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Grupos conservadores de EEUU presionan para eliminar del censo a votantes ya inscritos

Un grupo de votantes en un centro de votación de Brooklyn en las elecciones de 2016 / AP-GTRES

Ed Pilkington

Nueva York —

En junio del año pasado, Luis –un residente de Virginia– se quedó pasmado al descubrir que su nombre y sus datos personales, incluida su dirección, habían sido publicados en internet por un grupo llamado Public Interest Legal Foundation (Fundación Legal de Interés Público, o Pilf).

Los datos de Luis habían sido publicados por el grupo, junto con cientos de otros nombres, como un apéndice de un informe de dos partes llamado Invasión extranjera. La portada mostraba a un platillo volante cerca de un cartel en el que el famoso eslogan “Virginia es para amantes” había sido modificado con photoshop por un: “Virginia es para extranjeros”.

Con lenguaje sensacionalista, Pilf argumentaba que había descubierto que “una gran cantidad de extranjeros se habían registrando ilegalmente en el padrón y habían votado”. El informe advertía: “Tu voto está en peligro. Cada mes nuevos votantes extranjeros se suman al padrón. Se deben hacer cambios urgentes para asegurarnos que sólo los estadounidenses elegimos a nuestros líderes”.

El único problema es que Luis, igual que decenas de otros residentes de Virginia que aparecían en la lista publicada por Pilf, no es extranjero. Nació en Los Ángeles y siempre tuvo ciudadanía estadounidense con derecho pleno al voto desde los 18 años.

Además, Luis es empleado federal del servicio de inmigración estadounidense. Y, sin embargo, allí estaba su nombre, en un informe en el que Pilf decía haber descubierto a más de 5.000 extranjeros en Virginia que habían votado 7.474 veces en total, siendo cada voto un delito grave.

La afirmación era profundamente inquietante para Luis. Al ser empleado federal, cualquier insinuación de actividad ilegal puede resultar en una investigación (por esta misma razón pide que solo se utilice su nombre y no su apellido).

Luis también se inquietó por los otros cientos de personas que también vieron su información personal –nombre, dirección y en algunos casos teléfono de la casa– publicada en los apéndices de los informes de Pilf. “Pensé que si mi nombre estaba en la lista y soy ciudadano estadounidense, ¿cuántos más estarían siendo acusados falsamente de ser votantes ilegales?”.

Invasión extranjera es uno de los ejemplos más alarmantes de un esfuerzo cada vez mayor de la derecha de presionar a las autoridades electorales del país para que excluyan a gente del censo electoral. A medida que se acercan las elecciones de mitad de legislatura, cada vez hay más en juego tanto a nivel nacional como estatal respecto a la participación electoral.

Los expertos en derecho electoral advierten que cientos de miles de votantes legales podrían encontrarse con obstáculos a la hora de votar en noviembre. Las comunidades afroamericana, hispana y otras minorías, así como los jóvenes, son especialmente vulnerables a estos obstáculos, ya que suelen experimentar más frecuentemente el tipo de traspié burocrático que pueden llevar a que sean excluidos por error del censo electoral.

Un estudio reciente realizado por el Centro Brennan para la Justicia concluyó que desde 2013, cuando la Corte Suprema estadounidense redujo drásticamente los controles contra la discriminación –principalmente en estados del sur del país–, ha aumentado dramáticamente la exclusión de votantes de los censos electorales. Las cifras son alarmantes: sólo entre 2014 y 2016, 16 millones de personas han sido eliminadas de los censos en todo el país.

Durante el gobierno de Donald Trump, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tiene el deber de proteger los derechos electorales de los estadounidenses, ha ido cambiando el enfoque y cada vez más se ocupa de políticas de exclusión al voto en lugar de promover la participación. El presidente en persona ha fomentado teorías de la conspiración sobre votantes “extranjeros”, alegando que en las elecciones presidenciales de 2016 hubo 3 millones de votos ilegales. Casualmente, esa es precisamente la ventaja que le sacó Hillary Clinton en el voto popular.

En junio, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hizo un guiño a la ola a esfuerzos de exclusión que se están realizando en todo el país al fallar a favor de una ley de Ohio que permite excluir a los votantes del censo simplemente por no votar en unas elecciones y luego no responder a la correspondencia oficial. Si otros estados siguieran el ejemplo de Ohio, el Washington Post calcula que millones de votantes legales estadounidenses que tienen derecho a participar en el proceso democrático podrían correr el riesgo de ser excluidos.

“Su objetivo es intimidar”

Pilf y su presidente, J Christian Adams, un antiguo funcionario del Departamento de Justicia, están al frente de esta ola. Justin Levitt, uno de los expertos en elecciones más prestigiosos del país que tuvo un importante cargo en la división de derechos civiles del Departamento de Justicia y que ahora es profesor de derecho electoral en Loyola, Los Angeles, afirma: “Pilf quiere eliminar personas de los censos electorales de una forma que no es de fiar. Y las personas pobres o en situación de vulnerabilidad corren mayor riesgo de ser excluidas de los padrones y luego se les puede dificultar volver a registrarse”.

Chiraag Bains, del grupo de defensa Demos, el cual ha monitoreado la actividad de Pilf y sus grupos aliados durante varios años, indica: “Su objetivo no es garantizar la seguridad de las elecciones, sino intimidar a la gente que va a votar. Están promoviendo purgas para impedir que votantes legales participen de nuestra democracia”.

A raíz de Invasión Extranjera, Pilf y Adams ahora han sido denunciados por difamación y por intimidación. La denuncia ha sido interpuesta en el tribunal federal de Richmond, Virginia, por tres demandantes: Eliud Bonilla, Luciania Freeman y Abby Jo Gearhart. Los tres fueron incluidos en la lista de “extranjeros” de Pilf, pero, al igual que Luis, son ciudadanos estadounidenses y tienen derecho pleno al voto.

Pilf sacó los datos para su informe del registro de “no ciudadanos” de Virginia, donde se incluye a aquellas personas cuyo derecho a voto está en proceso de verificación. Supervisores electorales han señalado que se puede incluir a una persona en ese registro por muchas razones, como por no responder cartas oficiales o por errores administrativos. En otras palabras, figurar en la lista no es una confirmación de que una persona no sea ciudadana.

En el caso de Luciania Freeman, por ejemplo, al parecer un funcionario la sumó por error a la lista al malinterpretar un documento de su vehículo.

La demanda contra Pilf señala que los tres ciudadanos fueron difamados bajo la ley de Virginia tras ser señalados como “extranjeros” que han votado de forma ilegal. La demanda también invoca una sección muy poco utilizada de la ley contra el Ku Klux Klan que se redactó originalmente para impedir que los miembros del KKK intimidaran a los afroamericanos que iban a votar.

“La intimidación a los votantes es diferente en la actualidad. Nadie necesita llevar una capucha blanca ni quemar cruces”, dijo Allison Riggs de la Coalición Sureña por la Justicia Social, que son los abogados principales del caso. “Ahora lo que se hace es acusar a la gente de delitos que no han cometido y se expone sus nombres públicamente: eso es una insidiosa forma de intimidación moderna”.

Pilf no ha querido hacer declaraciones sobre los pasos que ha tomado para verificar el estatus de las personas cuyos nombres publicaron. Sin embargo, Adams aseguró en un correo electrónico que su informe 'Invasión Extranjera' está justificado por la magnitud de fraude electoral que ocurre en las elecciones estadounidenses: “Los que niegan que hay fraude electoral y que los extranjeros están votando en masa y en cantidades inaceptables son como los que creen que la Tierra es plana”.

Sin embargo, importantes académicos no están de acuerdo con él. Varios estudios han concluido que “desde cualquier punto de vista, el fraude electoral es extraordinariamente inusual”.

El mes pasado, Adams intentó convencer a un juez de distrito federal para que desestimase la demanda, pero no pudo. En documentos judiciales, Pilf remarcó que todos los nombres que incluyeron en los informes provenían de registros electorales públicos.

J Christian Adams negó que Pilf esté buscando realizar purgas en el censo. “Nunca hemos hecho ‘purgas’. Lo que queremos es que los estados y los funcionarios electorales utilicen todas las herramientas a su alcance para que los censos sean correctos”, señala a The Guardian.

Pero Pilf, que a menudo trabaja junto a otras organizaciones similares de derechas como la Unión Americana de Derechos Civiles, Observatorio Judicial y Voto Legítimo, se ha enfocado en cientos de jurisdicciones electorales en los últimos años. El pasado septiembre, la organización envió una carta amenazando con iniciar acciones legales contra 248 supervisores electorales, acusándolos de manejar listas hinchadas.

Con la elecciones de mitad de legislatura a la vuelta de la esquina, se espera que los intentos de excluir a personas de los censos se intensifiquen. El propio Adams se rió cuando The Guardian le preguntó si la demanda le haría desistir de esfuerzos similares en el futuro. “¿Si nos han disuadido?” preguntó. “Para nada. En Pilf estamos redactando más informes, así que los esfuerzos por mejorar los censos de todo el país continuarán. No nos detendrán”.

En cuanto a Luis, también se ríe cuando The Guardian le pregunta si figurar en Invasión Extranjera le ha disuadido de votar. “Al contrario, quiero votar más que nunca”, afirma. “Normalmente no suelo votar en elecciones de mitad de legislatura, pero después de lo que me han hecho, este año por supuesto que voy a votar”.

Traducido por Lucía Baducci

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