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El discurso ultra sin respaldo electoral que prolifera en las redes gallegas: acoso y amenazas a políticos de izquierda

Un momento del pregón satírico del Carnaval compostelano, con el actor Carlos Santiago caracterizado como peregrino, que desató un aluvión de amenazas, algunas de muerte, contra políticos electos de izquierda

Daniel Salgado

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El discurso de la extrema derecha no ha calado electoralmente en Galicia. Ni un solo concejal, ni diputados provinciales, autonómicos o estatales de Vox han sido elegidos por las circunscripciones gallegas. Tampoco de otras formaciones del mismo espectro. Los analistas lo achacan a la fortaleza histórica del PP en la comunidad, que abarca del centro a los territorios ultra. Pero esa ausencia en las urnas no significa que su discurso y sus actitudes no existan. Activos en redes, son numerosos los casos de políticos generalmente de izquierdas acosados por perfiles derechistas. Algunos han traspasado la línea de la amenaza y transcendido mediante denuncia pública.

Fue el de Martiño Noriega, alcalde de Santiago de Compostela entre 2015 y 2019 por la candidatura de izquierdas y soberanista Compostela Aberta, el último con relevancia pública. Y la obtuvo porque un juzgado de esa ciudad dejó morir la causa contra un hombre que había sido candidato de Falange y que vertió amenazas de muerte en las redes sociales del exregidor. La Fiscalía solicitaba para él dos años de prisión. El juicio nunca llegó a celebrarse: se suspendió en seis ocasiones con excusas variopintas hasta que le comunicaron al político la prescripción de la causa.

“No se olvide usted de que enseguida en el 39 comenzaron a llenar las cunetas con miles de putos rojos”, decía el primero de los escritos contra Noriega, redactado en gallego, “no nos gustaría repetir la historia aunque están muy interesados en que se repita. Habrá que darle la razón, señor alcalde”. Aquel episodio, acontecido durante septiembre de 2015, no resultó aislado. Tres años más tarde, el sarcástico pregón de Entroido –Carnaval– del dramaturgo y poeta Carlos Santiago desató una campaña, alentada por la prensa local conservadora, que derivó de nuevo en graves amenazas: “El hijo de la gran p... del pregón seguro que no se atrevería a hacer lo mismo en la mezquita de la M-30, esta gentuza como Compostela Aberta, Mareas, Bloque y demás escoria subhumana solo merecen otro 18J para verlos correr como ratas otra vez”. La Fiscalía abrió diligencias, pero quedaron en nada. Tuvo más recorrido la denuncia contra el pregonero de una asociación de abogados ultra, aunque fue archivada dos años y medio más tarde.

Suerte diferente corrieron los improperios dirigidos a otro alcalde de izquierdas, Xulio Ferreiro, primer edil de A Coruña por Marea Atlántica entre 2015 y 2019. “Quizás el golpe definitivo sería meterle a Xulio Ferreiro un tiro en el occipital”, escribió un hombre, condenado en diciembre de 2020 a nueve meses de prisión y 2.000 euros de indemnización. Impune quedó, sin embargo, otra amenaza, esta en directo, durante un pleno municipal en octubre de 2018. Los servicios municipales de limpieza había levantado, por error, parte de una alfombra floral preparada por la asociación Faro de Monte Alto de A Coruña para la procesión de Nuestra Señora del Rosario. De nuevo la prensa local conservadora jugó su papel y, con creciente hostilidad, insinuó que se había tratado de una orden emanada del gobierno local. Cuando la cuestión llegó a pleno, una señora aseguró a gritos que traía una flor “para la tumba” de Ferreiro.

“Soy capaz de cortarle el cuello”

Ni Noriega ni Ferreiro son ya alcaldes ni continúan en la política municipal. Pero la intimidación ultra no ha desaparecido. En julio del pasado año, el teniente de alcaldesa de Lugo, el nacionalista Rubén Arroxo, denunciaba ante la Policía Nacional amenazas de muerte en sus redes sociales. “Boí a por ellos e incluso soy capaz de cortarle el cuello a ese ijo de puta del bolque que lo piense que no sabe lo que le espera”, decía uno de los comentarios. Y otro: “Falta el carril bici y los árboles que talaron que decían los terroristas del BNG que no iba a talar ningún árbol y los aparcamientos que unos de puta que son avía que linchar al Rubén Arroxo”.

Su autor había sido militante del Partido Popular, fue arrestado, pasó a disposición judicial y quedó en libertad con cargos. Arroxo declaró en el juicio en septiembre de 2022 y a la salida habló a la prensa: “Estas barbaridades no son la primera ni la segunda vez que me llegan. El PP debería pensar que está haciendo para llevar adelante esta ola de odio por motivos únicamente ideológicos”. Otra concejala nacionalista, esta de Pontevedra, Carmen da Silva, se encontró una mañana con pintadas frente a su domicilio en las que su nombre aparecía junto a una diana. “La mafia de extrema derecha vuelve a amenazar a nuestra compañera”, avisó entonces la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón.

“Den saludos al Comando Barcelona”

No solo las redes y las paredes recogen, con todo, el discurso de la ultraderecha. El ahora vicesecretario de Organización del PP estatal, Miguel Tellado, era en diciembre de 2021 secretario general de los populares gallegos y diputado en la Cámara autonómica. No dudó entonces en vincular al BNG en sede parlamentaria con un comando de ETA: “Ana Pontón felicita la Navidad a Otegi en castellano. 'Feliz Navidad, Arnaldo, y dale recuerdos al Comando Barcelona”. El presidente del Parlamento, cuya labor suele inclinarse a favor de la derecha, no lo llamó al orden. Meses más tarde, el PP ha mostrado su indignación por las palabras de la diputada nacionalista Montse Prado en una comisión, cuando los tildó de “panda de psicópatas a la que no le importa nada lo que sufra la gente”.

A los juzgados también llegaron las palabras del alcalde de Vilanova de Arousa, del PP. Gonzalo Durán llamó “chacha para todo” a la presidente socialista de la Deputación de Pontevedra y la Audiencia Provincial dictaminó que tales declaraciones eran “vejatorias, sexistas y machistas”. Durán, condenado a una multa de 12 euros diarios durante un mes, anunció que recurrirá ante el Constitucional y, de no prosperar, al Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea.

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