El Gobierno vasco retoma la reforma de la ley de Igualdad que no sacó adelante la pasada legislatura para combatir la violencia con más eficacia

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha aprobado este martes para su remisión al Parlamento el proyecto de ley que actualiza la normativa de Igualdad vasca, que data de 2005, para combatir la violencia hacia las mujeres de manera más eficaz. Se trata de uno de los compromisos de la pasada legislatura que no se llevaron a término -de hecho un texto idéntico se presentó días antes de que el lehendakari disolviera la Cámara y convocara elecciones- y el Ejecutivo confía en que pueda llegar ahora a buen puerto merced a la mayoría absoluta de la coalición de PNV y PSE-EE. La nueva consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha confiado en que sea una de las primeras leyes de esta legislatura y que esté en vigor “antes del verano”. El Gobierno ha prometido hasta 28 leyes que ya estaban previstas hace cuatro años.

El texto no recoge ningún cambio respecto al presentado en enero, salvo que entonces la presentación la hizo la responsable de Emakunde (Instituto de la Mujer) y ahora una consejera. Artolazabal ha destacado precisamente que las políticas de Igualdad han salido reforzadas con el nuevo gabinete, ya que “por primera vez” tienen un Departamento propio, aunque compartido con otras muchas funciones. Sale al paso, una vez más, de las críticas de algunos colectivos sociales que lamentaron que Igualdad saliera de Presidencia. Como el proyecto legislativo es el mismo, las alrededor de 400 alegaciones y propuestas recogidas durante el proceso participativo de la pasada legislatura se han asumido ahora tal cual, por lo que este cambio en el organigrama del Gobierno no ha sido objeto de análisis en estos informes de colectivos feministas, profesionales especializados en la violencia de género, asociaciones de víctimas o instituciones.

Artolazabal ha destacado de la ley que supera “la centralidad de la denuncia” y el enfoque “policial-judicial” del tema para abordar la violencia contra las mujeres como una expresión de desigualdad estructural en línea con otros avances registrados entre 2005 y 2020 como el pacto de Estado en España o el convenio de Estambul a nivel internacional. En este sentido, se citan medidas como la “formación en Igualdad” para los funcionarios, la “generalización de los permisos parentales iguales e intransferibles” o “combatir la brecha salarial” además de las propias contra la violencia.

En este capítulo específico, como ya había sido anunciado, se crearán dos nuevas prestaciones. Una perseguirá atender a los huérfanos de las mujeres asesinadas y la segunda cubrir las indemnizaciones judiciales no abonadas por orden judicial de los agresores a las supervivientes. Artolazabal ha asegurado que aún es pronto para concretar cuantías y plazos, pero ha destacado que el compromiso económico del Gobierno que acompaña a esta ley ha crecido de 25 a 30 respecto a la propuesta de enero. La norma también amparará a las víctimas de trata con fines de explotación sexual.