El deber de informar y el derecho a saber

Los ciudadanos de Madrid supieron que tenían una presidenta a la que le habían regalado un Máster universitario tras falsificar sus notas gracias a una información documentada y rigurosa de eldiario.es publicada el 21 de marzo de este año. Y pudieron comprobar después que tenían una presidenta que mentía descaradamente en el Parlamento regional y ante la opinión pública para intentar mantener una versión que se caía a pedazos cada día.

Cristina Cifuentes acabó dimitiendo tras un penoso mes de silencios, defensa numantina, firmas falsas, mentiras y cintas de video en el que además se llevó por delante el prestigio de una Universidad.

Los madrileños tenían derecho a saber que tenían una presidenta mentirosa y los periodistas de eldiario.es tenían el deber de contarlo.

Sin embargo, son ahora el director de este diario, Ignacio Escolar y la responsable de la información, Raquel Ejerique los que se enfrentan a una querella y a una investigación judicial por presunta revelación de secretos y se enfrentan a penas de hasta 7 años de cárcel.

7 años de cárcel por haber hecho bien su trabajo que no es otro que revelar secretos de interés público y sobre todo, aquellos secretos que el poder no quiere que se conozcan, como era el caso.

Hace ahora 8 años, el que escribe y otro compañero periodista, Daniel Anido, fuimos absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid también de un presunto delito de revelación de secretos por una información que desvelamos en la Cadena SER sobre un proceso de afiliaciones ilegales en el PP de Madrid promovido por un constructor con intereses inmobiliarios.

En aquel momento, yo era director de informativos y Anido, Director de la SER, y el fallo de la Audiencia anulaba una sentencia previa que en primera instancia nos había condenado a un año y nueve meses de prisión y lo que era todavía peor, nos inhabilitaba para ser periodistas durante el mismo periodo de tiempo. ¿Cómo se deja de ser periodista 21 meses?

Aquel caso provocó una gran oleada de apoyo y solidaridad en defensa del trabajo de los periodistas que nosotros agradecimos. Un respaldo de compañeros pero también de catedráticos, juristas y asociaciones por la libertad de información que también deben sentir ahora Escolar y Ejerique. Aquella denuncia, como la de ahora de Cifuentes, no va solo contra ellos, va contra los pilares de la profesión, contra el derecho al secreto profesional o la protección de las fuentes.

A quien quieren sentar en el banquillo no es solo a los dos compañeros de eldiario.es sino a toda la profesión. Por eso, cómo en su día escribió sobre nuestro caso la hoy directora de El País, Soledad Gallego-Díaz, lo que decida la justicia es de trascendental importancia porque no se trata de fijar qué tienen derecho a publicar o difundir los periodistas, sino de determinar qué tienen derecho a saber los ciudadanos. Otra vez, nos jugamos mucho todos.