El caso por malversación del ex alto cargo del Gobierno Antton Zubiaurre queda archivado
Una de los dos causas judiciales contra el ex alto cargo del Gobierno vasco Antton Zubiaurre se desinfla definitivamente. Un juzgado de Bilbao ha archivado por segunda vez la denuncia de malversación de caudales públicos por la compra de terrenos para un futuro uso industrial en Santurtzi. A Zubiaurre se le acusaba del pago en 2007 a través de Sprilur (la sociedad pública de compra de suelos industriales que dirigió entre 2000 y 2008) de 3,6 millones de euros por 10 hectáreas de terrenos rústicos, un cantidad cinco veces superior al precio real según los cálculos del Ejecutivo vasco. El sobreseimiento será definitivo ya que ni la Fiscalía ni el Gobierno autónomo (ahora dirigido por el PNV, como cuando ocurrieron los hechos) han recurrido la decisión.
Esta causa empezó a investigarse en 2010 tras una denuncia presentada por el entonces Departamento de Industria, que aludía a diferentes irregularidades: además del precio, la operación se hizo sin el visto bueno del Consejo de Administración de Sprilur como constató el pasado año el Tribunal Vasco de Cuentas; el pago se realizó en cuatro plazos pero uno de ellos a través de un cheque al portador sin identificación por 336.000 euros, algo totalmente anómalo en la Administración y el terreno adquirido tenía grandes pendientes, lo que aumentaba los costes de urbanización.
Tras dos años de instrucción, en septiembre de 2012 el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao decidió el archivo al no constatar ningún delito pero la Audiencia de Bizkaia ordenó en enero pasado que se reabriera la causa al entender que pudiera haber un perjuicio para las arcas públicas.
Ahora, el juzgado, en un auto dictado el pasado 30 de mayo, mantiene la decisión de sobreseer el caso al no justificarse “de modo suficiente que se haya cometido el delito” de malversación de caudales públicos. La resolución concluye que los testigos coinciden en que el pago no fue “desproporcionado en relación a otras operaciones de similares características”. Alude al pago de uno de los cuatro talones por 460.000 euros pese a que la factura indica que es de 397.000 euros y señala que esa diferencia de más de 60.000 euros se debe, según uno de los testigos, a que se trataba “de defraudar a la Hacienda foral y pagar menos”.
En la demanda del Gobierno se constataba que en las cuentas bancarias de Zubiaurre aparecen dos ingresos de dinero en metálico en julio y septiembre de 2007 (la venta se produjo a finales de junio de ese año) por importe de 50.000 y 6.000 euros respectivamente, una coincidencia en el tiempo sospechosa para los denunciantes. Sin embargo, la juez señala que “no existen indicios de que dichos ingresos en metálico procedan de dinero público” y se refiere a la documentación aportada por Zubiaurre “de los que se extraen gestiones efectuadas por el mismo en herencias familiares”.
El ex director de Sprilur tiene pendiente ahora otra causa, en investigación desde 2010, por el supuesto espionaje a través de correos electrónicos a altos cargos de la sociedad pública SPRI, la agencia de desarrollo empresarial del Gobierno vasco que gestiona gran parte del presupuesto del área industrial. Se le acusa, junto a su ex chofer (ex empleado de la SPRI), de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, en concreto por apropiarse de información de otras personas de índole económica para ser suministrada a terceros.
