Gobernar con el Judicial enfrente

“La balanza de la Justicia...Dios mío... no es un mecanismo demasiado sensible, es una burda báscula que no se mueve si no se le arrojan pesos a quintales”

Jakob Wassermann

¿Va a ser capaz el nuevo gobierno, aún no nato, de gobernar con el Poder Judicial enfrente?

Corría el año 2001 cuando varios vocales de un recién nombrado Consejo General del Poder Judicial explicaban en una comida recogida hasta qué punto preocupaba al gobierno de Aznar su convicción de que las altas esferas de la judicatura hubieran sido “copadas” durante los años de gobierno socialista por magistrados “progres” y cómo eso dificultaba y podía hasta frenar la acción de gobierno dado que las leyes podían ser declaradas inconstitucionales, las querellas contra populares podían ir viento en popa y los asuntos más delicados frenados en el Tribunal Supremo o perdidos en la Audiencia Nacional. Así que se pusieron manos a la obra y con el CGPJ presidido por Francisco José Hernando asumieron el compromiso de purgar las altas esferas judiciales y embocar el gran paquebote de la Justicia hacia la ruta marcada por los conservadores para llevar a buen puerto sus proyectos.

El Consejo de Hernando estuvo vigente durante casi ocho años, siendo los mandatos oficiales de cinco, pero en ese anormal periodo pusieron las bases del desembarco de los afines al PP en los grandes órganos judiciales. Esa misma situación se está reproduciendo ahora con el caducado Consejo presidido por Lesmes, que ha nombrado ya a 52 altos cargos judiciales estando fuera de mandato y que aún ha convocado nuevas plazas del Tribunal Supremo con la intención clara de dejar bloqueadas con una mayoría conservadora las principales salas al menos por casi un cuarto de siglo dado que, también de forma casual, están nombrando a magistrados a los que les quedan muchos años antes de jubilarse. Todo es muy casual. La presidencia de la Audiencia Nacional, la de cuatro Tribunales Superiores de Justicia, 14 Audiencias provinciales y 8 magistrados del Tribunal Supremo. Fíjense si fue rentable reventar el acuerdo de renovación formalizado entre el PSOE y el PP justo tras la moción de censura. ¿Quién fue el listo que pensó que a lo mejor lo del PSOE no era para mucho tiempo y que en unas futuras elecciones la derecha podría sacar mejor tajada? A quien sea que le vayan poniendo la medalla, porque desde luego ha conservado una facultad que no se compadece con las mayorías parlamentarias llamadas a renovar el órgano.

¿Será capaz el nuevo gobierno, si acaba cuajando, de gobernar si se le ponen en contra los jueces?

El CGPJ del que les hablaba, el de Francisco José Hernando, de mayoría conservadora, ya se prorrogó más de la cuenta lo suficiente para amargarle la vida a Zapatero y puede que a todos porque hay lodos que proceden en parte de aquellos polvos. No fue casual que el CGPJ decidiera elaborar un informe contrario al Estatut en 2005 sin que se lo hubieran pedido las Cortes, como es preceptivo. Enrique López, hoy consejero del trifachito de Madrid y entonces vocal lo justificaba así: “Pese a que no hay previsión legal, el Consejo tiene un reglamento de funcionamiento que permite elaborar cualquier estudio o informe sobre cualquier asunto jurídico que se considere de interés. Si estamos ante un Estatuto que afecta al Poder Judicial y al órgano del gobierno de los jueces ¿qué más interés se puede pedir?”. Un reglamento saltándose a la ley pero ¿qué más daba? Había intereses mayores. Parecidos a los que provocaron que se hiciera un informe sobre la Ley de Matrimonio Homosexual, este sí requerido formalmente, en el que se afirmaba que aprobar tal proyecto “abre la puerta para legalizar el incesto o las relaciones entre animales”. Cosas de tener a los del Opus bien dentro.

Pongo estos ejemplos para que se vea hasta qué punto pueden interferir estos órganos que permanecen en una anomalía constitucional -aquí a los llamados constitucionalistas les importa lo que les importa pero esto les parece fenomenal- en el caminar de un gobierno progresista al que ya se le ha puesto de frente, y eso sin existir, la banca, los empresarios y hasta los obispos más de la carcundia.

La renovación pendiente del CGPJ va a ser uno de los primeros problemas de la legislatura, aunque todos los comentarios se centren en los Presupuestos. Y Casado ya ha avanzado, aunque ha pasado desapercibido, que no está muy por la labor. A fin de cuentas ¿para qué si ahora tiene una representación que no va a volver a obtener? Y luego está el asunto Vox y la incapacidad para impedir que gane peso en las instituciones para lograr destruir el sistema tal y como lo conocemos. ¿Va a tomar parte en la designación de jueces? La derecha nos ha dicho ya que quiere ilegalizar partidos nacionalistas -la propuesta de Vox en Madrid recibió el apoyo del PP y Ciudadanos- y eso lo hace la Sala del 61 del Tribunal Supremo, no lo olviden, aunque tenga que instarlo el Gobierno... o la Fiscalía. Y si se ha podido ver una sedición de nueva factura, vayamos a saber qué no se puede ver en el futuro.

Hace tiempo que les cuento que existe la posibilidad de que las cúpulas judiciales hayan decidido tomar las riendas en asuntos cuya resolución puede que no les competa. Todo poder tiende a expandirse y este no menos. El caso del procés ha sido un claro ejemplo. La espiral del silencio se ha extendido sobre jueces y fiscales para acallar las voces que veían, desde el principio, que la acusación de rebelión no tenía ningún sentido. Eso sí, fue útil para sacar de Cataluña el problema, para judicializarlo y para inhabilitar preventivamente a los líderes catalanes. Y no hubo el más mínimo cambio ni la más mínima vacilación tras el cambio de gobierno. Hasta el abogado del Estado Bal, ahora diputado de chiripa de Ciudadanos, andaba acusando por rebelión sin que esa fuera la orden que había recibido ¿Pueden las togas enrocarse, dado que sólo están sometidos a un control que ejercen ellos mismos? No sé. Lo cierto es que las cúpulas bien tomadas por los conservadores le pueden complicar la vida a un gobierno progresista. Eso por no hablar de la renovación pendiente del Tribunal Constitucional. Ahora que hemos visto que a los magistrados del TC se les presiona con toda impunidad, incluso desde los editoriales, para que aprieten las filas y no den su opinión jurídica real ¿qué va a pasar con esa renovación? Para todas ellas hace falta una mayoría reforzada de 3/5 de la Cámara.

Es un tema que permanece silente y del que se habla poco, pero que puede llegar a ser decisivo. De momento, los favoritos para ocupar los sillones de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo son Concepción Espejel -Querida Concha- y Barrientos, el presidente del TSJ de Cataluña. Ellos van detrás de Carmen Lamela y de otros que, casualmente, unen a sus méritos haber fallado justo lo que se esperaba de ellos. Y ahí lo dejo.

No olviden cuántas cosas pueden pasar por los tribunales incluso aunque no debieran.

No olviden que los tribunales, incluido el TC, se pueden convertir en una tercera cámara en la que ganar lo que se pierde en las Cortes.

Un mensaje filtrado y todo se volcó del lado de la derecha que no está dispuesta a soltar la presa.

Todo convenientemente casual.

Todo complicado para el gobierno que muchos, a pesar de los poderes fácticos, esperamos que llegue.

*PD. Por supuesto, cuando hablo de jueces, hablo de los que ocupan las cúpulas. No me refiero al juez de su pueblo o de su asunto particular. Hablo del poder con mayúsculas, ya saben, no de los pleitos de cada día.