilidad de diferentes alternativas, siempre con el compromiso de encontrar una solución que satisfaga los intereses de los vecinos”. Por ello, ha instado al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Errenteria a que compren las viviendas “con el propósito de dar continuidad al alquiler protegido bajo su iniciativa, coadyuvando así al incremento del parque de viviendas de titularidad pública dedicadas al arrendamiento social”.

En el caso de que las instituciones se nieguen a hacerlo, han asegurado que se ofrecerá la compra a los inquilinos “con carácter preferente” y “estudiando cada caso en particular” debido a que las viviendas “mantienen la calificación permanente de vivienda protegida, conforme a las condiciones fijadas en la normativa vigente”. Decisión que no ha gustado a la plataforma Stop Desahucios ni a los propios vecinos, puesto que no se les ha transmitido a ellos -según denuncian se han enterado por la prensa- y porque no disponen de los recursos suficientes para realizar la compra. “Son personas que no pueden adquirir una vivienda. Hay personas mayores, que no pueden acceder a un préstamo, incluso personas de más de 50 lo van a tener complicado. Se van a ir a la calle”, critica la representante de la plataforma Stop Desahucios.

Desde la plataforma continuarán con las movilizaciones con el objetivo de que la empresa decida echarse atrás en la venta de las viviendas. También valoran la posibilidad de dirigirse al Gobierno vasco para que opte por comprar las viviendas y mantenga en ellas el régimen de VPO y los alquileres sociales. Una solución que esperan que sea cuanto antes, puesto que, según lamenta Zigor, “hace meses que hay vecinos que están siendo medicados por ansiedad, porque la angustia y el malestar que origina el no saber qué va a ser de nosotros, está generando mucho nerviosismo entre los inquilinos”.