La UE estudiará la legalidad del hospital estrella de Feijóo
La Comisión Europea acaba de admitir la denuncia presentada por la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP) por posibles ilegalidades en la adjudicación del Nuevo Hospital de Vigo por la Xunta de Galicia empleando la fórmula de financiación público-privada. La denuncia fue presentada el pasado 3 de septiembre, señalando la entidad que “el contrato del Nuevo Hospital de Vigo es nulo de derecho por incumplir los términos establecidos en la licitación del mismo y supone una clara vulneración de la legislación comunitaria sobre los contratos de colaboración público-privada, que establecen la necesidad de garantizar la igualdad en la concurrencia de las empresas”. Se refiere tanto a aspectos relacionados con la financiación, como con la modificación del proyecto inicial, que redujo parte de los servicios que en principio iban a ser ofrecidos, e incluso las dimensiones del centro.
En rueda de prensa, José Emilio Santiago (AGDSP) destacó que “este no es un trámite exclusivamente simbólico”. “Se va a abrir ahora un procedimiento de 12 meses, que comienza a contar a partir del 3 de septiembre. Primero la Comisión dará audiencia a la otra parte (Xunta de Galicia) para que alegue y argumente en contra de nuestras razones, y nosotros como denunciantes tendremos acceso a esos alegatos. Posteriormente la Comisión examinará las argumentaciones expuestas por una y otra parte y eso puede llevar a la apertura de un procedimiento de infracción o al archivo de la causa. Si se abre un procedimiento de infracción, tenemos las bases puestas para exigir la reparación de la legalidad y para proceder a un rescate de la concesión”, explicó.
“Estamos hablando de vulneraciones de partes esenciales del contrato y de la vulneración de los criterios de competencia: se alteraron por completo las condiciones de financiación, no hay una transferencia de riesgos y podría incluso hablarse de una ayuda ilegal del Estado”, subraya. José Emilio Santiago añade que “si se abre el procedimiento de infracción, lo mejor que podría hacer la Xunta sería rescatar el hospital para el sistema sanitario público, que no sería tan caro, pues la mayor parte de la financiación es pública”. “La empresa entregó alrededor de 80 millones de euros, que es lo que costaría hacerse con la parte de la concesionaria”, concluye.
Los argumentos de la denuncia
La AGDSP alerta de las “graves consecuencias” que ha tenido esta fórmula de contratación público-privada en Valencia, Mallorca, Madrid y Aragón, y demanda el rescate del contrato “sin indemnización ni pago de lucro cesante”. Además, añade, “las reparaciones que el nuevo hospital necesita, fruto del afán de lucro de la concesionaria, que ponen en riesgo a calidad y la seguridad de los pacientes, deberán pagarse a cargo del canon que la concesionaria debería dejar de ingresar del erario público”.
La reclamación se fundamenta en tres hechos: En primer lugar en la utilización de la figura legal de concesión de obra pública en lugar de la de colaboración público privada, “que es la que correspondería por la entidad y el volumen de la construcción del hospital”, señala la entidad. “La finalidad que perseguía el actual gobierno gallego era evitar la fiscalización de la Ley de Contratos del Estado que obliga a elaborar y presentar un informe ante el Ministerio de Hacienda, elaborado por una Comisión de Expertos, que justificase la necesidad de recurrir a la financiación privada en lugar de la pública para acometer la obra”, añade. El resultado de utilizar el recurso al sector privado, explica, “fue un incremento del costo total del hospital de 450 a 1.400 millones de euros”.
En segundo lugar, la denuncia señala los recortes introducidos en el contrato (el proyecto funcional) entre la concesionaria y el SERGAS para abaratar los costes, que suponen “una reducción del 31% de las camas funcionales previstas (de 1.239 a 845), el 31% de los quirófanos, el 55% de las camas de urgencias, los módulos de investigación y docencia, el laboratorio, el hotel de pacientes, equipación mobiliaria fija y no fija, lavabos, tamaños de consultas, sistemas de protección, mil plazas de aparcamiento, alicatas, anchura de paredes y tabiques, 75.000 metros de superficie, etc”. Según la AGDSP, “estos recortes además de reducir la eficiencia energética y la calidad del centro ponen en riesgo la seguridad de pacientes y trabajadores”. Estos recortes suponen, asimismo, “una modificación del contrato, al que aspiraban otras empresas cuyas ofertas fueron descartadas y que beneficia a la concesionaria privada a la que además no se rebaja la percepción del canon”, destaca.
En tercer lugar, la asociación subraya que el “riesgo de financiación, que por contrato corría a cargo de la concesionaria, fue cubierto en gran parte por el SERGAS con un crédito del Banco Europeo de Inversiones, que no presta a empresas privadas, el Instituto de Crédito Oficial y el FROB”. Esta maniobra implica “una clara vulneración de la legislación de la UE sobre contratos público-privados” y supone “una trama perfectamente diseñada para ocultar el endeudamiento público del nuevo hospital”, dice. “El endeudamiento por el pago del hospital no se considera público si el riesgo de financiación corre a cargo de la empresa privado, pero es asumido por la propia administración pública”, concluye.
