Paremos el ataque a las personas dependientes
Además de las consecuencias directas sobre las vidas humanas, ¿qué es lo más deprimente del ataque del Gobierno a las personas con discapacidad? ¿Que creen que a muy pocas personas les importa? ¿Que consideran que las personas con discapacidad no son lo suficientemente significativas para que el Ejecutivo sufra consecuencias políticas? ¿Que los propios conceptos de seguridad social y estado del bienestar están tan difamados que cualquier recorte contará con el consentimiento masivo o incluso con la celebración de la sociedad? ¿Que creen que la protesta provocada por el denominado impuesto sobre el azúcar, alimentado por alguien famoso, eclipsará cualquier preocupación por un nuevo ataque contra las personas enfermas y discapacitadas?
Se calcula que los recortes del Gobierno a las ayudas a la dependencia (personal independence payment, en inglés, las ayudas que se dan a personas con discapacidad) casi alcanzarán los 4.400 millones de libras (unos 5.600 millones de euros) en 2020. Según el Instituto de Estudios Fiscales, 370.000 personas enfermas y discapacitadas perderán una media de 3.500 libras (en torno a 4.500 euros) al año. Hasta un tercio de los recortes en los presupuestos de Reino Unido saldrán del bolsillo de estas personas.
Al mismo tiempo, el Gobierno ha considerado conveniente ampliar el umbral para el tipo más alto de impuestos, que solo pagan el 15% más rico de los contribuyentes. Es una ayuda a los que ya tienen mucho dinero: una reducción del impuesto sobre el patrimonio solo es buena para los saldos bancarios de los que ya son ricos. Según estima un experto en asuntos fiscales, dos tercios de las plusvalías pertenecen al 5% más pudiente de los asalariados. El impuesto de sociedades –que es ya el más bajo de las economías del G20– se reducirá más aún.
Los recortes que sufren las personas con discapacidad, en otras palabras, se usarán para financiar las reducciones de impuestos que benefician a los más ricos, para tapar el enorme agujero en las cuentas públicas provocado por el fracaso de George Osborne en el cumplimiento de sus propios objetivos, y para lograr un improbable y totalmente arbitrario superávit en 2020. “El ministro de Hacienda está quitando a los discapacitados hasta 150 libras (unos 190 euros) a la semana para tapar su propio fracaso”, manifestó el líder laborista, Jeremy Corbyn.
Las personas discapacitadas viven en situaciones demasiado precarias en este momento. Aunque la tasa de pobreza oficial en este colectivo es del 23% –solo ligeramente por encima de la del resto de la población–, en 2014 el New Policy Institute calculó que, cuando se tienen en cuenta los costes adicionales, la cifra real está entre el 30 y el 32%. Pero esa vulnerabilidad genera poca compasión. Al contrario, se hacen cálculos fríos y duros. Hay más probabilidades de que los votantes mayores y más ricos vayan a las urnas, mientras que los beneficiarios de ayudas están dispersos por el país y es más posible que apoyen a los laboristas o que no voten a nadie.
Suena cínico. Pero consideremos la multitud de ataques a la calidad de vida de las personas discapacitadas en los últimos años. A principios de este mes, los parlamentarios conservadores votaron a favor de recortar las pensiones de incapacidad de 103 a 73 libras (de unos 130 a unos 90 euros), una acción que provocó duras protestas. La organización de esclerosis múltiple MS Society, por ejemplo, obligó al parlamentario conservador Kit Malthouse a renunciar al patronato de la fundación.
El candidato conservador a la alcaldía de Londres, Zac Goldsmith, también recibió las críticas de Richmond AID, la organización local de discapacitados que patrocina.
El año pasado se cerró por completo el independent living fund, un programa de 320 millones de libras (en torno a 410 millones de euros) dirigido a algunas de las personas con discapacidades más graves de Reino Unido. Su objetivo era que estos ciudadanos vivieran con apoyo en su casa y en su entorno local, en lugar de que los llevaran a centros especializados. El Gobierno, como siempre, tiene una justificación: era un sistema anacrónico, y su apoyo lo gestionan mejor las autoridades locales.
El Ejecutivo no solo ha asignado un presupuesto significativamente menor, sino que esos fondos reducidos no son finalistas. A medida que las autoridades locales afrontan continuos recortes profundos, no hay ninguna garantía de que haya suficiente dinero para apoyar a quienes lo necesitan desesperadamente. ¿Las consecuencias? Menos horas para cuidadores, lo que implica menos tiempo para que personas con discapacidades a menudo graves hagan el tipo de cosas que los demás damos por hechas, desde ir de compras hasta pasear por el parque.
El impuesto al dormitorio –una penalización a las familias que ocupan viviendas sociales y tienen una habitación desocupada– ya no recibe la misma atención que antes, quizá porque fue el recorte social en el que se centró la nefasta campaña laborista de las elecciones generales. Pero en torno a dos tercios de los hogares afectados tenían un residente discapacitado, a menudo con una habitación para un cuidador o adaptada a sus necesidades. Según un estudio del propio Gobierno, casi la mitad de esos hogares han tenido que reducir su gasto en alimentación, y el 78% se quedan habitualmente sin dinero al final de la semana o del mes.
También está el programa de evaluación de la capacidad para trabajar. El propio proceso genera estrés: las personas son obligadas a demostrar, a menudo contra medidas fallidas y arbitrarias, que de verdad tienen una enfermedad o discapacidad. A muchos que de verdad necesitan apoyo se lo han quitado, lo que les obliga a recuperar su seguridad social a través de un proceso de apelación.
Algunos se preguntan: ¿cuál es el problema de eso? Bueno, para muchas personas enfermas o discapacitadas, pasar por la situación de que les retiren el apoyo y tener que luchar para recuperarlo es muy traumático. Ha habido numerosos ejemplos de personas que han muerto después de que les hayan reducido o retirado el apoyo: entre diciembre de 2011 y febrero de 2014, por ejemplo, 2.380 personas murieron después de que las considerasen aptas para trabajar.
La verdad incómoda es que el Gobierno está financiando reducciones de impuestos para los ricos, y tapa sus propios fracasos económicos con dinero que les quita a las personas discapacitadas. Y cree que puede salirse con la suya sin gran repercusión. Una de sus esperanzas es que este colectivo sea simplemente invisible. Son más difusos que, pongamos, un grupo de trabajadores organizados. Su movilidad puede ser limitada, y les puede faltar dinero, lo que les dificulta viajar por ejemplo a Londres para protestar.
Hay excepciones llamativas. Personas Discapacitadas contra los Recortes, por ejemplo, ha organizado manifestaciones determinadas y combativas contra los ataques del Ejecutivo. Los activistas de este colectivo también han usado a menudo el mundo de las redes sociales con eficacia.
El Partido Laborista debe sin duda convertir este último ataque a los discapacitados en una prioridad política. Algunas informaciones señalan que incluso algunos diputados rasos conservadores rechazan aceptar este último golpe –después de todo, muchos de ellos tienen que ver a personas con discapacidad en sus consultorios–, y a menudo olvidamos que este grupo político tiene una mayoría escasa.
El hecho de que algunos parlamentarios tories estén nerviosos puede reflejar el debilitamiento de la aceptación pública de los recortes que golpean a los discapacitados. Los laboristas tienen que liderar una ofensiva pública con el objetivo de maximizar una rebelión conservadora, centrándose en ejemplos de personas afectadas por estos recortes. Las personas se identifican mejor con las historias que con las estadísticas.
El Gobierno se vio obligado a relajar los recortes a los créditos fiscales. Nuestra democracia tiene que demostrar que los derechos de las personas enfermas y discapacitadas importan. Hagamos que una nueva marcha atrás del Gobierno sea la prueba.
Traducido por: Jaime Sevilla
