Los dos imputados que irán a juicio las oposiciones de Osakidetza de 2018 defienden que no hubo filtraciones

El doctor Alfredo Martínez Flórez y la opositora Thais Salas, que se sentarán próximamente en el banquillo de la Audiencia Provincial de Álava como presuntos responsable y beneficiaria de la filtración de preguntas del examen de Cirugía Plástica de las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), han presentado ante el juzgado brevísimos escritos de defensa con una premisa muy clara. Al contrario de lo que ha concluido la investigación, garantizan que no se intercambiaron el material y, por consiguiente, “donde no hay delito no hay autor”.

Ambos se exponen a penas de cárcel -variables en función de las peticiones de la Fiscalía o de las otras acusaciones, los sindicatos LAB y ESK- al estimarse que hay indicios de que Salas, a quien unía con el otro acusado un vínculo familiar, obtuvo información confidencial de quien era autor de 50 de las 100 preguntas de aquella prueba. La examinanda, en esa parte, logró 48 aciertos, pero bajó a 24 de 50 en la segunda mitad. Era una prueba de alta dificultad y, a pesar del dato de la segunda parte, su nota fue de las más altas, “muy por encima del resto de opositores”.

Martínez Flórez, para quien la Fiscalía y ESK piden dos años de prisión y LAB tres -además de la inhabilitación-, tiene como letrado a Rubén Múgica, que sostiene que “no hay delito cuya autoría pueda atribuirse” al facultativo, sin más consideraciones. Adjunta, eso sí, el contrato suscrito por el IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), que fue quien le encomendó, por 1.250 euros, poner las 50 preguntas. El punto 15 del acuerdo recogía, expresamente, la necesidad de la “debida confidencialidad”. “No darán a conocer, en ningún caso, el contenido de los cuestionarios a terceros”, se agrega.

El escrito de defensa de Salas, suscrito por el letrado Eduardo Peche, es aún más corto. Incluso escribe mal el segundo apellido del otro imputado. Sí lanza como petición que los justiciables, en el juicio, depongan al final, es decir, después de haberse presentado las pruebas y declarado los testigos. La Fiscalía pide para ella un año de prisión -y penas accesorias de inhabilitación- porque considera que, en su caso, el delito fue un “intento”, si bien ESK lo eleva a dos y LAB a tres. ¿Por qué la rebaja a tentativa? Salas no obtuvo la plaza tras el examen: se vio invitada a renunciar al aparecer sospechas, durante el propio desarrollo de las oposiciones, de lo que podía haber ocurrido.

En esta misma investigación judicial se vio que en otros exámenes de esa misma OPE de 2018 hubo opositores próximos a los autores del examen que sacaron los mejores resultados, en ocasiones próximos a la perfección. Hubo denuncias en Anestesia, en Cardiología y en otra decena de pruebas. Sin embargo, el procedimiento se archivó en las otras especialidades investigadas y solamente se celebrará juicio para el caso de Cirugía Plástica. Particularmente la acusación ejercida por LAB insiste en que el problema estructural de las filtraciones no se va a resolver, aunque de cara a las vistas ha solicitado que declaren como testigos el consejero de entonces, Jon Darpón, que acabó dimitiendo en 2019 por este asunto, y la directora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, que también acabó saliendo.

La Fiscalía estima como probable que los dos imputados busquen una conformidad, un acuerdo por el cual admitan los hechos a cambio de una rebaja de la pena con respecto a las calificaciones de las acusaciones. Por el momento, no hay fecha fijada para la celebración de las vistas. Llegarán, en todo caso, prácticamente ocho años después de celebrarse aquellas oposiciones.