La fundación ligada a la Iglesia que cerró una venta millonaria y arrastró con ella a 200 familias denuncia a sus exdirectivos
Fusara, la fundación dependiente del Arzobispado de Madrid que en 2019 vendió parte de su patrimonio a un fondo inmobiliario y dejó a su merced a 200 familias inquilinas, ha denunciado a sus antiguos directivos. El entramado judicial que rodea a esta y otras dos corporaciones vinculadas a la Iglesia Católica, salpicadas en el caso Fundaciones, da así un nuevo paso en su recorrido por los tribunales: el patronato vigente ha presentado un escrito de acusación ante el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, por el que pide 12 años de cárcel y 108.000 euros de indemnización para el exdelegado episcopal de fundaciones del Arzobispado, David López Royo, y otros dos miembros de la cúpula en el momento de la venta; así como otros tres intermediarios externos.
La dirección actual de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), a través de su equipo legal, ha calculado un “perjuicio económico” de 8,6 millones de euros por las comisiones que cobraron los investigados por la venta de 14 edificios en pleno centro de Madrid a la sociedad privada Tapiamar –un entramado de sociedades inmobiliarias recién creadas y domiciliadas en casa de la hermana de Alejando Agag, yerno del expresidente José María Aznar– y otro terreno en Valdebebas cuando tres de los seis acusados formaban parte del patronato.
La venta se efectuó el 30 de julio de 2019 por 74 millones de euros, de los que Tapiamar puso solo la mitad. Acordaron con Fusara que los 37 millones restantes se abonarían a lo largo de un año, pero el Registro de la Propiedad detectó irregularidades en el proceso y paralizó la inscripción de compra para cinco de esos inmuebles, congelando también el segundo pago de Tapiamar. El antiguo equipo gestor había destinado buena parte de esa cantidad a adquirir unos terrenos de Metrovacesa (otra promotora inmobiliaria) en Valdebebas, y es esa reinversión de fondos lo que ahora les reprochan desde la nueva directiva.
La acusación particular que ejerce Fusara sostiene, por un lado, que los edificios se vendieron “ignorando tasaciones superiores” y por el espacio en Valdebebas, adquirido por 47,6 millones de euros, se ofreció un 50% más de su valor de mercado. En las gestiones participaron varios miembros del bufete de abogados del grupo Chávarri, cuyo presidente Antonio Chávarri es considerado indiciariamente el “máximo responsable de toda esta operación”, según un auto del 30 de mayo de 2023 en el que el juez de Instrucción, Jaime Serret Cuadrado.
Un plan para “lucrarse” con operaciones innecesarias
El magistrado consideró probable que el empresario “diseñara” un plan “para lucrarse” impulsando a tres fundaciones canónicas para que “vendieran sus inmuebles sin necesidad”. Se investigan indicios de delito de estafa, corrupción entre particulares y administración desleal. Además de Fusara, la de la Santísima Virgen y San Celedonio o la Fundación Padilla también se han visto salpicadas por todo este caso, que va más allá de la venta bajo sospecha de estos 13 inmuebles, uno menos desde que otro acuerdo entre Tapiamar y Fusara el pasado 30 de julio obligara a los primeros a pagar un 54% más de lo acordado inicialmente para satisfacer las pérdidas de su mano y que Fusara retirara la acusación particular contra ellos, como terminó ocurriendo.
Además, acordaron devolver uno de los 14 edificios que les vendieron años atrás, el de la calle del Barquillo (distrito Centro). El Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, que investiga el caso, ha levantado además las medidas cautelares impuestas sobre la venta y que impedían a Tapiamar meter mano al edificio. También ha rechazado recientemente la petición de un grupo de vecinos afectados para ampliar la querella e incluir también al patronato actual de la fundación, pero finalmente se mantendrá solo contra sus antiguos miembros y el resto de sospechosos vinculados al grupo Chávarri.
Entre las 200 familias inquilinas cuyo futuro depende ahora de Tapiamar, muchos siguen en vilo ante el temor de que cambien las condiciones de su contrato o traten de expulsarles. La abogada de la asociación de afectados por la venta en el proceso judicial, Mónica Sevil, es también una de las personas que viven de alquiler en alguno de estos bloques de vivienda y defendió desde el primer momento la “imposibilidad de venta” para esos inmuebles, tal y como en su día explicó a Somos Madrid. No obstante, Fusara desmiente que sus principios fundacionales impidan vender su patrimonio, donado en su día para fines benéficos.
El juez acaba de desestimar la solicitud de los inquilinos para incluir a la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio en la investigación. Respecto del resto de los investigados (David López Royo, Antonio Chávarri, Manuel Fernández Clemente, Antonio Naranjo, Julio Lage, Jesús Merino y Roberto de Juan), la Sala confirmó que existen indicios de criminalidad y se tramitará para un juicio oral.
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