El 'lifting' de la Administración vasca
Íñigo Urkullu va a cumplir el próximo martes el único compromiso que asumió en mayo en la reunión de la mesa de partidos de la que brotaron las negociaciones entre peneuvistas y socialistas y con las que, si nada se tuerce, se alumbrará un acuerdo político de calado en septiembre. Urkullu, en un gesto criticado por toda la oposición, dejó en manos de los partidos cualquier tipo de acuerdo ded fondo en materia de fiscalidad, lucha contra el fraude, reactivación económica y defensa de los pilares del Estado de bienestar. Y únicamente se comprometió en aquella mesa a presentar en julio un plan de redimensionamiento de la administración institucional y del sector público.
El documento, que será aprobado en el consejo de Gobierno del próximo martes, lleva el membrete de Lehendakaritza, dado que fue un compromiso ante los partidos del propio lehendakari, pero ha sido redactado por los equipos de Administración Pública y Economía y Hacienda que dirigen Josu Erkoreka y Ricardo Gatzagaetxabarria, respectivamente. El objetivo del plan es el de clarificar el panorama institucional, que hasta ahora era complejo y caótico, para mejorar la gestión. En definitiva, una tarea de eficiencia institucional y de limar los michelines y grasas sobrantes de una administración construida por el PNV a lo largo de las últimas décadas. “Lo que buscamos es una administración más ágil, sencilla y austera, con una estructura más ligera”, según ha confesado en alguna ocasión el portavoz Erkoreka.
Si el objetivo en una primera etapa del Gobierno Urkullu fue reducir en un 20% el número de altos cargos, asesores y personal de confianza del Ejecutivo, algo que parece haber conseguido al dejarlos en poco más de 200, el plan de redimensionamiento se había fijado un objetivo inicial similar, entre el 20% y el 25%. Fuentes conocedoras del documento han asegurado que “la reducción va a ser mayor, superior a lo inicialmente previsto”, pero han evitado precisar hasta dónde llega ese 'lifting' institucional que afectará a numerosos “chiringuitos” creados a calor del poder nacionalista diseminado institucionalmente durante décadas. Habrá “absorciones y fusiones” de organismos, pero “no se va a tocar empleo público”, han asegurado desde la cocina de esta estrategia. Veremos. Tampoco se ha querido adelantar la estimación de ahorro que supondrá esta operación de adelgazamiento que, en principio, tiene el horizonte de acuerdo con los partidos y cumplimiento a lo largo de la legislatura.
El Ejecutivo autonómico va a defender su plan y sus competencias frente al diseño realizado por el Gobierno de Mariano Rajoy para el entramado institucional español y que fue aprobado el pasado 21 de junio. Es la ya conocida como 'reforma Soraya'. Rajoy quiere predicar con el ejemplo y aboga por cerrar o unificar hasta 57 organismos públicos, pero reclama a las comunidades autónomas que hagan desaparecer hasta 90 observatorios, consejos consultivos y cámaras de cuentas. Algunas de las propuestas recogidas por el PP no casan con el diseño vasco. En Euskadi ya se ha anunciado que instituciones con arraigo como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) o el Ararteko no van a desaparecer, algo que sí pretende el plan presentado por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría hace poco más de un mes. Un plan que busca la desaparición de los tribunales de cuentas y defensores del pueblo autonómicos, entre otras medidas, para adelgazar la administración y multiplicar la eficiencia.
Socialistas y peneuvistas han abordado en una de las cuatro mesas de negociación este asunto, pero es de las menos adelantadas, dado que la prioridad está en el pacto sobre la nueva fiscalidad y la lucha contra el fraude. Con todo, el PSE puso al inicio de las conversaciones una propuesta muy clara en el capítulo de dimensionar el sector público que gestionan las diferentes Administraciones vascas: “Fusionar en una sola empresa pública todas aquellas que intervengan en un mismo ámbito de actuación”, y ponía como ejemplos las carreteras, el empleo, el turismo y la innovación. Habrá que ver cómo engarza esa petición con el proyecto gubernamental.
Además, los socialistas ponían plazos al estudio de duplicidades iniciado en la pasada legislatura, una ponencia que como denunció el representante de UPyD en la cumbre de partidos políticos de mayo, no ha iniciado sus trabajos en la presente legislatura. El PSE defendía “culminar en el plazo de seis meses el estudio sobre duplicidades y disfunciones abordado en la anterior legislatura, con el fin de adecuar nuestro entramado institucional a las necesidades y circunstancias actuales de la sociedad vasca”, según queda recogido en la propuesta inicial traslada al PNV por la comisión política negociadora socialista.
A la espera de lo que ya puedan haber desbrozado en esa mesa de trabajo las delegaciones del PSE y del PNV, el Gobierno tiene previsto enviar al Parlamento para su discusión y tramitación el plan que aprobara el próximo martes en su último consejo de Gobierno. Habrá que ver cómo discurre esa hoja de ruta diseñada entre los equipos de Erkoreka y Gatzagaetxebarria y hasta dónde llega el 'lifting' de una Administración preñada de organismos, en muchos casos artificiales, que solo han tenido sentido como agencias de recolocación y empleo para los gobiernos de turno, mayoritariamente nacionalistas.
