La principal autopista de Galicia pide subir los peajes, pese a obtener los mayores ingresos desde el 2011

Vista de la AP-9 a su paso por Vigo

Autopistas del Atlántico (Audasa), propietaria de la AP9 (Ferrol-Tui), ha ingresado hasta el 30 de junio más de 365 mil euros diarios en peajes, hasta superar los 66,4 millones de euros, una cifra muy parecida a la del mismo período del 2017 (66,3 millones), segundo se puede ver en sus cuentas públicas depositadas en la CNMV. La empresa tuvo un beneficio antes de impuestos de 21,3 millones de euros, frente a los 26 millones del primer semestre de 2017.

En el conjunto del pasado año la compañía recibió 140,8 millones de euros por el cobro de peajes (385 mil euros diarios), su mejor registro desde el 2011. Esta cifra lleva cuatro años en ascenso y podría volver a aumentar en este 2018, si tenemos en cuenta la mejora de los datos ya registrada en el primer semestre, motivada por el incremento del tráfico y de las tarifas. En el segundo semestre del año los ingresos suelen ser mayores que en la primera mitad

Sin embargo, en el documento remitido a la CNMV, Audasa insiste en aclarar que peleará contra lo que considera "efecto negativo sobre la recaudación" tras la bajada de los llamados peajes en la sombra para abaratar el coste de los tramos A Coruña-A Barcala y Vigo-O Morrazo y la nueva fórmula de cálculo de las compensaciones, que considera que supuso un impacto negativo de 2,2 millones en sus ingresos en el primer semestre. Además de esta reclamación al Gobierno central, Audasa ha interpuesto otro recurso contencioso-administrativo para poder aplicar ya el aumento extraordinario en el 1% que le ha sido concedido por la ampliación del puente de Rande.

La autopista vertebra toda la comunidad desde finales de los 70 y los sucesivos incrementos en el precio de sus peajes llevan años generando críticas. En la actualidad, los 160 kilómetros entre A Coruña y Vigo, las dos principales áreas urbanas gallegas, tiene un coste de casi 16 euros.

La publicación de las cuentas de resultados de Audasa llega poco después de conocerse la venta de la mayor parte de las acciones de Itínere Infraestructuras (el grupo empresarial propietario de Autopistas del Atlántico) a la trasnacional Globalvía, controlada por tres fondos de pensiones sueco, británico y holandés. La operación se formalizará a finales de año. El principal atractivo económico de Itínere Infraestructuras para los fondos internacionales implicados en su gestión son los peajes gallegos. De hecho, de los casi 275 millones de euros facturados por Itínere durante el pasado 2017, más de 155 procedían de sus filiales gallegas, y casi 141 exclusivamente de la AP9.

Las cuentas del primer semestre llegan además en el contexto del debate sobre la transferencia a la Xunta de Galicia de las competencias sobre la autopista. En el Congreso de los Diputados están en marcha dos proposiciones de ley de En Marea. Y en el Parlamento gallego los grupos acordaron por tercera vez una proposición de ley -redactada inicialmente por el BNG- para formular la misma reclamación ante el Congreso -las dos anteriores las vetó el Gobierno de Rajoy-. Además, la transferencia está en la agenda de negociaciones políticas de la Xunta con el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Finalmente, el número de trabajadores y trabajadoras de la empresa no deja de descender. En el primer semestre del año el número medio de empleados y empleadas en la plantilla fue de 209, cuatro menos que el año anterior y muy lejos de los 290 de hace una década.

La concesión de la AP9 finalizará el 18 de agosto de 2048. Audasa mantiene la previsión de ingresar unos 9.541 millones de euros hasta el final de la concesión. Ocho autopistas construidas al mismo tiempo que la AP-9 volverán a la gestión pública en los próximos años. La AP-1 entre Burgos y Eibar (el 30 de noviembre de 2018) será la primera en terminar su concesión privada, exactamente 40 años después de su inauguración (1978). Sin embargo, ya en 2003 la AP-8 entre Irún y Bilbao -abierta en 1971- regresó a la gestión pública. La AP-4 entre Sevilla y Cádiz y la AP-7 entre Tarragona y Alicante (ambas el 31 de diciembre de 2019) serán las siguientes. Continuarán la AP-2 entre Zaragoza y Barcelona y la AP-7 entre La Jonquera y Tarragona (ambas el 31 de agosto de 2021). Todas ellas son vías que se inauguraron un poco antes que la AP-9, entre 1969 y 1978, aunque forman parte de ese primer impulso constructivo. En cualquiera caso, en todas ellas su concesión concluirá 20 e incluso 30 años antes que en la autopista gallega.

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