Humor en tiempos de cólera
Ser humorista o articulista se ha convertido en una profesión de riesgo en España y no solo por las bajas remuneraciones. La regla milimétrica de la corrección política en un país en el que ser ofendidito es deporte nacional amenaza con inundar los tribunales de querellas absurdas, que en el 99 por ciento de los casos son archivadas de plano en cuanto llegan al juzgado y en el 1 por ciento restante inmediatamente después de tomar declaración al querellado, lo que conlleva su imputación y el correspondiente paseíllo judicial.
Dani Mateo tuvo la mala suerte de que le tocó uno de los cien jueces que podía ver indicios de delito en un sketch de El Intermedio en el que fingía estar resfriado y sonarse los mocos con una bandera de España. Aunque en el propio chiste ya avanzaba que su intención no era “ofender a nadie, ni a los españoles ni al rey ni mucho menos a los chinos que venden estos trapos”, el juez Adolfo Carretero sí vio en la broma un acto de menosprecio a los símbolos nacionales y admitió a trámite una querella de un sindicato policial, no solo por ultrajes a España sino también por delito de odio. Es decir, por promover o incitar a “la hostilidad, la discriminación o la violencia” contra una persona o grupo por motivos “racistas, antisemitas, de ideología, religión, creencias, situación familiar, etnia, raza, religión, orientación o identidad sexual, razón de género, enfermedad o discapacidad”. Tra, tra.
A Carretero -que en la mesa del despacho de su juzgado tiene un ejemplar del Código Penal, un crucifijo y una foto del rey emérito con su padre, que fue presidente del Tribunal de Cuentas en tiempos del escándalo Filesa- le pareció necesario tomar declaración al humorista para convencerse de que en realidad no estaba llamando a la violencia ni a la hostilidad contra los españoles, grupo al que el propio Mateo pertenece, y decidió imputarle. El día que tuvo que declarar en los juzgados de Plaza de Castilla un par de individuos le acosaron con enseñas nacionales, en consonancia con una campaña en redes sociales fervientemente animada por Vox. “Los telepredicadores progres forrados se ríen de la bandera de España y de los españoles. Ellos no necesitan a España. Su patria son sus millones, como los jerarcas chavistas”, dijo Santiago Abascal.
Practicada la declaración, la Fiscalía de Madrid se apresuró a solicitar el archivo de la causa al entender que el humor satírico, guste o no, haga gracia o provoque rechazo, es solo humor y, como tal, tiene que estar amparado por el derecho a la libertad de expresión. Carretero accedió a cerrar la causa, sabedor de que se arriesgaba a ser enmendado por la Audiencia de Madrid, pero lo hizo a regañadientes, en un auto en el que se permitía calificar la actuación de Dani Mateo de “denigratoria, muy desafortunada y provocadora”.
En vísperas del 6 de enero, el PP rebotó un vídeo en el que un supuesto humorista llamado Ignacio de la Puerta escenificaba con un menor de edad un chiste en el que contaban a los Reyes Magos que su presidente “favorito” era Pedro Sánchez, después de confesar que la muerte se había llevado a su cantante, su humorista y su actor preferidos. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, anunció que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, trasladaría el asunto a la Fiscalía pero no por la ínfima calidad de la broma sino por si, tomada en serio, pudiera revestir indicios de delito.
A la Fiscalía también han llegado varias denuncias contra el columnista Arcadi Espada, quien consideró gracioso escribir que José María Aznar se equivocó con Gabriel Rufián en su última comparecencia en el Congreso porque, en lugar de contestar a sus preguntas, debería haberle dicho: “La polla, mariconazo, ¿cómo prefieres comérmela: de un golpe o por tiempos?”. El propio diputado se lo tomó a broma porque, además de pedir el archivo de las diligencias al considerar que debe prevalecer la libertad de expresión de quien le había insultado, se animó a contestarle en Twitter: “De un golpe, Arcadi”.
No son los únicos casos. A los responsables de la revista Mongolia les condenaron a indemnizar con 40.000 euros al torero Ortega Cano por un chiste en el que este aparecía junto a la leyenda “viernes de dolores… sábados de resaca”, el actor Willy Toledo irá a juicio por “cagarse en Dios, en la virgen del Pilar y en todo lo que se menea” y al dramaturgo Carlos Santiago le imputaron por referirse de forma jocosa a los “huevos” del apóstol e insinuar que la virgen María le hacía una felación. Al concejal Guillermo Zapata llegaron a juzgarle por reproducir un chiste sobre Irene Villa y las niñas de Alcàsser, y el humorista Facu Díaz fue investigado por escribir que “quemar iglesias es una barbaridad si no hay nadie dentro”.
Es un signo de esta era de Twitter y las campañas de linchamiento en tiempo real. Antes, los chistes sin gracia o las frases de mal gusto dejaban mal a quienes las pronunciaban; pero ahora vivimos en tiempos en los que no solo se judicializa la vida política, sino la vida misma. Si la frase desafortunada apunta a un lado o al otro, enfrente siempre habrá un colectivo agraviado dispuesto a llevarte a los tribunales y arrojar su cólera sobre ti. A pesar de que el humor, como dicen los humoristas, es como los culos: cada uno tiene el suyo.
