Hace más de cuatro décadas la zona metropolitana de Bilbao, así como otras de Euskadi, eran lugares que presentaban un aire bastante contaminado, sin embargo, con el paso de los años la situación ha ido cambiando. Han quedado atrás los importantes problemas de contaminación que presentaban sus cielos allá por los años setenta y ochenta. Recordando esos tiempos, convendría decir que Bilbao perdió en el año 2000 el título de `zona de atmósfera contaminada, una declaración que arrastraba desde 1977 por la “degradación del aire”. Todavía recuerdo esos años 70 en que vine a estudiar a la entonces Universidad de Bilbao (hoy Universidad del País Vasco) en que el cielo lo veíamos casi siempre de color gris debido a la contaminación existente, fundamentalmente de origen industrial.
Sin embargo, en los últimos diez años los niveles de contaminación en Bilbao y en el resto de la geografía vasca ha mejorado, y entre las causas que han contribuido a esa reducción de la contaminación atmosférica se encuentra el cierre de empresas, pero también la mejora de los combustibles, el empleo de tecnologías más limpias, una legislación más exigente, etcétera. Así, cabe citar las Autorizaciones Ambientales Integradas, que se trata de un trámite previo a cualquier actividad, la regularización de focos para actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, licencias de actividad u otras cuestiones.
No obstante, y cada vez más preocupante, es la contaminación atmosférica generada por el tráfico de vehículos. Concretamente, el tráfico urbano es el responsable de la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, como el dióxido de nitrógeno (NO2). En una ciudad tipo, el 60 % del dióxido de nitrógeno procede del tráfico, y la diferencia con las emisiones de una central térmica o una industria es que los vehículos conviven con las personas.
En base a los últimos informes elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se apunta que la contaminación del aire en áreas urbanas continúa progresando a paso alarmante, con efectos devastadores sobre la salud humana. De esta manera, durante los últimos 30 años los organismos internacionales, desde la Agencia Europea de Medio Ambiente a la Organización Mundial de la Salud, han venido insistiendo en la necesidad de mantener la contaminación atmosférica por debajo de ciertos niveles para evitar la muerte prematura de miles de personas, especialmente entre los niños y la tercera edad, que son con diferencia los más vulnerables a las enfermedades respiratorias. Los datos son escalofriantes. Más de medio millón de personas mueren en Europa como consecuencia de la mala calidad del aire, siendo el Estado español el sexto más afectado.
Otro tema importante de la movilidad urbana es que supone alrededor del 40 % de todas las emisiones de dióxido de carbono (CO2), principal causante del cambio climático. En los últimos tiempos se suceden fenómenos meteorológicos muy extremos y devastadores, que nos vuelve a poner en primer plano lo que desde hace tiempo nos vienen advirtiendo los científicos de que una de sus primeras manifestaciones del cambio climático será la intensificación de fenómenos climáticos, que son ya habituales, pero que cada vez serán más frecuentes y más devastadores.
El año 2017 figura, junto a 2014 y 2015, como el año más cálido de la historia desde que se tienen registros, y la temperatura media de la tierra sigue elevándose, y de no cumplir con el Acuerdo de Paris -último tratado internacional legalmente vinculante, establecido en esa ciudad en diciembre de 2015- cuyo objetivo a largo plazo es la de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C sobre los niveles preindustriales, limitando el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático.
Un tercer impacto es que el actual modelo de movilidad urbana no solo causa muertes, sino también mucho dinero. La Comisión Europea estima que la congestión del tráfico en nuestras ciudades, contabilizando diversas variables como el tiempo perdido, el combustible desperdiciado, etcétera, asciende a 100 mil millones de euros, lo que representa un 1% del PIB cada año en la Unión Europea.
Pues bien. La contaminación se ha disparado en Euskadi. En el último año con datos oficiales, el de 2017, la emisión de gases de efecto invernadero aumentó un 5,5 %, lo que nos devuelve a unos valores que no se veían desde 2012. Los veinte millones de toneladas de CO2 que soltó Euskadi a la atmósfera la sitúan en el vagón de cabeza de las comunidades autónomas menos limpias del Estado español. Si trasladamos estos datos a pie de calle, por habitante se expulsaron 9,2 toneladas de dióxido de carbono, cifra por encima de la media europea y de la española.
Y, por otra parte, un tema de cada vez más preocupación como señalaba anteriormente, es la contaminación atmosférica en nuestras ciudades y municipios debido al tráfico. El NO2 (dióxido de nitrógeno) sigue siendo el enemigo a batir, la contaminación de referencia en Bilbao y en otras ciudades vascas. Las soluciones puestas en marcha en algunas capitales europeas como Zurich, Estocolmo, Copenhague, etcétera, donde se han tomado más en serio el peligro que supone la contaminación atmosférica proveniente de los vehículos motorizados, pasa por un cambio progresivo del modelo de transporte existente en la actualidad. Se trata de impulsar los desplazamientos a pie, en bicicleta o en transporte público, para lo cual hace falta más concienciación y sensibilización en el conjunto de la sociedad. Pero también es necesario arbitrar medidas que reduzcan el tráfico, aunque en un primer momento sean antipopulares.
Estas medidas deben pasar por limitar el acceso de los vehículos al centro de las ciudades, medida que aplica Paris -prohíbe circular a los coches más contaminantes-, y ha hecho Madrid hasta el cambio de gobierno municipal, o implantar peajes, algo que ya se hace en Londres, y que se recoge en el Plan de Movilidad Urbana de Bilbao elaborado con el Área de Movilidad en 2017, pero que fue rechazado por el alcalde Juan Mari Aburto; fomentando el transporte público y racionalizando la utilización del transporte de mercancías con vehículos limpios. Deben abarcar toda la ciudad, no resolver problemas puntuales. Pero no se puede olvidar que todas estas medidas se realizan en pro de la salud de las y los ciudadanos, y, por tanto, deben arbitrarse Planes de Vigilancia en Salud Pública que monitoricen la incidencia que la contaminación tiene en los diversos indicadores de salud como ingresos hospitalarios, visitas de atención primaria, consumo de medicamentos y, por supuesto, la mortalidad.
El primer deber de los poderes públicos es garantizar la salud de las ciudadanas y los ciudadanos y es evidente que el grado de suciedad del aire, causado principalmente en las ciudades por las emisiones de los motores de combustión, atacan la salubridad general de la población.
*Julen Rekondo es experto en temas ambientales y Premio Nacional de Medio Ambiente
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