La ministra Ione Belarra intenta de nuevo aprobar un modelo de residencias al que Extremadura se opuso
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quiere aprobar este martes con las comunidades autónomas el nuevo modelo de residencias y de atención a la dependencia, que cuenta con el respaldo de entidades sociales y profesionales de los cuidados, pero que en mayo pasado recibió el rechazo de varias comunidades del PP, PSOE, entre ellas Extremadura, más Euskadi y Cataluña.
El problema son los requisitos para las residencias, que exigen una financiación que no existe.
El Ministerio ha convocado el Consejo Territorial de Derechos Sociales para aprobar el acuerdo de acreditación y calidad de los centros y de los servicios de atención a la dependencia, después que se aplazara su votación en mayo por falta de consenso ante el rechazo de ocho comunidades.
El nuevo modelo de acreditación de centros y residencias reduce las plazas de los centros de mayores para hacerlos lugares parecidos a hogares y con un trato personalizado. También establece mayor número de trabajadores de atención directa en función del número de residentes, así como las condiciones laborales y de titulación de los profesionales.
Las residencias que se construyan tras el acuerdo no podrán tener más de 75 plazas en zonas rurales o escasamente pobladas, mientras que las ubicadas en localidades de densidad intermedia no podrán superar las 90 y las 120 plazas en las ciudades.
Para las que ya existen, deberán adaptarse y crear unidades de convivencia de un máximo de 15 personas, con un espacio común que permita preparar comidas y disponer de comedor y sala de estar.
El Gobierno ha recabado en los últimos días el respaldo de organizaciones de personas mayores y con discapacidad, además de expertos en la atención a personas mayores, geriatras y gerontólogos.
También el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados para pedir el apoyo de los grupos políticos, a los que aseguró que la propuesta del Gobierno no invade competencias autonómicas.
“Confío en que seremos capaces de aprobar esta propuesta del Gobierno negociada durante meses y que es crucial; la financiación no puede ser una excusa”, ha destacado Álvarez este lunes en 24 horas de RTVE, quien ha destacado que fija un plazo de transición hasta 2030.
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