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El mapa de los vertidos ilegales en Euskadi: Álava como punto negro

La Agencia Vasca del Agua alude a los "riesgos" en las zonas del Alto Nervión y de Agurain y calcula que la situación no se normalizará hasta dentro de tres años, cuando se construyan las tres depuradoras previstas

En Euskadi se han incoado 30 expedientes sancionadores en lo que va de 2017, cuatro de ellos al Ayuntamiento de Agurain. Desde 2012 han sido 1.538 los avisos de vertidos no autorizados.

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Vertido blanquecino en el Zadorra

Vertido blanquecino en el río Zadorra en los alrededores de Agurain

En los últimos cinco años, la Agencia Vasca del Agua (URA) ha atendido 1.538 avisos por "vertidos puntuales no autorizados", según la información enviada al Parlamento Vasco por el consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola. En lo que va de 2017, los 28 inspectores de URA han abierto exactamente 30 expedientes sancionadores por contaminación de las aguas. En función de la gravedad, acarrearán sanciones de entre 400 y 15.000 euros. El verdadero punto negro del mapa de vertidos de Euskadi es Álava y, en concreto, las zonas del Alto Nervión (Llodio y Amurrio) y sobre todo Agurain. "Mientras no se hagan depuradoras allí, estamos en situación de riesgo. Europa ya nos ha llamado la atención", asume el director de URA, Ernesto Martínez de Cabredo en declaraciones a eldiarionorte.es.

Analizando los datos de lo que va de año, de los 30 casos 16 se han registrado en Álava. La localidad donde más trabajo han tenido los técnicos de URA ha sido Agurain, con seis casos, tantos como en toda Bizkaia. "Álava no es un territorio fácil", reconoce Martínez de Cabrero, que incide en que en la zona de Llodio y Amurrio y en Agurain "no existen sistemas de saneamiento" adecuados. "El agua negra no va a depuradoras o, como en el caso de Agurain, va a una vieja que no funciona correctamente", abunda el responsable de Aguas. Y añade: "En esas zonas hay empresas potentes con vertidos que pueden hacer mucho daño a la fauna".

Ese "riesgo" al que aludía Martínez de Cabredo se mantendrá al menos durante los próximos tres años. Es el plazo que se da el Gobierno central para construir las depuradoras del Alto Nervión (Basaurbe y Markijana) y el Gobierno vasco y las instituciones locales para tener operativa la nueva estación de tratamiento de Agurain, cuyas obras se iniciarán a finales de 2018. Hasta ese 2020, "el camino es la vigilancia, la inspección y la sanción cuando sea necesario". De momento, en 2017 se han girado 2.655 inspecciones y se han tomado 1.247 muestras de agua en toda la comunidad autónoma.

Los vertidos ilegales "no salen gratis"

"No, no es cierto que realizar vertidos ilegales salga gratis en Euskadi", sentenció el consejero Arriola en el Parlamento, donde la oposición ha mostrado cada vez mayor interés en el problema de la contaminación de las aguas. El Gobierno estima que se cerrará 2017 con más de 40 expedientes, el doble que los abiertos en 2016. 

¿Cuál es el perfil de los infractores? Los datos oficiales muestran que buena parte de las propuestas de sanción recaen sobre instituciones públicas, sean municipios o entidades locales menores. La Administración más reincidente es el Ayuntamiento de Agurain, con cuatro expedientes por la inadecuada gestión de la depuradora, que sólo ha tenido una vida útil de 25 años. "No sólo es construir depuradoras, sino gestionarlas bien", incide Martínez de Cabredo sobre este caso que afecta de lleno al río Zadorra y del que ya han dado la voz de alerta colectivos ecologistas.

Según explicó Arriola en la comparecencia parlamentaria, el 30% de las infracciones recaen sobre instituciones públicas y el 70% sobre empresas o particulares. Al contrario de lo que se pudiera pensar, no es precisamente la industria pesada la más problemática, sino más bien las bodegas, las empresas del sector alimentario e incluso establecimientos de hostelería. En el mapa superior se puede ver el detalle de todos los vertidos ilegales. Por el contrario, hay otros 2.142 vertidos autorizados.

Según el responsable de URA, las sanciones han de ser proporcionales y en ningún caso se prevé la suspensión de la licencia de actividad. No obstante, los 28 inspectores de URA continuarán con una intensa labor de control, promete el Gobierno ante las demandas de oposición y ecologistas. Las sanciones propuestas pueden alcanzar hasta los 15.000 euros.

Ararteko: Preocupación con los delitos medioambientales

Los vertidos incontrolados no son la única preocupación en materia de protección del Medio Ambiente. Esta misma semana, el titular del Ararteko, Manu Lezertua, reclamó en el Parlamento que se refuerce la unidad especializada de la Ertzaintza y denunció que la mayoría de municipios carecen de programas de vigilancia y control de este tipo de infracciones. Lezertua mostró su desazón porque “se cometen muchos más delitos de los que se sancionan" y porque “sale bastante barato contaminar”. En el caso concreto de la gestión del agua, el 'ombudsman' vasco apuntó que el año pasado tuvo constancia de 150 denuncias por vertidos incontrolados, tras las que se incoaron 60 expedientes que en sólo 37 ocasiones acabaron con sanción.

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