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La Fiscalía archiva la investigación por los retrasos en el ‘caso Cabacas’

Juan Calparsoro, fiscal superior vasco. estima que la Justicia tiene que ser ágil y respetar "los plazos procesales", pero no halla base para iniciar un procedimiento contra la juez Ana Torres

La abogada de la familia, Jone Goirizelaia, presentó quejas al ver que se agotaba el plazo de investigación sin que la magistrada respondiera a sus solicitudes

Calparsoro dice que Otegi "en principio, no podrá ser candidato" y recuerda que la defensa no recurrió al TS

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro EFE

La letrada de la familia del joven Íñigo Cabacas, fallecido en abril de 2012 tras recibir un pelotazo en una carga policial de la Ertzaintza, registró dos quejas contra la juez de Bilbao Ana Torres por, entre otros motivos, los retrasos en la investigación de unos hechos tipificados como “homicidio imprudente” y que no se han aclarado cuatro años y medio después. La primera denuncia, ante el decanato de jueces, quedó archivada y ahora es la Fiscalía la que da también carpetazo a la segunda tras haber realizado diligencias informativas. El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, que públicamente había defendido una mayor celeridad en un caso tan sensible, insiste en la importancia de “respetar los plazos procesales”, pero archiva la causa porque no hay base para iniciar ningún tipo de procedimiento.

La polémica surgió con la entrada en vigor de la nueva normativa procesal penal en España en diciembre de 2015. Desde entonces, los procesos judiciales tendrían un plazo máximo de instrucción de seis meses salvo excepciones. Por lo tanto, los asuntos abiertos antes de esa nueva ley decaerían en junio de 2016. La abogada de la familia de Cabacas, la hoy parlamentaria de EH Bildu Jone Goirizelaia, realizó en abril un último intento de impulsar la investigación solicitando nuevas pruebas y declaraciones. Es una opinión compartida, incluso por la juez Torres, que hubo más policías que dispararon la noche de autos más allá de los seis ertzainas que están imputados, lo que hace virtualmente imposible que un juicio pueda fijar con detalle las responsabilidades reclamadas por el entorno de la víctima.

La letrada se quejaba de no fue hasta junio, horas antes del final del plazo, cuando la juez respondió a su solicitud, incluso a pesar de que en mayo la había reiterado. En medio, el propio Calparsoro declaró públicamente que apreciaba “dilaciones indebidas” en este asunto que lleva más de cuatro años en los juzgados de Bilbao sin aparentes avances.

Finalmente, en junio la juez acordó una prórroga de la investigación de seis meses, aunque únicamente para dar cauce al recurso ante la Audiencia de Bizkaia presentado por la familia tras el rechazo de las pruebas e imputaciones presentadas en abril. En paralelo, la sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco elevó una queja a la Fiscalía General del Estado por las palabras de Calparsoro, que tuvo que pedir disculpas a la magistrada Torres. Esta protesta llegó con Calparsoro ‘en funciones’ y a la espera de un nuevo Gobierno central que pueda renovar o no la confianza en el jurista guipuzcoano.

Lo que no trascendió antes del verano –lo adelantó eldiarionorte.es en septiembre- es que Goirizelaia había formalizado dos quejas por esta situación. La primera, ante el decanato de jueces de Bilbao, quedó archivada tras no hallar el decano, Aner Uriarte, “apariencia” de responsabilidades disciplinarias una vez escuchada la juez Torres, según manifestó a este periódico. El fiscal Calparsoro, en cambio, sí inició diligencias sobre este asunto y pidió informes a la fiscal del caso, Pilar Jiménez. Esta semana, en cambio, ha dado por concluido este expediente al no hallar base para continuar con la causa, aunque sí insiste en genérico en la necesidad de que la Justicia sea ágil como garantía del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Se da la circunstancia de que la polémica vivida en junio se podría repetir perfectamente en diciembre. Cuando vuelva a acercarse el final del plazo quedará patente que los avances de la investigación en estos meses han sido nulos. En noviembre la Audiencia de Bizkaia resolverá el recurso sobre el escrito de Goirizelaia de abril y ordenará, en su caso, la práctica de las pruebas y declaraciones solicitadas, aunque el plazo para completarlas sea de apenas unas semanas tras varios meses de parón. Si no, el ‘caso Cabacas’ caminará o hacia un juicio con los actuales mimbres y los actuales imputados (que defienden que no son los únicos que dispararon, por lo que hay una duda razonable de su culpabilidad) o hacia un seguro que polémico archivo definitivo.

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