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Menospreciaron la COVID-19 y alentaron concentraciones progubernamentales en Nicaragua: hoy están muertos

Un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud de Nicaragua durante la marcha "El amor en los tiempos del covid-19". EFE/Alberto González

Wilfredo Aburto Miranda

Managua —

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El 13 de marzo, mientras otros países ya impulsaban medidas de distanciamiento social para detener el avance de la pandemia de coronavirus, los líderes políticos de Nicaragua convocaron una serie de marchas y mítines a favor del gobierno bajo el lema “Caminata del amor en tiempos de la COVID-19”.

Uno de los participantes en los actos multitudinarios organizados en Managua fue Félix Bravo, doctor de la sanidad pública, que aparentemente antepuso su lealtad al Gobierno a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre los riesgos de las reuniones multitudinarias. Murió un mes y medio más tarde. Según la versión oficial, su muerte fue causada por “una neumonía atípica”, un diagnóstico que, según los médicos y epidemiólogos nicaragüenses, es utilizado habitualmente por las autoridades del país para ocultar el número de víctimas de la COVID-19.

Según el medio nicaragüense El Confidencial, entre el dos de mayo y el cinco de junio se han registrado al menos sesenta muertes en el partido que sustenta al Gobierno. Al menos 60 ministros, asesores, diputados, alcaldes, policías, exmilitares o secretarios políticos del FSLN han fallecido en el contexto de la covid-19.

El presidente del país, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, insisten en que Nicaragua ha evitado el avance del virus y la pandemia ha causado pocas muertes hasta la fecha. Sin embargo, en el último mes el virus parece haber penetrado en el círculo íntimo de la élite política del país. Al menos 20 prominentes sandinistas, entre ellos ministros, miembros de la Asamblea Nacional, asesores de alto nivel y un comandante de policía, han muerto tras mostrar los síntomas típicos de la enfermedad.

De hecho, a varios de los muertos se los acusaba de haber desempeñado un papel clave en la represión de un levantamiento popular contra el Gobierno sandinista en 2018, en el que murieron más de 300 personas.

Algunos de ellos habían llegado a afirmar abiertamente que la pandemia no representaba una amenaza. En marzo, las cámaras captaron a Edwin Castro y Wilfredo Navarro, dos diputados sandinistas de la Asamblea Nacional, burlándose de otros legisladores que acudieron a la sesión con mascarillas. Poco después, Castro estuvo ingresado en un hospital durante dos semanas con síntomas de coronavirus, y no ha sido visto en público desde entonces. Un primo de Navarro, Roberto Moreira, asesor parlamentario, ha muerto de esta enfermedad.

El Gobierno honra a sus muertos sin mencionar el virus

El Ministerio de Salud de Nicaragua afirma que en el país se han registrado 1.118 casos de coronavirus y 46 muertes. Sin embargo, algunas estimaciones independientes calculan que la cifra se acerca más a los 4.000 casos de coronavirus y un mínimo de 980 muertes.

El lunes pasado, más de 30 asociaciones de médicos del país publicaron una carta abierta en la que pidieron al Gobierno que decretara un “confinamiento nacional” de tres o cuatro semanas. En el comunicado alertaban de que “el aumento exponencial de los casos de COVID-19 ha causado el colapso de los sistemas de salud públicos y privados”.

Al día siguiente, Murillo mencionó a siete altos cargos sandinistas que han muerto o, según sus palabras, “han hecho el tránsito a otro plano de vida”. “Lo que queda es su legado, su valentía y sobre todo, el amor con el que sirvieron al pueblo nicaragüense en todo momento”, dijo.

Entre los muertos destacan dos importantes figuras sandinistas. El ministro de Telecomunicaciones, Orlando Castillo, fue sancionado por Estados Unidos el año pasado por “silenciar a los medios de comunicación independientes” después de que a raíz de una revuelta popular los periodistas fueran golpeados, acosados y detenidos. También estaba en la lista Orlando Noguera, alcalde de Masaya, que durante el levantamiento dio órdenes a soldados y paramilitares encapuchados para armar un brutal contraataque contra los rebeldes que empuñaban morteros y que durante meses se hicieron con el control de la ciudad.

En su panegírico a los altos cargos fallecidos, Murillo no mencionó la causa de las muertes. Sin embargo, en declaraciones a The Guardian, fuentes médicas señalaron que Castillo y Noguera murieron en el área del hospital donde se atienden a los pacientes con síntomas de COVID-19.

Noguera fue enterrado sin demora en Masaya, en una ceremonia privada en la que los sepultureros usaron equipos de protección personal y siguieron un patrón de “entierros rápidos” en los que las víctimas del coronavirus son enterradas a puerta cerrada.

En su discurso de elogio a los líderes fallecidos Murillo también mencionó a Olivio Hernández Salguera, jefe de seguridad pública de la policía nacional que contribuyó a organizar la represión contra los manifestantes de la oposición, y a la jefa del sindicato y diputada Rita Fletes, que una vez se describió a sí misma como “la hija de Daniel Ortega”.

Las muertes de destacados líderes sandinistas representan una tragedia para sus familias, pero algunos activistas de la oposición las consideran una especie de “justicia divina”. Coincidiendo con el entierro de Noguera, algunos opositores en Masaya prendieron cohetes y petardos para celebrar la muerte de un hombre al que acusaban de haber organizado la campaña de represión de la ciudad. “La pandemia de la COVID-19 ha impartido la justicia que nunca vieron todos mis hermanos que fueron asesinados en 2018”, afirmó un vecino.

Traducido por Emma Reverter

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