El 3 de abril de 2019 mi hijo se volvió a partir algunos de sus dientes jugando al fútbol, mientras se convalidaba el Real Decreto de Vivienda publicado en el BOE el 5 de marzo de 2019. Menos mal que eran de leche, pensé después, mientras limpiaba la sangre y seguía en directo la Comisión Permanente que se celebraba en el Congreso.
El caso es que, entre el fragor de la sangre, atendiendo a mi hijo y viendo qué sucedía en Madrid, leí mal una noticia y mandé un mensaje a diversos diputados, pensando que iban a votar para tumbar un Real Decreto de Vivienda “ómnibus” que incluía una disposición que permitía soterrar Murcia. No podía caer, porque la Región importa. Soy regionalista, qué le voy a hacer (y las dos capitales vascas importan más, aprendí después).
Meses antes nos habíamos reunido con Pedro Saura, quien nos había avisado de que, con la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público —que regulaba los convenios sobre infraestructuras—, el soterramiento era inviable e irrealizable, y que lo único que se podía hacer era lo que había pretendido el Partido Popular: la continuidad en superficie tras la estación del Carmen. Para ello contaban con una Declaración de Impacto Medioambiental que permitía las catenarias pasando por el barrio más fiel al Partido Popular de la ciudad de Murcia: Barriomar.
La reunión fue tensa, pues en ella se evidenciaba un problema legal que habíamos intuido y que el PP había negado en las reuniones, excepto quizá aquel fiscal que fue consejero y luego dimitió (diciembre 2014). Saura nos lo explicó con claridad: la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público no permitía un convenio tan largo y lo hacía irrealizable, algo que afectaba tanto a Murcia y como, aprendimos después, al País Vasco, por lo que había que cambiar la Ley si querían poder hacer infraestructuras como esas.
En la reunión quedó claro que ellos pretendían llevar aquello a una nueva legislatura porque pensaban que iban a ganar y, en todo caso, visto con tiempo, era una baza para negociar con el PNV, algo que nosotros no teníamos nada claro. Jugábamos en tiempo de descuento y nos negamos a ello, indicando que, a punto de celebrarse unas elecciones (abril 2019), no les convenía una manifestación por el soterramiento frente a Delegación. Darle continuidad al proyecto del Partido Popular con una llegada soterrada a Santiago el Mayor no era la solución, y así se lo dijimos, porque no suponía cumplir con el soterramiento prometido. Desde el principio, el soterramiento tenía que ser completo y llegar hasta Nonduermas, y así lo había expresado la ciudadanía. No íbamos a ceder en ese punto.
Según la información publicada, la presunta mordida de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán se refiere al tramo cuya licitación ya estaba lista en junio de 2018, según el Partido Popular, y organizada por el ministro anterior, Íñigo de la Serna (noviembre de 2016 – 7 de junio de 2018), del PP. Recordemos que la moción de censura se negoció y se puso en práctica entre el 31 de mayo y el 1 de junio de 2018, y que el tramo de la presunta mordida salió licitado el 9 de agosto de 2018 y fue adjudicado el 28 de mayo de 2019.
Según indica el Partido Popular, que por cierto el senador Bernabé ha reiterado y pueden comprobarlo en las hemerotecas, el único cambio del PSOE con respecto al proyecto del PP en aquella licitación de junio de 2018 era que no había llegada del AVE en superficie ni su continuidad hacia la estación de Nonduermas, lugar donde estaba previsto hacerle su estación dormitorio, pasando en superficie, pero, en suma, aquella licitación para ellos era el soterramiento y así lo han venido a repetir una y otra vez a quien ha querido oírlos.
Ahora bien, aquella licitación no era el soterramiento, porque —como he explicado al principio de este artículo— los problemas eran otros y de diverso calado. El primero era que, para soterrar lo definido en el convenio, se necesitaba una nueva adenda. Y, en segundo lugar, que esta adenda estaba limitada por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que no permitía que los convenios tuvieran tan larga duración, por lo que había que cambiar mediante la disposición adicional tercera del Real Decreto de Vivienda publicado en el BOE el 5 de marzo de 2019 la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
El problema era doble: por un lado, requería negociar en Murcia, y por el otro, hacerlo en Madrid para convalidar el Real Decreto. El Partido Popular no quería que la obra se hiciera, en parte porque eso suponía alterar su licitación que ahora es de otros y se negaba a firmar la nueva adenda al convenio, aprobada por el Consejo de ministros el 22 de marzo de 2019, amparándose en las limitaciones de la Ley de Hacienda Regional, que le impedían avalar el soterramiento. Esta situación de bloqueo obligaba a cambiar la legislación regional, y que la reforma se hiciera por lectura única.
Esos días fueron de verdadera locura. Al final, tras negociaciones a diversas bandas, logramos el 27 de marzo de 2019 que el PP —gracias a que estaba en minoría— admitiese en Junta de Portavoces de la Asamblea Regional discutir una proposición de ley de Socialistas, Podemos y Ciudadanos para cambiar la Ley de Hacienda. Esta se negoció y fue aprobada el viernes 29 de marzo de 2019, logrando así poder firmar el convenio para soterrar, algo que saludé saltando desde el exterior del Patio de las Regiones.
Con aquel cambio, la adenda seguía adelante, pero quedaba un segundo paso para lograr que el soterramiento completo fuese una realidad: que se convalidase el cambio de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público mediante un Real Decreto “ómnibus” de Vivienda, que incluía en su disposición adicional tercera una modificación del artículo 49 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, referido a los convenios de infraestructuras, pues si caía este todo se diluía.
El Real Decreto fue convalidado el mismo día que mi hijo se partió un trozo más de sus piños —el 3 de abril de 2019— y yo mandaba mensajes quejándome a los miembros de la Permanente. Ese cambio permitió el soterramiento con el Estudio Informativo del “Proyecto de Remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la Ciudad de Murcia”, aprobado el 29 de julio de 2019, que es en el que se basa el soterramiento completo de la ciudad que sería licitado y adjudicado con posterioridad.
Mirando atrás, negarnos a que el AVE llegase en superficie y continuara hacia Nonduermas, a pesar de que, según ellos y sus técnicos, las obras se podían hacer con él pasando en superficie, fue una buena idea. El tiempo nos demostró que teníamos razón: las obras no se podían hacer sin parar el tráfico, era todo muy estrecho, y con un pájaro con catenaria moviéndose por allí, todos sabemos que la continuidad del soterramiento no se hubiera realizado. Máxime teniendo en cuenta que la siguiente presunta mordida —de la que sí hablan en Andalucía, pero callan ciertos periódicos regionales— tiene que ver con el corredor y corresponde al tramo Pulpí–Vera.
La complejidad del soterramiento de la ciudad de Murcia, la cantidad de cosas que hubo que negociar en algo parecido a un circo de tres pistas, hace que mucha gente, incluidos periodistas, no entiendan lo que pasó y toquen de oídas o al dictado, más allá de que hoy es una realidad, y que, por eso, quieran empañar algo que pertenece a la ciudadanía de Murcia por lo que hicieron tres presuntos corruptos con una licitación que comenzó el PP, como he mostrado, cambió el PSOE en la llegada en superficie del tren, pero que, en último término, no es el soterramiento que vino después y que todavía no se ha terminado: queda el bulevar, la estación intermodal y otras tantas cosas que también es soterramiento.
La corrupción no es una desviación puntual, sino un síntoma de un sistema que permite y protege las prácticas ilícitas mientras no se ataque también a los corruptores. Casos como el 3% en Cataluña, la financiación ilegal del Partido Popular señalada por el Tribunal Supremo, o la presunta trama de Ábalos, Koldo y Cerdán no son accidentes: son expresiones de una estructura de impunidad que beneficia a quienes pagan por favores públicos sin consecuencias reales.
Mientras las empresas puedan escudarse en la “responsabilidad corporativa” para eludir sanciones, y no estén obligadas a devolver lo sustraído al erario, la corrupción seguirá siendo un modelo rentable. Pero el debate actual ha renunciado a esa discusión de fondo. En lugar de buscar soluciones estructurales, los partidos se lanzan acusaciones mutuas en clave de “y tú más”, usando la corrupción como herramienta para tumbar gobiernos o reforzar trincheras ideológicas.
La ciudadanía, en muchos casos, queda atrapada entre esa polarización, la resignación y la erosión de la vida política democrática. Sin embargo, experiencias como el soterramiento —logro colectivo surgido de la presión social— demuestran que es posible incidir en el poder y quizás nos haga falta más de esto si queremos si queremos regenerar la democracia. En ese caso debemos exigir controles reales: frenar las puertas giratorias, castigar a las empresas corruptoras, conocer quién financia a quién y reclamar responsabilidades. No bastan gestos simbólicos. Se requiere voluntad cívica para desmontar una arquitectura de la corrupción que no se sostiene solo por los corruptos, sino por quienes les compran.
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