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El gota a gota de la "nueva política penitenciaria" con los presos de ETA

Algunas organizaciones de víctimas del terrorismo intentan condicionar la "política penitenciaria distinta" e "individualizada" con los presos de ETA anunciada esta semana por el presidente Pedro Sánchez

El exjefe de ETA Olarra Guridi y el Foro Social Permanente diseñaron en abril una hoja de ruta en el que los “aspectos prioritarios” son la excarcelación de los presos enfermos, el acercamiento y la evolución de grados carcelarios de los penados

Aunque los pasos a dar los fijará Sánchez, PNV y PSE-EE ya pactaron en noviembre de 2016 un acercamiento de los presos de ETA para facilitar la “normalización de la convivencia”

Urkullu llevará la necesidad de flexibilizar la política penitenciaria a la reunión que mantendrá este lunes en la Moncloa con el presidente

Marlaska reconoce el derecho de las víctimas a vigilar la acción del Gobierno

Marlaska reconoce el derecho de las víctimas a vigilar la acción del Gobierno EFE

El mundo de los presos de la disuelta ETA contuvo la respiración prácticamente hasta el final. Su futuro dependía, en parte, de esa decisión. ¿Quién sería el nuevo ministro del Interior, encargado de la política penitenciaria? Todo hasta que en la tarde del pasado 6 de junio las quinielas que situaban a Margarita Robles como futura responsable de la cartera de Interior saltaron por los aires. El presidente del flamante gobierno socialista, Pedro Sánchez, había optado por un viejo conocido de la izquierda abertzale, el juez Fernando Grande-Marlaska.

La decepción se impuso en las cárceles. Y también en el mundo político de la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA y que tiene como principal referente a Arnaldo Otegi. No hay duda de que Grande Marlaska, bilbaíno, buen conocedor de los entresijos de ETA y que ha desarrollado la última parte de su carrera judicial al calor del Partido Popular, tiene un perfil muy diferente al de la actual ministra de Defensa. Marlaska persiguió sin descanso a la organización terrorista cuando sustituyó al magistrado Baltasar Garzón en su juzgado de la Audiencia Nacional y de manera inmisericorde incluso a los responsables de su brazo político Batasuna en la etapa de las negociaciones entre Zapatero y ETA en su etapa al frente del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

En los pasillos de la Audiencia Nacional aún se recuerda la frase que le espetó el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, al fiscal Jesús Alonso en mayo de 2005 -en plenas negociaciones entre los emisarios de Zapatero y ETA para alumbrar el “alto el fuego permanente” posterior- cuando Alonso pidió prisión para él: “¿Esto lo sabe [Cándido] Conde Pumpido?”, entonces fiscal general del Estado. Quien desde luego lo conocía era el entonces fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. Y ambos estaban de acuerdo en pedir prisión para el líder independentista vasco. Grande Marlaska firmó el auto que llevó ese día a Otegi a prisión.

Para entonces, la denominada propuesta de Anoeta de enero de 2005 -en la que Batasuna se comprometía a buscar “una solución en clave política” al terrorismo- ya era una realidad. Zapatero tenía la carta de la Mesa Nacional de Batasuna en la que se planteaba ese giro que Otegi expresó muy bien al señalar a su gente en un acto multitudinario en el donostiarra Velódromo de Anoeta: “Es más difícil iniciar un proceso de superación del conflicto, que plantear una estrategia de confrontación; es más difícil hacer la paz que la guerra”.

En la prisión de Albolote, con el ex jefe de ETA

No ha trascendido lo que pudo pensar Juan Antonio Olarra Guridi, actual portavoz del colectivo de presos de ETA (EPPK) y exjefe de la organización terrorista, al desvelarse la identidad del ministro que pilota también desde su despacho Instituciones Penitenciarias, en manos en esta nueva etapa de un jurista como es Ángel Luis Ortiz. Olarra es uno de los principales referentes dentro de las cárceles e interlocutor de ese colectivo con el mundo exterior. Sobre él pesan terribles crímenes como el atentado de Vallecas de 1995, en el que murieron 6 personas y otras 44 quedaron malheridas, por el que fue condenado a 1.253 años.

Daniel Portero, portavoz de la asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia, lo conoce bien. Entre otras cosas porque fue, según la sentencia de la Audiencia Nacional, responsable último del asesinato de su padre, Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía. Un etarra le descerrajó dos tiros en la cabeza el 9 de octubre de 2000 y, según la citada sentencia, Olarra Guridi fue el inductor de un atentado encomendado al ‘comando Andalucía’ -compuesto entonces por Igor Solana Matarranz y Harriet Iragi- que conmocionó a la sociedad andaluza. Y por ese asesinato fue condenado a 30 años de cárcel, donde sigue desde que fue entregado por las autoridades francesas.

Pero ahora Olarra Guridi representa a la nueva estrategia de los convictos etarras. La que definieron los más de 300 reclusos etarras (ahora hay 285 repartidos por prisiones españolas, francesas y uno en Portugal) en julio del pasado año. Por una amplia mayoría –un 73% frente a un 13%-, los etarras optaron por aceptar la vía de la legalidad penitenciaria, rompieron amarras con el pasado y las férreas directrices de control impuestas por la dirección de ETA al ‘frente de makos’ y que han marcado su dura realidad entre rejas durante las últimas décadas. Fue un paso decisivo para que los presos, por primera vez de manera individualizada, pudieran empezar a activar la procelosa maquinaria de las solicitudes ante las Juntas de Tratamiento de sus respectivas prisiones. Algo impensable años atrás.

Olarra Guridi lleva tiempo recluido en un ‘txabolo’ [celda] de la prisión granadina de Albolote. Está en primer grado, como la inmensa mayoría de los 240 presos de ETA que esperan en España ver la luz al final del túnel en el que un día ellos mismos se adentraron al optar por la vía del coche bomba, el tiro en la nuca, el secuestro y la extorsión. En la estrategia de asesinar al ‘enemigo’ simplemente por pensar diferente y hacerlo en nombre de un “pueblo vasco” que llevaba décadas exigiendo que abandonaran el terrorismo y se disolvieran.

ETA ya se ha disuelto. Lo anunció el pasado 3 de mayo. Y en la ceremonia de actos internacionales que rodearon a la decisión de cerrar de manera definitiva la persiana del terror en Euskadi hay una persona que ha estado en la sala de máquinas de ese proceso. Agus Hernán, coordinador del  Foro Social Permanente, es de trato amable. Tiene olfato político y se mueve bien para intentar dotar al movimiento que rodea a los presos etarras de cierto halo de transversalidad. Pero, además, es uno de los interlocutores entre el mundo de los presos de ETA y el exterior. No oculta su “sorpresa” por la elección de Grande Marlaska para dirigir el Ministerio del Interior.

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Agus Hernán, el primero por la izquierda.

Hernán y Olarra Guridi se han reunido en el centro penitenciario de Albolote (Granada) en dos ocasiones. La primera fue en enero de este año. El mensaje que de ese encuentro quiso trasladar Hernán a la opinión pública era que los presos de ETA estaban dispuestos a tener encuentros con los familiares de víctimas de sus tropelías. Muchos de esos reclusos ya habían iniciado meses atrás los trámites para progresar de grado y obtener así un itinerario carcelario mucho más benigno y disfrutar de permisos ordinarios para salir de las celdas de “las cárceles de exterminio del Estado español”, como se ha referido ETA históricamente a las prisiones españolas.

De la segunda reunión, celebrada el pasado 21 de abril, pocas semanas antes del final de ETA, no se tenía constancia hasta que este periódico ha accedido al acta confidencial del encuentro. En ella, ambos definen la hoja de ruta en materia de presos: “avanzar hacia un acuerdo de triangulación, en esta fase [entre] partidos políticos, el EPPK y la sociedad civil”.

Los cuatro “aspectos prioritarios” de la nueva fase para “avanzar hacia acuerdos de resolución integral” en el tema de los reclusos etarras son “los presos enfermos, el acercamiento, la acumulación de penas y acabar con el primer grado”, según se detalla en la citada acta.

Y ante los reveses en las prisiones y desde el juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que los reos pasen a segundo grado, el exjefe de ETA hacia una petición al coordinador del Foro Social: la “solicitud a instituciones, partidos políticos, sindicatos y sociedad civil que les acompañen para lograr hacer “saltar ese tapón”, según los términos en los que se expresó Olarra Guridi ante Hernán. De momento, hay una iniciativa ciudadana -Orain, presoak-Ahora, los presos- que ya ha fijado una fecha en el calendario para impulsar la agenda de los presos: el próximo 20 de octubre hay convocada una marcha en Bilbao con las cuatro prioridades fijadas en el encuentro de abril en la hoja de ruta como bandera. Y un deseo: “Ya ha desaparecido ETA, no queremos políticas que generen más sufrimiento”.

Esta misma semana, los abogados de los reclusos etarras han enviado un doble mensaje a las nuevas autoridades españolas: a eliminar las "directrices políticas" que están bloqueando, tanto en las prisiones como en el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que los presos etarras puedan acceder al segundo grado y a permisos penitenciarios, en palabras de la letrada Onintza Ostolaza. "Hay un bloqueo absoluto en la mesa del juez de Vigilancia Penitenciaria, donde se amontonan recursos de más de un centenar de presos vascos", ha denunciado la abogada.

El magistrado Castro, en Vigilancia Penitenciaria

Pero Agus Hernan y José Antonio Olarra Guridi no son los dos únicos personajes para el libreto de una ópera, la de la flexibilización la política penitenciaria de manera "individualizada", que tiene por el momento varios actos y entreactos por definir, arias aún por escribir y un final a día de hoy abierto.

“La mayoría de los miembros del colectivo [EPPK] están solicitando el segundo grado. Las respuestas son todas negativas (…) Los primeros recursos han llegado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y las respuestas son todas negativas”, se recogía en el acta del citado encuentro en la prisión de Albolote.

El magistrado José Luis Castro Antonio es el guardián de las esencias de la legalidad penitenciaria en España. Por su despacho, situado en el número 14 de la madrileña calle Goya. Este magistrado progresista, gallego, irradia afabilidad y buen rollo. Sabedor de que todas las miradas se van a posar en él en función de cómo se concrete el anunciado cambio de la política penitenciaria por boca del presidente del Gobierno. Y también de cómo evolucione el marcaje realizado por algunas asociaciones de víctimas del terrorismo tras su primera reunión esta semana con el flamante ministro del Interior. Esos grupos ya han anunciado que intentarán condicionar la "nueva política penitenciaria" con los presos de ETA, rechazan los "acercamientos masivos" y quieren que la resolución de los más de 300 casos pendientes en la Audiencia Nacional esté en el frontispicio de la acción gubernamental y de los tribunales. Algo que conoció también Rajoy.

La conversación informal en el despacho de Castro -celebrada el verano pasado, después de la decisión histórica de los reclusos etarra- cuando Mariano Rajoy seguía en el poder- es varias veces interrumpida por llamadas de su equipo para aclarar alguna resolución judicial o determinada posición del fiscal.

Discreto, progresista, de fuertes raíces humanistas y convicciones religiosas, prefiere hablar más por sus autos. Resoluciones que le han costado serios disgustos y por las que en varias ocasiones ha sido crucificado en determinados medios de comunicación. Sentencias que algunas asociaciones de víctimas han considerado una “traición”. Castro lo ha pasado mal. No tanto por él, acostumbrado como está a trabajar en el filo de la navaja, sino por algunos miembros de su familia, que se han visto afectados directamente por el debate de trazo grueso.

Por ejemplo, cuando apoyó la excarcelación del exjefe del sanguinario ‘comando Madrid’ de ETA Iñaki de Juana Chaos, posteriormente huido, para que pudiera cumplir en su domicilio donostiarra el último año y medio de su condena. O cuando firmó la libertad condicional del exgeneral de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 75 años por la ‘guerra sucia’ contra ETA por el secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. O como cuando dio luz verde a la excarcelación del etarra Josu Uribetxeberria Bolinaga, ‘carcelero’ del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, el rapto más largo en la historia de ETA (532 días de cautiverio). Castro llegó a trasladarse al hospital guipuzcoano donde estaba internado Bolinaga mientras se esperaban los informes médicos sobre su cáncer terminal para hablar cara a cara con el etarra. Esa excarcelación avivó la oposición al Ejecutivo del PP por parte de la AVT y puso de nuevo en el punto de mira de las críticas al magistrado.

Consultado por este periódico tras la disolución de ETA y la llegada de Pedro Sánchez al gobierno, el magistrado prefiere no abandonar su tradicional prudencia. Pero en su fuero interno sabe que todo ha cambiado en el ‘frente de makos’.

Las medidas verdades de Rajoy

Mariano Rajoy ya es historia. Y en su despedida reivindicó con orgullo su legado en materia antiterrorista. Ante la ejecutiva nacional de su partido en la sede de Génova, utilizó verdades contundentes, pero también faltó a la verdad sobre algunos planes que su Gabinete, a través del director de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, para un posible acercamiento de convictos etarras a prisiones vascas y navarras. El 'día D' en la carrera política del ya expresidente, cuando se emocionó ante la plana mayor de su formación, Rajoy cuestionó las negociaciones con los terroristas, tentación en la que otros presidentes cayeron, desde Felipe González (en 1989), pasando por José María Aznar (1998-99) –ahí quedan marcadas a fuego aquellas declaraciones del presidente popular denominando a ETA “Movimiento de Liberación Vasco”- o su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero (entre 2004 y 2007). “Los propios terroristas lo dijeron. El Gobierno nunca respondió a las llamadas”, recordó.

José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en una imagen exclusiva de 2013.

José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en una imagen exclusiva de 2013.

Y es cierto. Lo sabe de primera mano José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera, que esperó sin éxito en Noruega, junto a los también dirigentes etarras Iratxe Sorzabal y David Pla (ambos en prisión) a que algún emisario del Gobierno de Rajoy les tomara la temperatura para avanza hacia un final negociado de ETA. La cita nunca se produjo. Los tres etarras fueron expulsados a mediados de febrero de 2013 de Oslo por el Ejecutivo noruego tras constatarse que Rajoy había descartado esa vía nada más llegar a la Moncloa.

Pero Rajoy no dijo toda la verdad cuando se refirió a sus últimos planes en relación a la política penitenciaria de dispersión y alejamiento de los convictos etarras. “¿Es que acaso hemos procedido a un acercamiento de presos? Yo no, y no será porque no nos lo hayan pedido con insistencia”. Es cierto que su posición en estos seis años no ha variado en la política de dispersión o progresiones de grado. Nada que ver con  los movimientos de presos realizados por Aznar para buscar una zona de confort mientras dialogaba con ETA en 1998-1999. Pero olvida intencionadamente los planes en marcha de Instituciones Penitenciarias, antes incluso de que ETA anunciara su disolución a principios de mayo pasado.

Y en la reunión que mantuvo con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo tras la disolución de ETA -en la que algunas de ellas se mostraron especialmente belicosas con el Ejecutivo popular- nadie pudo arrancar al presidente su compromiso de que no habría acercamientos de presos. Rajoy se agarró como una lapa al cumplimiento de la ley y al eterno respeto y cercanía con unas víctimas del terror que reclaman el esclarecimiento de más de 300 asesinatos aún si resolver.

Lo cierto es que Rajoy y Yuste ya estaban preparando el terreno para un eventual acercamiento de 40 presos al País Vasco y Navarra desde que Instituciones Penitenciarias, dependiente el Ministerio del Interior de Zoido, remitió en febrero pasado un correo electrónico a los directores de las cárceles en las que hay presos de ETA clasificados en segundo grado o que padecen enfermedades graves para solicitarles informes individualizados sobre la “aceptación” por parte de estos de las vías legales que faciliten su reinserción. El mismo ‘modus operandi’ que se utilizó de manera previa a los acercamientos masivos autorizados por el presidente Aznar cuando dialogo-negoció con ETA en los años 90. Acercó a 135 presos de la organización terrorista en los prolegómenos del diálogo con los terroristas, en 1998 Era la época en la que el entonces presidente llamaba a ese mundo "movimiento vasco de liberación".

Por supuesto que Interior negó la mayor y lo enmarcó todo en las informaciones que periódicamente se solicitan a los responsables de prisiones. Pero los destinatarios fueron los directores de las cárceles donde están los 29 etarras clasificados en segundo grado penitenciario y los 11 que padecen enfermedades grave. Justo coincidiendo con parte de la hoja de ruta hablada entre el exjefe de ETA Olarra Guridi y el coordinador del Foro Social Hernán. En el correo electrónico se pedía información sobre los reclusos enfermos y los que hubieran solicitado algún tipo de mejora en su situación penitenciaria, como progresiones de grado, lo que facilita la semilibertad.

Una vez en segundo grado, la ley permite cambios sustanciales en la vida del penado: un máximo de 36 días de permiso al año en periodos no superiores a siete días seguidos. Y con el tercer grado los convictos pueden hacer salidas de fin de semana e, incluso, más prolongadas si, por ejemplo, tienen una oferta de trabajo. Todo ello cuando se acerque el cumplimiento de las ¾ partes de su condena. A partir de ahí, el reo puede solicitar la libertad condicional o la “suspensión de la ejecución del resto de la pena”, como se llama actualmente. En prisiones cercanas al País Vasco, de los 250 presos de ETA solo 11 están en cárceles a menos de 300 kilómetros.

¿Hay alguien en este mundo que se dedique a preparar una maleta si no tiene pensado irse de viaje? En todo caso, ese posible plan de Rajoy fue arrumbado por la moción de censura de Sánchez y su llegada a la presidencia del Ejecutivo español.

¿Hasta dónde llegará Sánchez?

No está en duda que el PSOE, con el presidente Sánchez habitando ya la Moncloa, va a imprimir otro camino a la política penitenciaria: flexibilizar el tratamiento penitenciario individualizado a los presos de ETA, con los amplios márgenes que concede la propia ley, y acompasarlos a una realidad ineludible: que la organización terrorista se ha disuelto sin contrapartida alguna y que sus 285 reclusos ya solo dependen de ellos mismos para activar su propio itinerario en las prisiones.

Pero ¿hasta dónde se atreverá a llegar Pedro Sánchez? ¿Qué líneas rojas no está dispuesto a cruzar el PSOE? ¿Qué presiones puede y está dispuesto a soportar del mundo más radicalizado de las víctimas del terrorismo y de su ‘brunete mediática’? ¿Qué cosas le puede encargar hacer al ministro del Interior y al director general de Instituciones Penitenciarias? Porque lo que está claro es que la decisión última sobre hasta dónde va a llevar esos cambios en la política penitenciaria -que nadie discute y que el PSE-EE de Idoia Mendia, el lehendakari, Íñigo Urkullu, la actual presidenta de Navarra, Uxue Barkos, han venido reivindicando en los últimos años- la fijará el presidente. Otra figura que va a servir para la labor callada que ya se barrunta con el mundo de los presos y de las víctimas será el nuevo delegado del Gobierno en Euskadi, el socialista Jesús Loza, que tomará posesión de su cargo este lunes.

ETA anuncia "el final de su trayectoria" y confirma su "disolución"

ETA anuncia "el final de su trayectoria" y confirma su "disolución" EFE

Al flamante ministro del Interior le han salido críticos desde el mismo momento que se confirmó su nombramiento. Para EH Bildu es la bestia negra por su “connivencia con las torturas al estar relacionado como instructor” con seis de las nueve sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dictadas contra España por no investigar denuncias de tratos vejatorios” y para Podemos por haber “medrado en la carrera judicial al calor e impulsado por el Partido Popular. De Grande-Marlaska se conocen numerosas declaraciones en relación a la política penitenciaria –su apoyo a la vía Nanclares de los reclusos críticos con la organización terrorista-, además de las resoluciones firmadas en materia de presos de ETA como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Algunas muy recientes, como la de octubre de 2015, en la que como ponente de la sentencia negaba la ilegalidad de la política de dispersión. “En este caso”, apuntaba el magistrado metido ahora a ministro, “ninguna vulneración de derechos fundamentales con cobertura constitucional, u ordinario, tanto a nivel nacional como internacional, se ha producido, ni se ha contravenido la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni de ningún otro”.

Idoia Mendia y Andoni Ortuzar pactaron en noviembre de 2016 un documento de acuerdo político para cerrar el Gobierno de coalición en Euskadi que incluía un acercamiento de los presos de ETA para facilitar la “normalización de la convivencia”. Y la pretensión era llevar al Congreso de los Diputados una proposición no de ley para lograr una “reorientación de la política penitenciaria que fije como objetivo fundamental la reinserción, atienda prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria [excarcelación de presos enfermos], favorezca el acercamiento de los presos e inste a la transferencia de la competencia de centros penitenciarios al País Vasco”. Los socialistas ahora están en La Moncloa y el PNV de Ortuzar es “socio preferente” para el presidente. Y Urkullu llevará este asunto a la reunión que tiene previsto mantener este lunes en la Moncloa con Sánchez.

Pedro Sánchez durante su primera entrevista para RTVE, como presidente del Gobierno

Pedro Sánchez, durante su primera entrevista para RTVE, como presidente del Gobierno EFE

Presumiblemente, sobre ese marco general se moverá Pedro Sánchez, aunque ahora toca ver la letra pequeña del libreto de la nueva política penitenciaria y, sobre todo, los tiempos en los que se va a desarrollar. Desde el Foro Social Pemanente, Hernán reconoce que no esperan “nada espectacular de manera inmediata. Será más fácil empezar con un goteo que modifique el inmovilismo en política penitenciaria” del anterior gobierno. Cree además que para que esa bicicleta empiece a moverse con “un pedaleo a ritmo pequeño” el hecho de que partidos como PNV, PSE, Unidos Podemos o la izquierda abertzale “sean favorables” a esa nueva política hacen que hay “tiempo suficiente para trabajar”.

Los mimbres para elaborar las cuadernas del libreto de la nueva política penitenciaria están ahí. Mientras, los presos esperan noticias en las prisiones.

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