El Gobierno que viene en Madrid: rebajas de impuestos, protección a la escuela concertada y una posible entrada de Vox

Los candidatos de Ciudadanos y PP, Ignacio Aguado e Isabel Díaz Ayuso. / EFE / Fernando Alvarado

El PP celebró hasta altas horas de la madrugada del domingo su resultado electoral. Pero este lunes, desde primera, las entrevistas en radio, televisión y prensa empezaban a mover las piezas del puzzle que tendrá que encajar la derecha en la región para poder componer un Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso, la candidata con más posibilidades de llegar a la Puerta del Sol.

Dos modelos en siete programas: un vistazo a las propuestas de los partidos para ganar Madrid

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Los conservadores se enfrentan a un escenario nuevo. Cuatro meses después del pacto en Andalucía, la factura que hay que pagar por lograr el respaldo de Vox y sus 12 escaños es mucho más alto: la formación de extrema derecha ya no quiere dar sus votos a cambio de un acuerdo de investidura y exige su parte del trato. Un trozo del Gobierno. "Esta vez va a ser distinto. Nosotros ya hemos hecho un ejercicio de generosidad, de sacrificio. En proporción a nuestra fuerza en cada sitio, así debería ser la participación de Vox en la política local y autonómica", ha avanzado el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros.

Esta escalada de exigencia –cristalice o no al final– fuerza a PP y Ciudadanos, cuyos programas electorales tienen muchos puntos en común, a contar también con un tercer invitado incómodo que en campaña ha declarado la guerra a las ley LGTBI aprobada por el PP o a la ley autonómica contra la violencia de género de 2005; que lleva en su programa electoral el cierre de Telemadrid o que quiere que la Consejería de Sanidad utilice los datos de pacientes en situación irregular para identificarlos.

La negociación entre PP y Ciudadanos no parece, a priori, muy complicada porque sus programas electorales encuentran muchas coincidencias. Comparten políticas mollares como las rebajas de impuestos en la región sin importar el nivel de renta, la especial protección a la escuela concertada con dinero público, el impulso al sistema bilingüe diseñado por Esperanza Aguirre, la posibilidad de elegir colegio o centro de salud, la "colaboración público-privada" en la sanidad o nuevas ampliaciones de la red de Metro. Políticas continuistas respecto a lo que lleva haciéndose durante años en la Comunidad de Madrid.

El partido llamado a liderar las negociaciones, el PP, sí propone algunos saltos más pronunciados para dotar a Díaz Ayuso de un perfil propio. Como la ampliación de los conciertos educativos a Bachillerato para financiar esta etapa no obligatoria en centros privados -la Comunidad de Madrid ha mantenido perfil bajo en este asunto durante cuatro años- o una advertencia en el programa electoral contra el "adoctrinamiento" en los colegios. "Los poderes públicos deben garantizar el derecho a los padres a que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias convicciones, a fin de evitar de evitar cualquier tipo de adoctrinamiento".

En general, los programas son tan similares en lo esencial -se asientan sobre la misma lógica liberal- que el PP lleva acusando toda la campaña a la formación de Rivera de "copiar" sus propuestas. Esta sintonía también se explica con otro hecho: los dos partidos han negociado durante toda la legislatura cada uno de los presupuestos anuales de la Comunidad de Madrid, donde Ciudadanos también ha dejado su impronta forzando al Gobierno regional a introducir medidas como la gratuidad de las escuelas infantiles de cero a tres años.

Vox se mueve en ejes parecidos en estas materias: también apuesta por la baja fiscalidad, por la libertad de elección de las familias del centro educativo de sus hijos (en este caso a través del cheque escolar) y, de forma mucho más explícita, por la apertura del sistema sanitario a las empresas privadas para reducir las listas de espera, por ejemplo. Aunque podrían abrir, como han anticipado en campaña, brechas ideológicas en cuestiones como la ley LGTBI aprobada por el PP, que han atacado constantemente en campaña por "adoctrinar" a los niños y niñas, o la ley de violencia de género, en vigor desde el año 2005.

La violencia machista es, sin embargo, un problema por el que los programas de los tres partidos pasan bastante de puntillas. Vox niega que exista; el PP se refiere a él como "violencia doméstica" y Ciudadanos es el único que lo menciona como una violencia específica de los hombres hacia las mujeres, aunque tampoco propone grandes medidas. Más allá de abrir 24 horas los puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género o crear instalaciones en los juzgados para que la víctima no tenga que ver a su agresor.

La lógica dice que Vox atemperará sus líneas rojas, que pasan por extremos tan extravagantes como transferir todas las competencias de Educación y Sanidad al Estado, para lograr tocar poder en Madrid. Habrá puntos de fricción, eso seguro, y cómo se resuelvan medirá la capacidad de negociación de los interlocutores para no ceder ante la extrema derecha.

Ciudadanos no ha mencionado el caso de Madrid, donde aspira a la vicepresidencia y un puñado de consejerías, pero abre la puerta a negociar, con el PSOE incluido, "territorio a territorio" dejando claro en cualquier caso que su socio preferente es el PP. Así que, desde este lunes, la aritmética que ha salido de las urnas obliga a Díaz Ayuso y Aguado a aparcar la guerra librada en la campaña y emplazarse a iniciar conversaciones.

El Ayuntamiento de Madrid es otra plaza que exigirá de pactos. El PP, como líder del bloque de derechas, tratará de conseguir un acuerdo con Ciudadanos y Vox. Aunque los segundos no han cerrado la puerta al PSOE. Aquí para conseguir una mayoría alternativa a la izquierda (PSOE-Ciudadanos) se necesitaría no solo la abstención de la candidatura de Carmena sino algún voto a favor.

En este caso, el tiempo apremia: el día 15 de junio es el plazo límite para investir al alcalde o alcaldesa de Madrid. Para la primera investidura en la Asamblea, el reglamento deja un poco más de margen hasta el 3 de julio. De momento, Ciudadanos y PP ya han constituido en apenas horas sus comités de pactos con cargos nacionales de confianza que decidirán los acuerdos y supervisarán las negociaciones en los territorios.

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