La Cumbre Social Vasca cree que la Ley de Seguridad Ciudadana es “represiva” e inoportuna“ y generará ”conflicto“

Representantes de la Cumbre Social Vasca se han concentrado este viernes en Bilbao frente al TSJPV para denunciar que el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana del Gobierno central es “innecesario, represivo e inoportuno” y han advertido de que “ahogar” protestas con leyes como la anunciada “sólo conducirá a la represión y a generar un conflicto hasta ahora inexistente”.

Esta reflexión ha sido realizada en el transcurso de la concentración que han desarrollado en Bilbao y que ha contado con la presencia, entre otros, del magistrado Edmundo Rodríguez Achútegui, Paulina Romero, representante de Abogadas Progresistas, y los secretarios generales de CC.OO. y UGT Euskadi, Unai Sordo, y Rául Arza, respectivamente.

Los asistentes portaban carteles en los que se podía leer “No nos callarán”, “Defender nuestros derechos no es delito”, “No a la Ley Mordaza” o “Más democracia, menos Estado policial”.

En el transcurso de la protesta, Edmundo Rodríguez Achútegui y Paulina Romero, han dado lectura a un comunicado en el que la Cumbre Social expresa su rechazo a la iniciativa del Gobierno central por “innecesaria, represiva e inoportuna”

En concreto, creen que no existe un problema de orden público que justifique las “elevadas” sanciones de carácter económico que se establecen y que son “inasumibles” para una economía media.

“RETROCESO PARA LA DEMOCRACIA”

“Salvo que se entienda que las manifestaciones y concentraciones pacíficas de los ciudadanos contra los recortes sociales y la limitación de derechos, constituyan un problema de orden público, lo que es inaceptable porque, al contrario, lo que revelan es un elevado espíritu y compromiso cívico y una voluntad de resistencia frente a los atropellos. Protestar no es delito, manifestarse es un derecho, y limitar esa libertad supone un retroceso para la democracia”, han añadido.

La Cumbre Social ha indicado también que en los actuales tiempos de crisis en los que una parte de la sociedad está padeciendo “serios problemas de exclusión social” y se sufren “inaceptables recortes” surgen las protestas, que “siempre se han realizado de modo pacífico”. “Ahogar estas protestas con leyes como la anunciada, solo conducirá a la represión y a generar un conflicto hasta ahora inexistente”, ha añadido.

En este sentido, la Cumbre Social Vasca ha pedido al Gobierno de Rajoy que legisle para “atajar la injusticia” y “no para reprimir a quien protesta contra ella”.

En el texto, se señala que el anteproyecto de ley es “represivo” porque la desaparición de las faltas como infracciones penales de menor intensidad, viene acompañada de la creación de nuevos delitos denominados “menores”, pero “de mayor gravedad que las faltas que van a desaparecer”. A su juicio, de esa manera, se extiende “de forma amplísima la represión penal”.

También ha criticado que se incrementen los poderes policiales cuando habría que avanzar por el camino de una “mayor garantía” en el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

Además, han indicado que el proyecto limita la actuación de la abogacía en la defensa de la ciudadanía, “restringe” la revisión judicial de las actuaciones policiales y supone una “disminución” del control jurisdiccional “al dejar en manos de la autoridad gubernativa la represión de conductas que pueden considerarse molestas al poder, pese a ejercitarse cívica y pacíficamente”.

Asimismo, consideran que es una iniciativa “inoportuna” porque disminuye las funciones preventivas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, “incrementando los aspectos puramente represivos”.

“La asistencia letrada brilla por su ausencia y la reforma yerra en su enfoque, en cuanto que trata de blindar la actuación policial, en lugar de someterla al control de Juzgados y Tribunales, en una lectura restrictiva del artículo 24 de la Constitución que se nos antoja claramente inconstitucional”, han concluido.

La Cumbre Social Vasca-Euskal Goi-Bilera Soziala está compuesta por CCOO de Euskadi, UGT-Euskadi, Jueces por la Democracia, EKA-OCUV, LSB-USO, Silikosia, UTESE-ATESSPV, Ikasle Ekintza, Hoac, Mesas por la Convergencia, Osalde, Bakeaz, ACPP Euskadi, UPF (Unión Progresista de Fiscales), SOS Racismo Gipuzkoa, la Coordinadora de ONGs al Desarrollo, Adicae y Asviamie.