Las voces y los ecos (a propósito de las macrogranjas)

Un país incapaz de hacer autocrítica y reflexionar sobre los defectos, carencias o irregularidades con las que convive, se instala en una burbuja o en el mundo fantástico de Alicia en el País de las Maravillas. El problema adquiere dimensiones peligrosas para la salubridad política de la democracia y la mental de los ciudadanos, cuando las declaraciones de un ministro del Gobierno de la Nación sobre una cuestión de tanta relevancia como la explotación y exportación de los productos procedentes del sector ganadero ha suscitado un debate, a mi entender, surrealista. Para los que todavía no se han despojado de los hábitos y trapisondas de Rinconete y Cortadillo y pretenden perpetuarlos como señas de identidad de los valores patrios, las declaraciones del ministro de Consumo sobre los inconvenientes y peligros de las llamadas granjas de masificación excesiva constituyen una traición intolerable que debe acarrear su dimisión e incluso la del Gobierno en bloque. Hay que dar facilidades para la toma del poder por la única, verdadera e imperecedera España. 

Es sobradamente conocido que los países formados en una moral protestante no admiten que sus políticos traten de ocultar la realidad o mientan en el desempeño de sus funciones. No conciben que se pueda presumir de patriota sin tener una mirada crítica sobre su entorno. Estoy seguro de que la mayoría de los británicos que han leído  la entrevista en el diario The Guardian han valorado positivamente la sinceridad de un responsable público que reconoce deficiencias en un sector muy concreto de la producción cárnica. No toleran el engaño y la falta de responsabilidad de los políticos que ocultan las deficiencias y debilidades que pueden perjudicar a los ciudadanos. 

El Gobierno de España, en materia de producción alimentaria, está condicionado  por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y por las políticas que sus instituciones marcan en materia de seguridad de los alimentos con el objetivo de  proteger la salud humana, los intereses de los consumidores, y promover el buen funcionamiento del mercado único europeo. Sus reglas son claras e inobjetables, persiguen proteger la salud de los consumidores estableciendo normas de control en los ámbitos de la higiene de piensos y alimentos, la sanidad animal y vegetal y la prevención de la contaminación de los alimentos con sustancias externas. Creo que los titulares de las explotaciones ganaderas son los primeros interesados en promover y fiscalizar las medidas establecidas por la ciencia para garantizar el cumplimiento de las normas en materia de seguridad alimentaria.

La numerosas disposiciones legislativas en esta materia, constituyen , según la Unión: “un sistema complejo e integrado de normas que abarcan toda la cadena alimentaria, desde la alimentación y la salud de los animales, pasando por la protección fitosanitaria y la producción de los alimentos, hasta su transformación, almacenamiento, transporte, importación y exportación y venta al por menor. Estas normas seguirán desarrollándose en el marco de la Estrategia «De la Granja a la Mesa» de la Comisión, que se presentó en 2020 como parte del Pacto Verde Europeo”.

El bienestar de los animales en las granjas masificadas es objeto de preocupación por el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios.

El imprescindible incremento de la producción de alimentos, exigida por la explosión demográfica de nuestro planeta, nos obliga a desarrollar las medidas preventivas necesarias para atajar las posibles crisis sanitarias que pueden derivarse de una extensión desmesurada y sin controles de las explotaciones ganaderas. Es necesario un elevado nivel de seguridad en todas las fases del proceso de producción y distribución de los alimentos y especialmente los procedentes de la ganadería. Las crisis sanitarias, como la de las vacas locas (EEB) derivada del consumo de determinados piensos, la gripe aviar, las dioxinas que se acumulan en la cadena alimentaria, principalmente en el tejido adiposo de los animales, la peste porcina y la contaminación ambiental son efectos indeseables que deben ser atajados con el despliegue de las medidas estrictas que preconizan los expertos.    

El marco regulador relativo al etiquetado de los productos alimenticios está concebido para garantizar el acceso de los consumidores a una información clara, completa y fiable sobre el contenido y la composición de los productos a fin de proteger su salud e intereses. La carne procedente de explotaciones ganaderas masificadas sin duda alguna y nadie lo ha afirmado, no tiene por qué ser perjudicial para la salud, pero no creo que sea un sacrilegio afirmar que su calidad, no su salubridad, es más deficiente.  

Las instalaciones de estas megagranjas, sobre todo porcinas, suponen un grave peligro para el medio ambiente. Son numerosas las condenas penales y sanciones administrativas impuestas fundamentalmente por el vertido de los purines. Basta con una somera comprobación de las bases de datos de jurisprudencia para constatar los graves daños medioambientales que ha producido y el rechazo de muchos pueblos y de partidos políticos, incluido el PP, a su instalación. Las declaraciones del ministro de Consumo no hacen sino confirmar estas evidencias.   

Hasta aquí las voces, es decir los hechos. Los ecos suscitados me parecen tremendistas y lamentablemente acordes con el tono político que estamos viviendo. Las declaraciones pasaron desapercibidas durante muchos días, hasta que una organización de ganaderos decidió difundirlas en las redes sociales. Los partidos políticos vieron en ellas la oportunidad de utilizarlas como munición electoral ante la proximidad de las elecciones autonómicas convocadas en Castilla y León. No han dudado en censurarlas, incluidos sectores del Gobierno, sin importarles entrar en contradicción con sus postulados. La derecha política y mediática no ha dudado en considerarlas como una traición a la patria. Tengo la impresión de que sus intentos por distorsionar la realidad no han encontrado el eco que esperaban. 

Los sectores ganaderos dedicados a la explotación intensiva y controlada han dado la razón al ministro. Muchos Ayuntamientos gobernados por PP han manifestado su rechazo a la instalación de estas megagranjas. Ratifican las opiniones del ministro y reconocen que se trata de instalaciones peligrosas, molestas e insalubres que no solo perjudican al medio ambiente sino también al bienestar de los vecinos. Algunas Comunidades Autónomas tienen acordadas, desde hace tiempo, moratorias para detener su implantación. Algunos partidos políticos han tenido que borrar apresuradamente sus mensajes en las redes que criticaban esta modalidad de explotación ganadera. Los organismos europeos que fiscalizan el empleo de los fondos entregados a España, no permitirán que ni un solo euro se utilice para subvencionar estas instalaciones. En definitiva el eco les ha restallado en los oídos.

Es posible que, si como he dicho, no se hubieran convocado las elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León para el próximo 13 de febrero, los ecos se hubieran amortiguado. Sin que nadie lo hubiera previsto, el incidente se va a convertir en un test político interesante. Antes de que se conociesen estas declaraciones, numerosas encuestas vienen concediendo al PP un voto que le acercaría a la mayoría absoluta o en todo caso, la conseguiría con el apoyo de Vox. Si se cumplen las previsiones demoscópicas, nadie podrá argumentar que han sido originadas por las declaraciones del ministro. Si por el contrario, las opciones políticas cercanas al espectro ideológico y ecologista que representa el ministro, mejoran los resultados, los alborotadores tendrán que reconocer que estaban equivocados.

Confío en que el debate se centre en el núcleo de la cuestión. Está en juego el prestigio y la fiabilidad de nuestro sector ganadero y también el saneamiento de nuestra vida política. La claridad y transparencia del debate va a ser una prueba significativa para medir el nivel ético de los representantes políticos. Solo los mentirosos o los conformistas trataran de utilizar el conflicto incitando a los votantes a mirar al dedo y no a la luna. A los ciudadanos les incumbe la responsabilidad  de formar su decisión electoral valorando los verdaderos componentes del debate suscitado. Sea cual sea su decisión, debe nacer de la reflexión y no del griterío. Como me ha enseñado Antonio Machado, les aconsejo que se paren a distinguir las voces de los ecos.