Euskadi quiere duplicar los pisos en alquiler asequible de cara a 2036

Euskadi se marca como meta (casi) duplicar el numero de viviendas de alquiler asequible de cara a 2036, lo que supone contar con un parque de hasta 50.000 viviendas de estas carácterísticas frente a las 26.000 con las que cuenta en la actualidad. Incrementar la oferta pública de alquiler es uno de los objetivos fijados en el Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, que este miércoles han suscrito un total de 88 organizaciones con el Gobierno vasco y que pretende también conseguir que el 12% de las viviendas principales sean de protección pública permanente. Además, promoverá que se rehabiliten una de cada tres casas construidas antes de que concluya 2036.

El acuerdo, impulsado por el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco, se ha firmado en Bilbao con la presencia del consejero Iñaki Arriola, la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, el presidente de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, y representantes de las diferentes asociaciones que lo suscriben. Un grupo heterogéneo en el que figuran desde entidades financieras, a asociaciones empresariales, constructores, estudios de arquitectura o agrupaciones sociales de apoyo a las familias o grupos desfavorecidos. “Se trata de un gran pacto de país para conseguir una gestión más eficaz en materia de vivienda”, ha señalado el consejero Arriola. En definitiva, lo que se pretende con el pacto es que los diferentes agentes que actúan de una u otra forma con la ciudadanía en el ámbito de la vivienda “trabajen de manera alineada, compartida y colaborativa, con una perspectiva a medio y largo plazo” y actuar en diferentes instancias como con el sector de la construcción, el sinhogarismo, la atención a las familias numerosas, entre otros, de una manera coordinada. “Se trata de un grupo muy heterogéneo que ha sabido encontrar puntos de encuentro para lograr un gran pacto de país para conseguir una gestión más eficaz en materia de vivienda”, ha valorado el consejero del PSE-EE, que ha enumerado aspectos a afrontar como la pobreza energética, la carencia de oferta suficiente de hogares en alquiler o la adaptación del parque a los nuevos modelos de unidades convivenciales y estilos de vida.

El acuerdo fija cuatro metas cuantitativas hasta 2036 y seis líneas de actuación prioritarias. En concreto, se espera que el 5% de la viviendas principales de Euskadi se destinen a la oferta pública de alquiler asequible para 2036, lo que supondrá llegar hasta las 50.000 viviendas frente a las aproximadamente 26.000 actuales. También contempla que el parque de viviendas de protección pública permanente ascienda al 12% de las viviendas principales. Esta meta supone que el parque de viviendas sujetas a protección pública se sitúe en 2036 en torno a las 116.000 viviendas, incrementándose en 42.000 viviendas adicionales en los próximos 15 años. Además, se quiere pasar del actual índice anual de rehabilitación del 1,5% del total de edificios al 3% anual, lo que supone rehabilitar a lo largo de estos 15 años un total de 350.000 viviendas, una de cada tres construidas, aproximadamente. El acuerdo suscrito también contempla la necesidad de que haya un parque de vivienda libre, tanto de obra nueva como hogares rehabilitados, para colectivos con recursos económicos suficientes.

Para lograr estas metas, se han establecido una serie de líneas de actuación prioritarias, con unas directrices, entre ellas, una mayor inversión en vivienda apoyada sobre una fiscalidad incentivadora, lo que supone elevar de forma progresiva el gasto público en vivienda hasta que se sitúe en el entorno del 1,5% el PIB y que la inversión privada en rehabilitación se sitúe en el entorno del 5% del PIB, en línea con los países europeos “más avanzados”. Por otra parte, se apuesta por seguir profundizando en la dimensión social de la política de vivienda, a través una mayor integración de la política de vivienda con el resto de políticas sociales. También se plantea generalizar la inclusión de la vivienda en la agenda estratégica municipal poniendo en marcha una línea de apoyo a la elaboración de planes locales de vivienda. También se defiende conformar un sector de la construcción “atractivo, competitivo e innovador” apoyando la captación y el desarrollo del talento. Además, habrá una apuesta por la inteligencia de datos y la evaluación avanzada y por la implicación y colaboración público-privada-social.

Durante su intervención el consejero Arriola ha reconocido que el camino que se emprende es “complejo” porque las proyecciones a 2036 dibujan “un escenario con crecimientos demográficos muy limitados, incluso negativos, y un envejecimiento progresivo de la población”. Esto significa que “a la larga se necesitarán más viviendas, aunque con tipologías diferentes”.

Ha recordado además que el “caballo de batalla de Euskadi” es la escasez de la oferta de alquiler, que representa tan solo el 13% del parque de viviendas, cinco puntos por debajo de la media estatal, y ha señalado que se trata de un mercado “estrecho” que “tensiona” las áreas con mayor demanda, como las metropolitanas de las capitales vascas y los municipios turísticos. De hecho, en las capitales vascas es difícil encontrar alquileres por debajo de 800 euros, sobre todo en Donostia. El consejero se vio envuelto precisamente en una polémica por asegurar que “si se busca, se encuentran alquileres por debajo de esa cantidad”.

El consejero ha subrayado que la demanda de alquiler protegido se ha multiplicado por 2,5 desde 2009, y es una demanda “muy vinculada al desajuste entre la renta disponible y el precio de la vivienda en alquiler en el mercado libre”. En la actualidad, ocho de cada diez solicitudes de alquiler protegido corresponden actualmente a personas y hogares que residen en viviendas en alquiler libre.

Arriola ha destacado que Euskadi es “referente en materia de políticas de vivienda, con una ley autonómica y medidas concretas como las de apoyo a personas jóvenes que sirven de inspiración a nivel estatal”. En este sentido ha destacado que en Euskadi se ha duplicado el parque de vivienda protegida en alquiler, hasta disponer de alrededor de 26.000 viviendas, un “número muy importante pero claramente insuficiente”; cerca de 35.000 hogares reciben algún tipo ayuda o prestación para el pago del alquiler libre, mientras que el reconocimiento del derecho subjetivo de la Vivienda alcanza ya los 7.000 hogares.

“El pacto social de 2010 fue inédito, pionero, y puso en el centro de las políticas de vivienda a la ciudadanía vasca y la colaboración entre diferentes”, ha señalado Arriola. “Hoy volvemos a rubricar el compromiso, con más adhesiones todavía que el acuerdo anterior y con el mismo fin de facilitar el acceso de todas las personas a una vivienda digna y adecuada, pero en circunstancias diferentes: con una ley de Vivienda que supuso un hito al incluir el acceso a la vivienda como un derecho de rango similar a la sanidad, la educación o la atención a la dependencia, un reconocimiento en el que Euskadi fue pionera”.