El Gobierno olvida reprobar al director de Presupuestos, imputado en el 'caso DenokInn'
La Comisión de Ética del Gobierno vasco reprobó en julio de 2016 al director de Presupuestos, Hernando Lacalle (PNV), por no haber comunicado en tiempo y forma a este organismo que vigila las buenas prácticas en el Ejecutivo su imputación por malversación de caudales en el ‘caso DenokInn’, en el que se investiga un convenio aparentemente irregular que benefició a la entidad cercana al PNV DenokInn y que fue tramitado por Diputación de Álava, donde Lacalle ocupaba un puesto antes de saltar al Ejecutivo autonómico. Como adelantó eldiarionorte.es, este órgano no adoptó la medida más drástica, plantear su destitución, aunque sí ordenó publicar en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) un “cumplimiento insuficiente” del código ético. Pasaron los meses y no llegó el ‘castigo’. En noviembre se informó de que la sanción llegaría en diferido, en enero. Ahora ya ha pasado ese mes y tampoco se ha dado cumplimiento al dictamen de la Comisión de Ética. ¿Qué ha ocurrido?
Durante el tiempo en el que se ha aplicado el código ético, contados han sido los casos en que la Comisión de Ética, el órgano independiente que vela por el cumplimiento de ese decálogo de buenas prácticas, ha reprobado a miembros del Ejecutivo. Pero ha habido excepciones. Una de ellas fue la de Lacalle. En 2016, la Comisión de Ética dictaminó que no era motivo de cese que estuviera investigado en una causa penal ya que la doctrina es que sólo si se abre juicio debe dimitir un imputado excepto si hay indicios flagrantes. Pero sí se estableció que merecía reproche el hecho de que sólo comunicara su citación judicial al Gobierno cuando el caso se hizo público en los medios de comunicación. El ‘castigo’ que se fijó para él era la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) de un “cumplimiento insuficiente” del código ético.
La citación judicial fue en mayo de 2016 y la resolución de la Comisión de Ética se produjo en julio. Pero la reprobación no se publicó en el acto. En noviembre, cuando eldiarionorte.es dio cuenta de estos hechos, el portavoz del Gobierno y presidente de este comité, Josu Erkoreka, informó en rueda de prensa de que la sanción se produciría “en enero”. Según el portavoz, el criterio de la Comisión de Ética es que todos los asuntos que tengan que ser publicados se harán de una tacada una vez finalizado el año, circunstancia que, a su juicio, no altera el espíritu de las medidas acordadas. Pero ha pasado también enero y tampoco se ha publicado la reprobación de Lacalle. En la ‘web’ de la Comisión de Ética sí está la resolución sobre el caso, aunque, como es habitual, sin el nombre del implicado ni su cargo. Las fuentes consultadas no han sabido precisar cuándo se publicará el ‘castigo’ en el Boletín Oficial del País Vasco.
Entretanto, en estos meses Euskadi ha cambiado de legislatura y el área en la que trabaja Lacalle tiene nuevo consejero. Se fue Ricardo Gatzagaetxebarria y ha llegado Pedro Azpiazu, que le ha ratificado como director de Presupuestos para cuatro años más.
El PNV puso el Código Ético como ejemplo
Debatía el pasado miércoles el Parlamento Vasco sobre el papel del Gobierno del PNV en el ‘caso Margüello’, en el que se investigan graves irregularidades en la contratación de servicios sanitarios que suman 6,8 millones de euros. Ante las críticas de toda la oposición e incluso del PSE-EE, socio del Ejecutivo, la ‘jeltzale’ Gotzone Sagardui remarcó que nadie puede poner en duda el compromiso del gabinete de Iñigo Urkullu con la transparencia. Puso como ejemplo que fue el propio PNV el que impulsó que todos los altos cargos del Gobierno suscribieran un código ético, que marca las directrices para una gestión rigurosa.
337.000 euros, 125.000 no justificados
El ‘caso DenokInn’ tuvo su origen en la auditoría ordinaria anual de la Diputación de Álava que corre a cargo del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Al hallar anomalías contables en el convenio con la entidad sin ánimo de lucro DenokInn, dirigida entonces por el exviceconsejero del PNV Luis Miguel Macías, el órgano autonómico remitió el expediente al Tribunal de Cuentas del Estado, con competencia jurisdiccional. Sin embargo, se apreció que había algo más que irregularidades contables y el asunto acabó en la Fiscalía de Álava por un presunto delito de malversación de caudales e incluso de estafa. Además de Lacalle, están imputados la que fuera diputada de Promoción Económica, Arantza Zenarruzabeitia, y un funcionario. Declararon en el juzgado durante la pasada primavera.
En total, DenokInn percibió en Álava 337.000 euros. El problema de esa contratación es doble. Por un lado, su adjudicación ‘a dedo’ contravino la normativa foral, según un primer informe de la Fiscalía. Sólo era posible saltarse el concurso público y el estudio de ofertas con un visto bueno de Juntas Generales que no sólo no se logró sino que ni siquiera se solicitó. Por otro lado, de los 337.000 euros de dinero público abonados no constan justificaciones para 125.000 de ellos, más de un tercio del pago total. Buena parte de ese dinero público alavés, de hecho, apareció invertido en un proyecto de innovación que DenokInn desarrollaba en Santurtzi (Bizkaia).
