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Jonan Fernández: “Esto es una excusa para no reconocer a las víctimas de violencia policial”

El secretario de Derechos Humanos, Jonan Fernández

Iker Rioja Andueza

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jonan Fernández, sigue manteniendo que no conoce la literalidad del recurso interpuesto por el Estado ante el Tribunal Constitucional contra la ley vasca de reconocimiento a las víctimas policiales entre 1978 y 1999, pero ha afirmado en rueda de prensa que “el recurso está construido sobre pretextos porque hace decir a la ley lo que no dice para luego tacharla de inconstitucional”. Según el colaborador del lehendakari, Iñigo Urkullu, el intento de bloqueo de esta normativa que completa el puzle de reparación de las víctimas de ETA, del GAL y de la Guerra Civil y de la dictadura, es una decisión política del Gobierno del PP, una “excusa” para “no reconocer a estas víctimas” provocadas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Y todo a pesar de los recientes acuerdos entre PP y PNV.

“Quienes atacan esta ley están en contra de la corriente internacional en materia de defensa de los Derechos Humanos. Tenemos una certeza: instituciones internacionales no van a tener ninguna duda [de la legalidad de la ley vasca]”, ha aseverado Fernández, que se ha propuesta buscar nuevos expertos nacionales e internacionales para avalar la propuesta de reconocimiento de estas víctimas, algo que ya inició hace unas semanas con el argentino Fabián Salvioli mientras negociaba sin éxito con el Gobierno central la no interposición del recurso.

El punto de fricción apreciado por la Abogacía del Estado es la creación de una comisión de valoración que, según interpreta, reconocería la condición de víctima al margen de un procedimiento judicial que otorgue a los victimarios garantías suficientes de presunción de inocencia y derecho al honor. El recurso de inconstitucionalidad aprecia hasta 11 vulneraciones de la carta magna de 1978 y entiende que la normativa en su “totalidad” es inconstitucional, si bien restringe a media docena los artículos que solicita suspender cautelarmente para desactivar la aplicación práctica de todas las medidas previstas.

Según Fernández, es falso que la normativa asuma competencias judiciales, ya que la comisión sólo opera en el “ámbito administrativo”. De hecho, la exposición de motivos alude a que la comisión actuará “sin entrar en la consideración penal de los mismos”. Sin embargo, esa previsión no se desarrolla en el capítulo V, el que regula la composición y funciones de ese panel de expertos al que se le encomienda la atención de los solicitantes de la condición de víctima de violencia policial.

El Ejecutivo vasco, en cambio, entiende que el “derecho internacional” abre la puerta a la catalogación de víctimas en procesos “independientes” a los judiciales y ha asegurado que las leyes que reparan a las víctimas del terrorismo o a las de violencia de género también establecen comisiones administrativas de valoración con similares atribuciones. Asimismo, ha subrayado que hace cinco años entró en vigor un decreto para este mismo colectivo pero en el marco temporal de 1960 a 1978 y ha asegurado que esta ley es “casi igual” a aquel decreto y que incluso dispone de “más garantías” jurídicas.

Por ello, a pesar del “jarro de agua fría”, Fernández ha indicado que el Gobierno seguirá “avanzando” en el reconocimiento legal de unas víctimas que “moralmente” ya son apreciadas por la sociedad vasca. Además, ha añadido que la ley es un “mandato legal” del Parlamento a su Gobierno que les obliga a aplicarla en la parte que no ha quedado suspendida tras el recurso del Estado, el 91,7% de sus cláusulas (110 de 120), según los datos ofrecidos por el propio secretario de Derechos Humanos, hasta unas semanas de Paz y Convivencia.

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