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La situación mejora, pero los pobres son más pobres: Cáritas atiende ya a más de 53.000 personas

Una mujer pide limosna en una calle de Bilbao.

Eduardo Azumendi

Las cifras macroeconómicas hablan de una mejoría y la pobreza ha retrocedido, pero lo cierto es que cada vez se hace más intensa. Esa es la fotografía que hace Cáritas Euskadi atendiendo a las personas que ha tenido que atender a lo largo del año pasado. Las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social de las personas y familias acompañadas por Cáritas son cada vez más complejas y requieren de “respuestas más intensas e integrales”. De hecho, el montante total de ayudas económicas concedidas durante 2017 por las Cáritas de Euskadi (las Diocesanas de San Sebastián, Vitoria y Bilbao) ha sido el mayor de toda su historia, superando los 5,36 millones de euros, un 77 % más que hace 10 años (justo antes de las crisis).

En conjunto, Cáritas atendió en la comunidad autónoma a más de 53.000 personas. “La pobreza se cronifica, pese a la mejoría económica. Atendemos menos personas, pero necesitan más recursos y apoyos económicos para salir de la pobreza”, ha señalado el secretario general de Cáritas Gipuzkoa, José Emilio Lafuente Lafuente. Los recursos van desde  ayudas para sufragar la vivienda, a formación, empleo y acompañamiento personal. El mensaje de Cáritas es que la pobreza sigue estando en las familias, se hereda, y deja a menores y jóvenes en una situación de vulnerabilidad social, presente y futura.

Las dificultades de acceso a la vivienda para las personas en exclusión y en situación de pobreza así como el aumento de personas jóvenes y de madres solas con hijos a cargo (familias monoparentales) son dos de los aspectos más dramáticos de la cronificación. La receta de Cáritas pasa especialmente por lo que denominan economía solidaria, de ahí que hayan reforzado sus programas de formación (albañilería, peluquería, hostelería...) e inserción social a través del empleo.

Cáritas reclama a las administraciones públicas que desarrollen políticas de protección y de inclusión social y laboral que pongan en el centro a las personas (especialmente a las vulnerables) y garanticen su dignidad a través –entre otros aspectos- de la garantía de protección económica ante el riesgo de pobreza.

 

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