El Parlamento Vasco ha constituido la comisión de investigación en torno a la externalización del servicio de comedores de la escuela pública para analizar si hubo responsabilidad de la Administración en el cártel que conformaron las empresas de cátering para repartirse entre 2003 y 2015 los diferentes lotes del contrato y maximizar sus beneficios. Varias empresas fueron sancionadas con más de siete millones de euros por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) por su acuerdo para encarecer el servicio de comedores escolares públicos en Euskadi entre 2003 y 2015.

la comisión de investigación en torno a la externalización del servicio de comedores

La creación de esta comisión de investigación fue aprobada el pasado mes de febrero por el pleno del Parlamento Vasco con el respaldo de los 38 parlamentarios que suman EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, mientras que los 37 representantes de los partidos que apoyan al Gobierno vasco (PNV y PSE-EE) se abstuvieron en la votación.

Este grupo de trabajo investigará “todo el proceso que culminó con la contratación” de los servicios de comedores escolares de gestión directa adjudicados entre 2003 a las empresas sancionadas. La comisión tratará de determinar las “responsabilidades políticas” que puedan haber existido en este caso.

El caso de los comedores escolares fue destapado en 2016. Ese año, la Autoridad Vasca de la Competencia propuso una sanción de 18 millones -la más elevada de su historia- contra las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (las tres de MCC), Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se consideró probado que desde el año 2003 y hasta 2011 y entre 2013 y 2015 se habían concertado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se repartía el contrato de comedores y para maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado.

“Infracción muy grave”

Competencia estableció que la conducta de las ocho empresas constituía “una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia”, que prohíbe cualquier práctica concertada que tenga por objeto o efecto restringir la competencia en el mercado.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en 2017 la existencia de un acuerdo entre estas empresas (Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca.

No obstante, el TSJPV rebajó las multas en un 60 %, dejándolas en un total de 7,24 millones de euros, al entender que la actuación del Gobierno vasco durante los años en los que adjudicó el servicio de comedores a estas empresas contribuyó a que éstas consideraran que “actuaban de una manera asumible de cara al interés público”, sin que por parte del Ejecutivo existiera “reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra”.