10.000 euros de recorte salarial y “sin posibilidad de ascenso”: un funcionario denuncia represalias por alertar de la corrupción del PP de Madrid

“Han cercenado mis posibilidades de ascenso laboral”, dice Enrique López en conversación con eldiario.es. Este funcionario de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid denuncia haber estado sometido a acoso laboral desde que el pasado noviembre declarase en la Audiencia Nacional sobre la cláusula del 1% que los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González incluyeron en los contratos públicos, y que ahora investiga el juez José Manuel García Castellón en el marco de la trama Púnica, un caso de corrupción sobre el desvío de fondos al Partido Popular de Madrid y a las cuentas personales de algunos políticos.

López es uno de los funcionarios que en 2013 firmó como presidente de la Junta de Personal (el equivalente a un comité de empresa de los trabajadores públicos) dos cartas dirigida al entonces consejero de Transportes en la Comunidad de Madrid, Pablo Cavero, denunciando esa cláusula. Declarar ante García Castellón sobre lo que vio y le contaron sus compañeros como representante de los trabajadores le ha costado, de momento, una baja por estrés laboral y una destitución de su puesto con una reducción salarial de 10.000 euros al año.

Los hechos se remontan a septiembre. Tal y como publicó eldiario.es entonces, funcionarios de la Consejería de Transportes, en su mayoría ingenieros, encontraron pruebas de la supuesta malversación que suponía la cláusula del 1% y, a principios de 2013, enviaron dos cartas denunciando los “pagos exigidos a determinados adjudicatarios de obras” al menos desde 2009, al entonces consejero de Transportes de Madrid, Pablo Cavero. Posteriormente, mantuvieron una reunión con su número dos, Borja Carabante, actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid que preside José Luis Martínez-Almeida. Todas aquellas alertas fueron ignoradas, y negadas, aunque a los pocos meses la cláusula desapareció de los contratos.

López fue llamado a declarar ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) días después de la información desvelada por este diario como uno de los firmantes de las misivas. Y ya en noviembre, el trabajador público amplió su declaración ante el juez García Castellón, que le había citado como testigo tras una petición de la Fiscalía Anticorrupción. Es obligación de cualquier ciudadano acudir a una citación judicial si se es requerido a declarar como testigo, como fue el caso de López.

El funcionario ratificó ante el magistrado las sospechas que entonces tenían los directores de obra, que manifestaron ante la Junta de Personal su miedo a que se les estuviese obligando a certificar gastos irreales, pues comprobaron que algunas de esas campañas de publicidad que los gobiernos de Aguirre y González obligaron a pagar a las constructoras no se estaban realizando.

Destitución del cargo

Enrique López trabajó en la Consejería de Transportes en la división de Carreteras hasta febrero de 2019, cuando se postuló para un puesto de rango superior en la Agencia de Vivienda Social que ganó. Desde diciembre de 2018 ocupaba el cargo de servicio de supervisión de proyectos de la Agencia de la Vivienda Social hasta el pasado mes de junio cuando fue destituido.

La Consejería de Transportes y Vivienda se dividió en dos en agosto de 2019 tras el acuerdo de coalición entre PP y Ciudadanos, y desde entonces el departamento de Vivienda lo dirige el consejero David Pérez, el que fuera número dos de Isabel Díaz Ayuso en la candidatura a las elecciones autonómicas de 2019, muy cercano a Esperanza Aguirre.

Tras su declaración en la Audiencia Nacional, este funcionario, ingeniero de profesión, comenzó a recibir un trato diferente en el trabajo por parte de un superior, asegura. En enero de 2020, López presentó una denuncia interna ante la Consejería atendiendo al protocolo por acoso laboral de la Comunidad de Madrid en la que relató situaciones de acoso y discriminación por parte de sus superiores.

“Antes de tomarme las vacaciones de Navidad me encontraba desconcertado, superado por la situación . Comencé a tener ansiedad y empecé a cometer errores. La información la controlaba él y no se comunicaba conmigo. Luego la probabilidad de error era muchísimo mayor”, relata López en la denuncia a la que ha tenido acceso eldiario.es.

“La situación ya era sofocante. Me fui de vacaciones con un cuadro depresivo importante que ha afectado a la relación con mi familia, me ha producido problemas digestivos, dificultad para conciliar el sueño y, sobre todo, baja autoestima”, detalla.

La denuncia fue admitida a trámite, según ha podido comprobar este diario, pero López acabó retirándola ante las peticiones de sus superiores que le prometieron que los problemas desistirían, asegura. Pero las situaciones incómodas continuaron y este funcionario acabó presentando de nuevo otra denuncia el 17 de febrero ante el órgano de la Comunidad de Madrid que finalmente fue inadmitida a trámite.

“Lo más indignante es que mi presunto acosador ha sido promocionado a Subdirector y a mí, como víctima, se me pretende alejar de mi puesto de trabajo y del área a la que pertenezco, por lo que yo acuso a las personas que presuntamente están o han intervenido, para que se lleve a cabo esta tropelía dado que en lugar de solucionar el problema están intentando taparlo, además de, represaliando a la víctima”, asegura López en su denuncia.

Este trabajador público se acogió entonces a una baja por acoso en febrero y no volvió a su puesto hasta mayo. “Acabo en una baja por estrés laboral y mi sorpresa es que cuando me reincorporo me informaron de que había sido destituido de mi cargo”. López fue devaluado a un puesto de categoría inferior en el que cobraría caso 10.000 euros menos anuales en una orden ejecutada el 9 de junio.

Desde la Consejería de Vivienda aseguran a este diario que su relevo se produce porque no cumplía con los trabajos que se le encomendaban. “No ha cumplido con las labores que se le habían encomendado es el jefe de área, su superior directo, quien decide que tiene que ser cesado”, asegura un portavoz de la Consejería que dirige David Pérez, que defiende que su declaración ante el juez de la Púnica “no guarda relación” con su destitución.

No es la primera vez que López es destituido de un cargo por alertar de las prácticas irregulares de los gobiernos de Aguirre y González. En 2015, justo cuando el actual concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, fue confirmado para las listas municipales que encabezaba entonces Esperanza Aguirre al Consistorio de la capital, este funcionario fue destituido y relegado de su cargo en la Consejería de Transportes por orden de Carabante, entonces viceconsejero y con el que los funcionarios se reunieron para denunciar las prácticas del 1% en los contratos públicos. “Fue Carabante personalmente quien se encargó de destituirle”, dice otro trabajador público de la consejería a elDiario.es.

Ley del defensor del denunciante de corrupción

El vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio Aguado, de Ciudadanos, anunció en noviembre el inicio del trámite para poner en marcha la ley del Defensor del Denunciante de Corrupción Política de la Comunidad de Madrid. El anteproyecto de este texto legal –que ya había presentado Ciudadanos como propuesta en la pasada legislatura en la Asamblea– pasaba así a consulta pública para más tarde ser aprobado por el consejo de Gobierno y remitido a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación, unos trámites que han sido interrumpidos por la pandemia, aseguran fuentes del departamento de Aguado.

La cláusula del 1% en la obra pública de la Comunidad de Madrid, que obligaba a las empresas adjudicatarias a destinar ese porcentaje a publicidad, se extendió a todo tipo de contratos públicos. Tuviera sentido o no. No solo se reservaba una partida de fondos públicos para anunciar hospitales o carreteras, los Gobiernos de Esperanza Aguirre generalizaron de tal manera su propaganda que se pagaron fondos públicos incluso para publicitar meros trámites administrativos. Lo demuestra un documento al que tuvo acceso eldiario.es y que prueba que la cláusula se incluyó incluso en contratos a empresas que se dedicaban a la redacción de proyectos.

Las empresas que se llevaban ese 1% de los contratos públicos eran escogidas a dedo por el PP: no había ningún concurso previo, aseguran los funcionarios. Su tesis coincide con la del magistrado que investiga la trama Púnica en las piezas que aluden al desvío de fondos públicos hacia el Partido Popular. Fueron los Gobiernos de Aguirre primero y después el de González quienes decidieron qué empresas de comunicación cobrarían ese porcentaje de la contratación pública.

Varias adjudicaciones de diferentes consejerías están siendo fiscalizadas, entre ellas Sanidad, Transportes y Hacienda. En el último auto judicial, García Castellón describe un desfalco de 3,07 millones de euros de las arcas públicas a través de estos supuestos contratos de “publicidad simulada” por la construcción de hospitales y centros sanitarios.