Ecologistas en Acción cifra en 24.000 euros el coste del metro cuadrado de zona verde de las obras de M-30

El coordinador de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, ha recordado que la obra de soterramiento de la M-30 emprendida por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón fue “ilegal”, como acredita el tribunal contencioso-administrativo 22 de Madrid. Lo fueron por la falta de declaración de impacto ambiental. Además, los cálculos de Ecologistas en Acción cifran en 24.000 euros el metro cuadrado de zona verde fruto de estas obras. “Un poco caro para un parque”, ha ironizado. Segura ha declarado que Madrid necesita zonas verdes pero es “tremendo y carísimo” que se consigan “enterrando carriles”.

Segura ha sido el primer compareciente en la comisión de investigación sobre la situación económico-financiera de la empresa Madrid Calle 30. Allí, con la presencia de todos los grupos políticos, incluido el PP --no estuvo presente en la comisión de investigación sobre la venta de viviendas de la EMVS a 'fondos buitre'-- ha detallado que Ecologistas presentó recursos nada más conocerse el proyecto de gobierno, en 2005.

Los recursos llegaron al tribunal contencioso número 22, que elevó una consulta prejudicial al Tribunal Europeo de Justicia “para curarse en salud”, que señaló en julio de 2008 que había que someterse a una declaración de impacto ambiental. Con esta información, el juzgado número 22 falló en octubre de 2008 admitiendo todos los términos de la denuncia de Ecologistas. El Ayuntamiento recurrió y fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el que ratificó en 2011 la sentencia del juzgado 22.

“Las obras vulneraban la legislación de declaración de impacto ambiental, la ley de patrimonio artístico e histórico... Planteamos recursos que llegaron a buen término y se demostró que esa obra había sido ilegal”, ha remachado. Se llevó a cabo por el Ejecutivo del PP “burlando” la ley mediante la “estrategia del salchichón”, por la que se troceó administrativamente la vía de circunvalación en una veintena de tramos, como si fueran “lonchas”, ha añadido.

La ley en vigor entonces, tanto la europea como la estatal y la autonómica, requería que estos trabajos fueran acompañados por una declaración de impacto ambiental, con la que no contó. Así, la norma europea y estatal establecía que esta declaración se tenía que presentar en actuaciones en tramos de carreteras de más de 10 kilómetros. La de la Comunidad era más restrictiva y bajaba ese nivel a 5 kilómetros.

Estrategia del salchichón

“Esta obra, que afectaba a toda la M-30 para aumentar un 25 por ciento su capacidad, superaba con creces esos kilómetros. Lo que se hizo fue la 'estrategia del salchichón' troceándola en veintitantos tramos, por lonchas”, ha lanzado. “La sentencia dice que un mismo proyecto no se puede trocear. Aunque se le cambie el nombre (de carretera o vía de circunvalación a calle) necesita declaración de impacto ambiental”, ha explicado.

La declaración de impacto ambiental “puede decir que una obra no se puede hacer si, por ejemplo, los impactos en el medio ambiente son más perjudiciales que beneficiosos”, ha añadido. “Eso fue un 'trágala' decidido por un departamento” y con un elevado coste económico --el Gobierno municipal de entonces lo cifró en 10.400 millones de euros--. “El Ayuntamiento ha ido ocultando gastos”, ha reprochado, después de decir que esto “ha hipotecado la ciudad unas cuantas generaciones”. En cuanto a la ley de Patrimonio Histórico, Segura ha puesto sobre la mesa la afección a las terrazas del Manzanares la presencia de tuneladoras de 14 metros de diámetro.

'Curiosos' problemas en las estaciones de medición

Francisco Segura ha puesto el acento, por otro lado, en que las obras generaron un “repunte de la contaminación” alcanzando niveles récord. “Curiosamente algunas estaciones de medición de calidad de aire de la zona se estropearon”, ha ironizado el representante de Ecologistas. Y es que las obras pretendían, y lo hicieron, aumentar en un 25 por ciento la capacidad de la vía de circunvalación cuando “la mejor estrategia para reducir la contaminación es sacar los coches del centro”. “El mensaje era que se acudiera en coche, que se podría circular mejor”, ha criticado.

Otra de sus críticas se ha centrado en las molestias generadas a los vecinos durante dos años, quienes vivieron una auténtica “tortura”. “Hay gente que, por sus limitaciones, no pudieron salir de sus casas durante seis meses porque no había ni aceras. Era un escenario de guerra tras un bombardeo. La gente no pudo abrir las ventanas en verano por el ruido y el polvo y tuvo que irse de sus casas durante meses”, ha declarado.

Todo ello sin olvidar los “acelerones” en las obras para “inaugurar antes de las elecciones”, la misma razón que ha dado para que el entonces Gobierno municipal se saltara la declaración de impacto ambiental. “Nos costaron caros esos acelerones”, con tres turnos de trabajo para que las máquinas funcionaran las 24 horas en unos trabajos durante los cuales “fallecieron cinco o seis personas, fruto de la presión que se dio”.

Sin 1.500 millones de ayudas

El Ayuntamiento de Madrid se quedó sin los 1.500 millones de euros de crédito del Banco Europeo de Inversiones en condiciones preferentes por la falta de declaración de impacto ambiental en las obras de la M-30, ha apuntado este martes el abogado que defendió ante los tribunales lo que el PSOE consideraba “fraudes de ley” en los trabajos de soterramiento y ampliación de la M-30, Manuel de la Rocha.

De la Rocha ha recordado las denuncias en el Parlamento y en la Comisión Europea, que abrió un expediente administrativo al Ayuntamiento por incumplimiento de la directiva en materia de evaluación ambiental. “Cuando la Comisión Europea abre expediente por este problema ambiental (la falta de la declaración de impacto) acordó suspender el préstamo preferente concedido al Ayuntamiento de Madrid por 1.500 millones de euros para la ejecución de la obra”, ha manifestado.

Luego el Ayuntamiento renunció y se los pidió a otras fuentes. Las condiciones preferentes pasaban por tipos de interés “muy bajos”. La portavoz socialista de Desarrollo Urbano Sostenible, Mercedes González, ha apuntado que tener que recurrir a otras fuentes de financiación supuso un sobrecoste para el Consistorio de 75 millones de euros.