El 'caso de Miguel' revienta la campaña electoral del PNV

Andoni Ortuzar, con traje gris, junto a los tres candidatos a las alcaldías de las capitales vascas.

La precampaña electoral para las elecciones municipales y forales iba como la seda en el cuartel general del PNV. Los peneuvistas son expertos en engrasar de antemano y con orden el partido para las contiendas electorales y en elegir a sus candidatos, incluso en plazas complicadas, sin grandes problemas internos. Pero hace unas semanas se filtró en la prensa vasca la posibilidad de que el juez del 'caso de Miguel', Roberto Ramos, una trama organizada de cobro de comisiones ilegales que afecta a una veintena de personas relacionadas con el PNV, cerrara ya la instrucción de un caso cuyo auto conocido este martes se esperaba para diciembre, según fuentes jurídicas consultadas por eldiarionorte.es. Desde entonces, el PNV sabia que era cuestión de poco tiempo que el caso saltara de nuevo a los titulares con la misma contundencia que aquel 17 de marzo de 2010, cuando la Ertzaintza detuvo a Alfredo de Miguel.

El juez sentará en el banquillo a 26 imputados por el 'caso De Miguel', 20 de ellos ligados al PNV

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Y este martes, el líder del PNV, Andoni Ortuzar, había presentado a las 9 de la mañana a los tres candidatos de su partido para las alcaldías de las tres capitales vascas -Juan Mari Aburto en Bilbao, Eneko Goya en San Sebastián y Gorka Urtaran en Vitoria- en un desayuno informativo. Todo iba como la seda y los tres candidatos aprobaron con nota las preguntas en el citado foro. Los candidatos, junto al líder del partido y sus asesores, marcharon del hotel para una sesión de fotos. Al filo de las 11, el Gobierno vasco remitía una encuesta electoral que evidencia la fortaleza del PNV no solo en su feudo tradicional, Bizkaia, sino también en Donostia, donde volvería a recuperar la 'makila' de alcalde y en Álava, donde sería la fuerza más votada por delante de EH Bildu y del PP. El sol, que ha vuelto hace menos de una semana al País Vasco, parecía brillar con fuerza también para Ortuzar y los suyos.

Hasta que a las redacciones de todos los medios de comunicación llegó, también al filo de las 11 de la mañana, el auto del juez Roberto Ramos, una auténtica bomba de racimo. Y comenzaron los primeros nubarrones para Ortuzar.

A partir de ahí, las maquinarias del PNV y del Gobierno vasco trabajaron contrareloj para intentar poner un cordón sanitario entre el 'caso de Miguel', en alusión a Alfredo de Miguel, 'Txitxo', como se conoce al que fuera número dos del partido en Álava, y la actual situación política. Un caso que para desesperación del PNV lleva cinco años dando titulares en los que las siglas del PNV o de personas relacionadas con el partido se unían sin pudor a conceptos como el de cobro de comisiones, tráfico de influencias, contratos públicos amañados, blanqueo de capitales...

"Impulso político"

Cuando se produjeron las primeras detenciones el 17 de marzo 2010, el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, era el líder del partido. Y no fue un trago interno fácil para él. Al evidente chapapote en el que el caso iba sumergiendo sin solución de continuidad a personas relacionadas con el partido en Álava y más tarde en Bizkaia, se unieron las dificultades internas que tuvo que vencer el todopoderoso líder peneuvista para lograr, seis meses después de que habérselo exigido, que los principales sospechosos de dirigir la supuesta trama corrupta entregaran su carnés de afiliados, entre ellos el propio De Miguel, entonces diputado foral de Álava de Administración Local, y Koldo Otxandiano, además del exedil Aitor Telleria, procesado entonces por un presunto caso de espionaje político del que saldría absuelto en marzo de 2013 por la Audiencia de Álava.

Solo después de que Joseba Egibar, líder de la facción más soberanista en el PNV y máximo dirigente en Gipuzkoa, se reuniera con ellos, al día siguiente los tres accedieron a entregar el carné, en lo que todo el mundo interpretó como un golpe de autoridad interno que de paso dejaba en mal lugar a Urkullu, un presidente del partido que no había podido en seis meses lograr lo que Egibar consiguió de un día para otro tras una reunión. De nuevo, el PNV estaba a las puertas de un proceso electoral, entonces a cuatro meses de los comicios municipales y forales de 2011. Y la situación interna, con las imputaciones y las revelaciones que se iban conociendo de este caso de corrupción, ya era insostenible. Esa actitud entonces fue descrita por el PNV este martes en una nota de prensa, como una actuación de "celeridad, transparencia y determinación" desde el "preciso instante en que se conoció esta investigación". "Ya en aquel momento, las personas del PNV vinculadas a este caso abandonaron todas las responsabilidades que ostentaban, ya fuera públicas o internas, e hicieron entrega de forma voluntaria de su carné de afiliación".

En esa nota de prensa que difundió el PNV por la tarde, a las 16:30 exactamente, tras valorar la situación creada, el partido de Ortuzar esgrimía el "respeto a la presunción de inocencia", algo que tiene todo el mundo en un país democrático y con separación de poderes. Pero a partir de ahí, el partido se ponía a la defensiva: "con la misma contundencia el PNV exige la no politización de un caso cuyo origen no se localiza en la actividad de un colectivo" [el PNV, aunque no cita las siglas], "sino en el supuesto comportamiento de particulares". El PNV no ocultaba su "sorpresa y preocupación" porque las "novedades procesales que atañen a esta caso vuelvan a coincidir en el tiempo con un periodo de intensa en inmediata actividad electoral".

Y finalizaba la nota con "la duda y el recelo de que, más allá de la búsqueda de la verdad, en el trasfondo de este asunto pudiera ocultarse un interesado impulso político".

Es muy pronto para saber cómo va a afectar al PNV la irrupción del 'caso de Miguel' en la próxima contienda electoral en Euskadi. Pero no hay ninguna duda de que todos sus adversarios políticos van a recurrir a esa trama corrupta para ligar las siglas de un partido y de un Gobierno abanderado ahora en la lucha contra la corrupción y a favor de la máxima transparencia.

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