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Las trabajadoras de cuidados en Euskadi denuncian la precariedad laboral que sufren y reivindican un servicio “digno y público”

Manifestación del sector de cuidados en Bilbao

Maialen Ferreira

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Las trabajadoras de residencias de ancianos, de ayuda a domicilio, las de servicio asistencial y todas las que engloban el sector cuidados en Euskadi han salido a la calle este martes para protestar por la precariedad laboral que están sufriendo, que ya existía antes de la pandemia, pero que se ha visto agravada con esta. Cerca de 40.000 trabajadoras han sido llamadas a la huelga convocada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, CCOO y UGT en Euskadi, así como a movilizaciones en las tres capitales vascas.

Además de los sindicatos convocantes, la convocatoria de huelga ha sido secundada por otros sindicatos como Satse y asociaciones de familiares de residencias, colectivos de pensionistas vascos, asociaciones de familiares como Babestu Bizkaia y Araba, Gipuzkoako Senideak y colectivos feministas. Todos ellos, además, han participado en las manifestaciones que se han llevado a cabo a mediodía en Bilbao, Vitoria y San Sebastián.

“Estamos abandonadas. La Diputación está poniendo protocolos de los que luego se desetienden completamente. Nos falta personal, no han reforzado nada. Cada vez vemos que la cosa va a peor. A principios de la pandemia desinfectaron las residencias, pero ya no desinfectan y luego tenemos que escuchar que la culpa es nuestra por no ponernos bien los EPIs. Llevamos toda la pandemia igual y dicen que es nuestro problema, pero la realidad es que las empresas se quieren llenar los bolsillos”, denuncia a elDiario.es/Euskadi Goizalde Barreras, gerocultora en una residencia de Barakaldo durante la manifestación que ha tenido lugar en Bilbao.

Barreras opina que las cargas de trabajo y el miedo a contagiarse entre ellas, entre pacientes o en casa con sus familiares es cada vez mayor. “Tenían que haber reforzado las plantillas, algo que no están haciendo y la Diputación debería obligarles a hacerlo porque son empresas que trabajan para la Diputación y están ofreciendo un servicio que no se está cumpliendo bien”, señala esta trabajadora.

Situación similar a la que vive Tinixara Guanche, trabajadora social, que critica que con la pandemia el foco principal está en la sanidad y la economía y la precarización que sufre el sector de los cuidados se queda en un segundo plano. “Vemos el futuro fastidiado, porque quien ya estaba en una situación de precariedad, al sumarse nueva gente a ese colectivo precario, se queda en una situación de mayor desprotección y de mayor vulnerabilidad. Estamos viendo que ya llegan los tan temidos recortes. Estamos asistiendo a un proceso en el que poco a poco vamos a ir viendo cómo se van recortando los servicios para las personas que más lo necesitan. Los cuidados en su sentido amplio abarcan muchos ámbitos y estamos viendo cómo el empleo público brilla por su ausencia, las privatizaciones cada vez son más, las condiciones son cada vez peores y todavía quedan compañeras y compañeros que no tienen los medios sanitarios a su disposición para poder ejercer en condiciones de seguridad”, denuncia Guanche.

El colectivo de pensionistas también se ve afectado por la situación, ya que se traduce en peores condiciones para las personas que viven en las residencias de ancianos. “Estamos viviendo una situación dramática con el tema de las residencias. Cada semana tenemos una historia nueva, cada vez hay más contagiados y más fallecimientos. Tenemos que estar unidos para parar todo esto y que las instituciones reaccionen”, declara a este periódico Andrea Uña, portavoz del Movimiento de Pensionistas Vascos.

Durante las marchas, que han comenzado en distintos puntos de Bilbao y han terminado frente a la Diputación de Bizkaia, las trabajadoras han reivindicado la “dignificación” de los cuidados dentro de un modelo asistencial público, han denunciado la “alta precariedad” y rotación que se da en el sector y la “falta de visibilidad” de un servicio fuertemente feminizado y también han exigido que se abran investigaciones y auditorías para conocer lo ocurrido en el sector durante esta pandemia. Otra de las cuestiones que han denunciado los sindicatos convocantes es el hecho de que el Gobierno vasco haya decretado unos servicios mínimos del 100%, algo que han descrito como “abusivo” y por lo que han criticado que les resulta “muy complicado” calcular el seguimiento de la jornada de paro.

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