Cómo el transfuguismo se convirtió en sistema

En la política murciana hay anomalías que, con el paso del tiempo, dejan de escandalizar y empiezan a parecer normales. El transfuguismo es una de ellas. Lo que debería provocar un rechazo inmediato, que un cargo electo abandone el partido con el que se presentó a las elecciones y utilice su escaño para alterar mayorías parlamentarias, se ha ido aceptando con una inquietante naturalidad. En pocos lugares se percibe con tanta claridad como en el laboratorio de la Región de Murcia.

La crisis interna en Vox vuelve a colocar sobre la mesa un escenario que en cualquier democracia mínimamente exigente resultaría inaceptable, pero que aquí se analiza con fría aritmética parlamentaria, a López Miras le bastarían dos diputados para aguantar hasta mayo de 2027.

La aprobación de los presupuestos y la estabilidad del Ejecutivo dependen de apoyos externos cada vez más inciertos. En ese contexto, la ruptura de apenas dos diputados de Vox bastaría para convertir una minoría parlamentaria en una mayoría funcional.

El debate público ya no gira en torno a si sería legítimo alterar la voluntad expresada en las urnas mediante tránsfugas. La discusión se limita a valorar si la operación sería viable o conveniente. El transfuguismo ha dejado de ser un problema democrático para convertirse en una variable estratégica.

La Región de Murcia conoce bien este mecanismo. En 2021, una moción de censura impulsada por el partido que ganó las elecciones autonómicas del 2019 parecía destinada a desalojar al Partido Popular del gobierno regional. La operación se desplomó cuando Ciudadanos, quien le facilitó la investidura a López Miras, siete de sus diputados, entre ellos nada más y nada menos que el Presidente de la Asamblea Regional, abandonaron la disciplina de su partido y con alguna prebenda terminaron sosteniendo al Ejecutivo de López Miras. Aquella maniobra convirtió el Parlamento murciano en el ejemplo más visible de cómo un puñado de escaños puede deshacer en unos días lo que los votantes decidieron en las urnas.

Lo más llamativo es que estas prácticas no ocurren en un vacío político. La Comunidad Autónoma de Murcia es una región donde las redes de poder informal, empresariales, religiosas, universitarias han tenido históricamente una influencia considerable en la vida pública. Durante años, uno de esos polos de influencia giró en torno a la UCAM y a la figura de su fundador, el empresario ya fallecido José Luis Mendoza.

Mendoza no solo construyó una universidad privada; también articuló un entorno social y político lleno de privilegios con capacidad de proyectarse en distintos ámbitos de la vida pública murciana. Dentro de ese ecosistema se ha desarrollado parte de la trayectoria política de dirigentes como, Antelo ferviente discípulo después de abandonar el baloncesto y uno de sus yernos.

Las redes de influencia rara vez desaparecen cuando cambian las siglas partidistas. Simplemente se adaptan.

Pero el problema de fondo no es quién pueda protagonizar un eventual transfuguismo ni quién pueda beneficiarse de él. El problema es que el sistema político murciano lleva décadas reconociendo formalmente que el transfuguismo es una práctica nociva y, al mismo tiempo, tolerándolo cuando resulta útil.

El llamado Pacto Antitransfuguismo nació precisamente para evitar que los partidos utilizaran deserciones individuales para alterar mayorías institucionales. En teoría, todas las fuerzas políticas lo respaldan. En la práctica, su cumplimiento suele evaporarse cuando la aritmética parlamentaria empieza a apretar.

La Región de Murcia se ha convertido demasiadas veces en el laboratorio donde estas contradicciones se hacen visibles. Cada nuevo episodio rebaja un poco más el umbral de tolerancia democrática. Cada nuevo caso de transfuguismo se discute menos en términos éticos y más en términos de oportunidad política.

Y ese desplazamiento del debate es, quizá, la señal más preocupante de todas.

Si la estabilidad de un gobierno depende de convencer a uno o dos diputados para que abandonen el partido con el que fueron elegidos, el problema no es solo la fragilidad parlamentaria. El problema es haber aceptado que los escaños pueden transformarse en piezas intercambiables dentro de un mercado político.

Cuando una democracia llega a ese punto, el transfuguismo deja de ser una anomalía. Se convierte en sistema.