Los trabajos en el vertedero de Zaldibar han tenido hasta la fecha un coste de 16,2 millones de euros para la Administración vasca

Una máquina de la UTE Eitzaga, junto a una montaña de residuos caídos del vertedero de Zaldibar

El Gobierno vasco ha destinado un total de 16.260.012,11 más IVA en contratos derivados del derrumbe del vertedero de Zaldibar, un total de 29 adjudicaciones desde que se produjeron los hechos en febrero de 2020. El 87,20% ha recaído en la UTE Eitzaga (formada por Bycam y Construcciones Moyua). Fueron 15.629.095,36 euros en 2020 y han sido 567.916,75 euros más en actuaciones durante este 2021. En las instalaciones gestionadas por Verter Recycling todavía se trabaja en la búsqueda de uno de los dos trabajadores sepultados por el alud de residuos, Joaquín Beltrán, lo que implica trabajos de movimiento de materiales pero también de estabilización y cribado. Precisamente el trabajo policial de los equipos de la Ertzaintza destinados allí de manera ininterrumpida no está recogido en este presupuesto.

La empresa gestora del vertedero de Zaldibar sabía que había grietas y no les dio importancia, según admite en un informe

La empresa gestora del vertedero de Zaldibar sabía que había grietas y no les dio importancia, según admite en un informe

Esta información consta en los expedientes enviados al Parlamento Vasco por la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en respuesta a una solicitud de información del representante de EH Bildu Mikel Otero. Hace exactamente un año un informe similar del por entonces consejero del ramo, el socialista Iñaki Ariola, mostraba que en los dos primeros meses se habían destinado ya 6,8 millones de euros a las primeras actuaciones de urgencia.

¿Qué es lo que se ha hecho en el vertedero de Zaldibar? La UTE Eitzaga -que toma el nombre del barrio en el que se ubicaba la planta- ha realizado trabajos de excavación, explanación, estabilización o accesos, así como la construcción de un dique de protección en la autopista ubicada bajo la ladera en que se hallaba el vaso del vertedero y que se vio afectada por el alud. Bycam y Construcciones Moyua han facturado 14.179.867,78 euros en estos 14 meses. La segunda adjudicataria en volumen es Saitec, que se ha encargado de la dirección de obra y de todo el control de ejecución. Los trabajos son una verdadera obra de ingeniería: hasta febrero, se habían movilizado 525.000 metros cúbicos de residuos y, de ellos, 372.038 habían sido “rastrillados” para buscar los restos de los desaparecidos

En este año largo que ha transcurrido se han encargado, asimismo, numerosos informes sobre los movimientos de la masa de residuo o, sobre la calidad del aire en Zaldibar y en las localidades cercanas (Eibar y Ermua, principalmente) como consecuencia de la catástrofe natural. El experto Eduardo Alonso Pérez de Ágreda recibió el encargo de emitir un informe pericial sobre las causas del deslizamiento por 47.823 euros. Hay también algunos contratos adjudicados directamente por cuantías que bordean el máximo legal para este tipo de prestaciones, 15.000 euros. Es el caso de la contratación de la Universidad de Alicante por 14.999 euros para asistencia jurídica, de la adjudicación a Ricardo Energy & Environment de una revisión de la autorización ambiental de Verter Recycling por 14.500 euros o de un contrato con Instrumentación Geotécnica Lur para la ejecución de un piezómetro por 14.916,70 euros.

El Gobierno vasco siempre ha manifestado que trabaja en Zaldibar con carácter "subsidiario". Verter Recycling es la responsable de la operación pero, "ante su incapacidad", la Administración pública actuó allí de forma "urgente" aunque luego repercutirá el coste de las labores a la propia empresa gestora de Zaldibar. En junio de 2020 se informó de que se le habían girado ya facturas por valor de 3,4 millones de euros. En paralelo, en los juzgados de Durango, el partido judicial del que depende Zaldibar, hay abiertas dos investigaciones penales sobre lo ocurrido. Una analiza el posible delito medioambiental asociado a los hechos y la principal busca esclarecer si los gestores de Verter Recycling actuaron con negligencia y pudieron haber cometido un delito de homicidio imprudente. Según publicó este periódico, un informe de la propia compañía días después del derrumbe recogía que conocían con anterioridad la existencia de grietas y asentamientos, aunque no les dieron importancia.

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19 de abril de 2021 - 21:26 h

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