La jueza Servini reitera su petición al Gobierno español para interrogar a Martín Villa por crímenes del franquismo

La jueza argentina María Servini, instructora de una causa judicial contra los crímenes del régimen franquista, ha requerido al Gobierno español que ofrezca una respuesta “definitiva y concluyente” respecto a la posibilidad de que pueda interrogar el 20 de marzo en Madrid al exministro Rodolfo Martín Villa, imputado en este proceso.

Servini pretende determinar las posibles responsabilidades de Martín Villa en presuntos crímenes del régimen franquista, como la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de un centenar resultaron heridas por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta obrera que se celebraba en Vitoria.

La titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires ha realizado esta petición en un escrito dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores y de Culto.

El escrito, dado a conocer por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (CEAQUA), está fechado el pasado 27 de febrero, a menos de un mes del día en el que Servini tiene previsto poder desplazarse a Madrid para interrogar a Martín Villa, imputado en la causa judicial que instruya por los crímenes del franquismo.

“LOS MEDIOS NECESARIOS”

Ante la “proximidad” de esa fecha, la jueza reclama al Ministerio de Relaciones Exteriores español que “arbitre los medios necesarios” para obtener “una respuesta definitiva y concluyente de las autoridades españolas” respecto a la posibilidad de que pueda desplazarse el 20 de marzo a la Embajada de Argentina en Madrid para tomar declaración a Rodolfo Martín Villa.

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo ha denunciado, a través de un comunicado, la obstaculización “constante y sistemática” por parte de las autoridades españolas de la tramitación de la denominada 'querella argentina' contra los crímenes del franquismo.

Este colectivo considera que este comportamiento por parte de las instituciones españolas resulta “inaceptable”, dado que “quiebra las normas básicas” del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos, además de generar “un profundo desamparo y desprotección” a todas las personas que sufrieron graves violaciones de dichos derechos durante la dictadura franquista.