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Una cuenta de resultados marcada por la ética

Natalia González de Uriarte

Acaba el año y es tiempo de balances. Las empresas repasan el año, el debe y el haber, las ganancias y las pérdidas. La economía solidaria revisa sus cuentas pero además del beneficio monetario evalúan con el mismo tesón el beneficio social de su actividad. Se someten cada ejercicio desde el 2007 a una  auditoría social que mide indicadores de otra índole para examinar el nivel de compromiso ético y social de sus sociedades. Toman el pulso al alma de sus organizaciones. Se fijan en la transparencia, la igualdad salarial, la democracia interna, el porcentaje de empleo femenino o el respeto al medioambiente.

En esta auditoría social del 2014 - que mide datos del 2013- está promovida por REAS Euskadi, una red creada en 1997 que agrupa a más de 50 empresas y entidades sociales que promueven una economía al servicio de las personas y su entorno.

En el balance han participado doce entidades más que el año anterior, un 20% más. Un total de 70 empresas y entidades sociales, frente a las 58 del pasado año. “No todas las entidades que participan en el proceso de Auditoría Social son miembros de REAS Euskadi. Aunque el 87% lo sean, hay un 13%, 9 entidades, que no forman parte de la red, pero que están interesadas en llevar a cabo el proceso”, destacan en su análisis sus impulsores. El interés de las compañías aumenta de año en año pese a que el ejercicio supone un desnudo integral de la organización frente al resto de las participantes. Sale a la luz el grado de cumplimiento de cada una de ellas en materia de democracia interna, transparencia o respeto al medio ambiente, algunos de los valores que promulgan. Pero no se trata de enjuiciar sino de dar a conocer a estas compañías en qué aspectos cumple con los principios de la economía solidaria y en cuáles debería mejorar.

Los resultados obtenidos reflejan que una buena salud de la economía solidaria en Euskadi. En algunos aspectos aprueban con nota, por ejemplo en la igualdad de oportunidades.

Casi el 40% de los órganos de gobierno ocupados por mujeres

Aunque la economía solidaria ha empleado históricamente fundamentalmente a mujeres, los datos recogidos en los dos últimos ejercicios, nos muestran un descenso de más de cuatro puntos porcentuales respecto a años anteriores. Existe además una alta correlación con la proporción de trabajos con responsabilidad ocupados por mujeres, porcentaje que se ha movido siempre entre el 48% y el 52%, aunque, este último ejercicio, ha sido el año que más se han acercado ambos indicadores, habiendo únicamente una brecha de dos puntos porcentuales.

De media, en 2013, el 39% de los puestos en los órganos de gobierno de las entidades (patronatos, consejos rectores, juntas directivas,...) estaban ocupados por mujeres mientras que el 67,3% de las empresas del País Vasco no tienen ninguna mujer en su Consejo de Administración.

 “Como punto positivo, debemos destacar que 12 entidades (17,14%) tienen más del 80% del órgano de gobierno compuesto por mujeres, de las cuales 11 tienen el 100%”.

Dos de cada cinco entidades hacen públicos sus salarios

Uno de los indicadores utilizados para medir la transparencia en las entidades, ha sido el de la publicación de los salarios. Así, en 2 de cada 5 entidades, el 41%, son públicos los salarios y otras remuneraciones dentro de la entidad, mientras que en 3 de cada 5,el 59%, esos datos no se hacen públicos.

Respecto a la participación, hay un 29% de personas que participan en la elaboración de la planificación estratégica y presupuesto, y un 31% que participan en su aprobación.

Las medidas de conciliación en las entidades evaluadas han experimentado una evolución positiva. “En 2013 se ha logrado superar el dato del 80% de 2008, llegando a un 86%. Entendemos las medidas de conciliación como medidas de apoyo para conciliar el trabajo con responsabilidades de cuidados a otras personas, con autocuidados y/o con compromisos activistas”, aclaran desde REAS.

Formación a la práctica totalidad de los trabajadores

Por último, destacar que el 95% de las entidades consultadas, aplican medidas para fomentar la formación de las personas trabajadoras.

Con respecto al principio de sostenibilidad ambiental, los datos nos dicen que el 50% de las entidades consultadas disponen de alguna política, plan de acción o sistema de gestión medioambiental, mientras que el otro 50% siguen aún sin desarrollar estos procesos, lo cual no significa que no lleven a cabo medidas de reciclaje, ahorro energético, reutilización,...pero no las tienen recogidas formalmente en políticas o planes medioambientales.

 Entre los datos a destacar están los 1.938 puestos a jornada completa, de los cuales 1.282 están ocupados por mujeres (63%), las 3.167 personas voluntarias, los 98 millones de euros de ingresos totales de la economía solidaria, de los cuales 53 millones son generados por la actividad productiva, o el millón de euros facturados a entidades del Mercado Social.

 

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