La mayoría de crímenes sin resolver de ETA se dieron en territorio vasco por la “intimidación colectiva” para no colaborar

Armas de ETA, en un expositor del Memorial

El Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, un organismo del Gobierno de España con sede en Vitoria, ha hecho entrega este miércoles a la comisión del Parlamento Europeo que analiza los crímenes de ETA sin resolver de un documento en el que se cuantifican en 311 los crímenes impunes desde 1978 –la actividad anterior se considera anulada por la Ley de Amnistía– hasta el final del terrorismo, del que se han cumplido diez años hace unas semanas. El informe destaca que la mayor parte de los atentados y también de los casos sin resolver se concentraron en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra durante los denominados 'años de plomo', los primeros años de la democracia. Se achaca al clima hostil generado por ETA en la sociedad para quienes colaboraban con las fuerzas de seguridad –hubo 171 atentados y 117 víctimas entre los señalados como 'chivatos'– y a que los cuerpos de Policía estaban poco especializados aún y centrados no en la investigación sino más bien en la respuesta a los problemas urgentes de seguridad con una media anual de atentados de 222 (tres cada cinco días).

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El informe acota qué es y qué no es un crimen sin resolver. 'Asesinato no esclarecido' –inciden– no es un concepto jurídico y sí lo es aquel caso en el que el autor material o no ha sido identificado o no haya habido una condena. Es posible, incluso, que hubiera juicio y no penas o que hubiera algunos implicados pero no todos. En estos supuestos también se considera que no ha habido una investigación completa. En principio, no se considera un asesinato como no esclarecido si faltan por identificar o castigar a los autores intelectuales o inductores. El Memorial tiene cuantificado que ETA y sus diferentes ramas mataron a 853 personas y que dejaron 2.632 heridos. Hubo 3.474 atentados. 780 de los 853 asesinatos se produjeron de 1978 en adelante, esto es, sin que se les pueda aplicar la amnistía. De ellos, 311 permanecen sin resolver, 218 hasta 1987, 67 hasta 1998 y 26 hasta el final de la organización. De todos ellos, 267 son en Navarra (16), Álava (21), Bizkaia (111) y Gipuzkoa (119). Los otros 44 son de otros lugares.

El informe lo ve como una consecuencia de una “sociedad bajo el terror”. La ciudadanía tenía “miedo” de denunciar o de hablar. “En el País Vasco, además, hay que mencionar que ETA ha desarrollado campañas de ataques específicos para provocar esa intimidación colectiva y para evitar cualquier tipo de colaboración de los ciudadanos con los servicios de seguridad”, explica el documento, que habla a las claras de una “ley del silencio” y de que un sector no menor daba cobertura a la violencia.

Pero también incide en la poca capacidad de las fuerzas de seguridad para investigar. En el inicio de la democracia, eran estructuras heredadas de una dictadura con otras prioridades –como la persecución de la oposición al régimen– y porque no se contaban con todos los medios. Los exámenes de ADN no llegaron hasta casi la década de 1990, se cita como ejemplo. Además, estaban centradas en responder a atentados y en autoprotegerse. Entre los asesinados hubo 150 policías, 210 guardiaciviles, 97 militares y 41 ertzainas o agentes locales y de otros cuerpos. 842 agentes fueron heridos y los ataques contra uniformados suman “917 actos terroristas”. El Memorial entiende que los agentes quedaron “aislados” y también con la moral “minada”, lo que impedía “que realizaran su trabajo con un mínimo de eficacia”.

El informe, en todo caso, plantea otros factores que explican un volumen tan elevado de víctimas sin su derecho a la verdad y a la justicia satisfecho. No siempre el poder judicial ha sido ejemplo de diligencia: el informe cita “fallos de comunicación interna” entre juzgados de la Audiencia Nacional y entre los magistrados locales y los centrales, destrucción o expurgo de sumarios (se constata la “inexistencia [en 2011] de documentos relativos a 46 casos que afectaban a 52 víctimas”) o déficits de comunicación hacia los familiares de los asesinatos. Se alude también a que la rama político–militar de ETA –vinculada al partido EE ahora integrado en el PSOE– entregó las armas con una “omisión de investigación” de sus 14 crímenes en democracia “tras un acuerdo con el Gobierno” de Adolfo Suárez y a que muchos terroristas ya han fallecido. Y se denuncia que Francia fue un “santuario” durante décadas, que Bélgica todavía en fechas “recientes” ha tardado “siete años” en extraditar a una integrante de ETA y que muchos antiguos miembros de la banda han vivido en Cuba, México o Venezuela hasta que sus casos han prescrito.

“Indicadores de impunidad” más bajos que en Irlanda, Córcega o Italia

El documento, en todo caso, se queda también con que “cuando se comparan los datos de España” con otros países que han sufrido la violencia “los indicadores de impunidad” son más bajos. En Irlanda del Norte, hasta los acuerdos de Viernes Santo de 1998 hubo 3.700 crímenes (58,3% causados por el IRA, el 31,8% por grupos unionistas y el 9,9% por fuerzas policiales o armadas) y en 2006 se cifraron en 3.269 los casos no resueltos, el 88,35%. En Córcega “hay 18 veces más impunidad que en tierra continental de Francia”. En Italia, de 1.031 víctimas de la mafia, “no ha obtenido verdad y justicia a través de un proceso regular” el 80%.

La delegación europea que ha recibido el informe de manos del director del Memorial, Florencio Domínguez, está presidida por la eurodiputada Agnès Evren (PPE, Francia) e integrada por los eurodiputados Alex Agius Saliba (S&D, Malta), Vlad Gheorghe (Renew, Rumanía) y Kosma Zlotowski (CRE, Polonia), informa Europa Press. La apoyan también representantes españoles de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. En su apartado final, el Memorial lanza algunas propuestas para abordar este tema y explica algunos pasos ya dados por las autoridades estatales o autonómicas, como la existencia de equipos dedicados a estos casos sin resolver en la Audiencia Nacional o en cuerpos policiales. No obstante, urge a los poderes públicos a que trabajen más intensamente con aquellos que todavía no han prescrito: “Este trabajo no será fácil y es posible que una buena parte de esas causas acaben finalmente en vía muerta y sin sentencia. [Pero] A las víctimas les quedará el consuelo de que los implicados en la investigación hicieron todo lo que estaba en su mano para buscar a los culpables”. Con el resto, toca ofrecer “procedimientos paliativos” para dar información lo más completa posible. Sí que pide expresamente a Europa que se inste a los miembros de ETA a que imiten al IRA y ofrezcan datos concretos de desaparecidos cuyos cadáveres no han aparecido.

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