No somos inocentes

El movimiento feminista llena la Gran Vía de Madrid en el último tramo de la manifestación de este 8 de marzo.

El archivo provisional –si hay que morir, que sea matando– de la causa del 8M ha provocado alivio en el Gobierno, sus apoyos, el progresismo de orden, el feminismo institucional y, en general, todos los estudiantes de derecho de España; inquietos durante este tiempo preguntándose si cuanto les habían explicado en sus facultades sobre los límites del derecho penal, la legitimidad para interponer querellas y las causas de su admisión o el abuso de derecho penal estaba mal o lo habían entendido mal ellos.

Entre quienes ya veían en esta causa la primera de una sucesión de brillantes victorias en la cruzada patriótica que, Dios mediante, acabará con la condena penal y el ingreso en prisión de Fernando Simón, Salvador Illa, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, ha provocado una sorda indignación. Solo les ha quedado consolarse con esa sensación que supura todo el auto: la juez no ha seguido adelante porque no ha encontrado nada que, mínimamente, le permitiera hacerlo sin rozar el delito, pero también les intuye culpables.

Más allá del auto y las cuitas de cada bando, puede que convenga valorar el contexto que ha hecho posible semejante aberración jurídica en mitad de una pandemia que ha costado miles de vidas. Analizar este entorno que hace parecer normal que una denuncia presentada por un abogado envuelto en varias causas por estafa a sus clientes haya provocado semejante despliegue investigador mientras el país se confinaba y muchos servidores públicos, ellos sí, iban mucho más allá de las exigencias del deber.

No parece casualidad que España sea el único país donde las manifestaciones del 8M constituyen causa penal y motivo de debate político respecto a la pandemia. Es una obviedad que el neomachismo español vio la posibilidad de demostrar a la opinión pública que esto del feminismo había ido demasiado lejos, que no solo suponía un riesgo para el hombre blanco, hetero y español sino para la salud de todos y que había que volver al feminismo bien entendido. Pero no lo habrían logrado sin la pasividad de tantos hombres que son feministas “pero sin pasarse” y esa parte de la izquierda de orden que todo este tiempo venía y te susurraba que “lo de las manifestaciones había sido un error” porque, en el fondo, ellos también creen que esto del feminismo está yendo demasiado lejos.

Más allá de llevar al paroxismo del ridículo la esperpéntica figura de Pérez de los Cobos y su ruborizante intento de presentarse como un héroe caído por España y por el Estado de derecho, cabe preguntarse si vamos a seguir permitiendo que, dentro de las fuerzas del orden, se hagan informes sesgados ideológicamente, basados en la presunción de culpabilidad y con la calidad investigadora de la T.I.A. La izquierda de orden se indigna ahora, pero los informes sobre la financiación de Podemos o unos cuantos de los aportados a la causa del procés responden al mismo patrón y certifican la misma calidad. Podemos hacer las bromas que queramos con el informe De Los Cobos –¿o es que alguien se cree que se estaba haciendo sin su conocimiento y bajo sus directas instrucciones?– o el informe del forense legionario, pero lo grave es que tienen consecuencias penales y eso debería preocuparnos siempre, no solo cuando nos disgusta su contenido.

Los medios de comunicación y quienes salimos en ellos también podríamos aprovechar para reflexionar un poco sobre nuestro papel. La conspiración del 8M y las mentiras se propagan masivamente porque encuentran difusión masiva. Los medios no son responsables de las opiniones de quienes aparecen en ellos, pero sí son responsables de permitir que salgan repetidamente quienes hacen de la mentira, la manipulación y el insulto su principal y única aportación; aún más si alegan permitirlo en nombre del pluralismo o la libertad de información. El pluralismo no es favorecer que se difundan todas las barbaridades que se le puedan ocurrir a alguien, sino dar paso a todas las opiniones formadas e informadas, con independencia de si gustan o no. La libertad de expresión constituye un derecho, pero también implica una responsabilidad que todos debemos asumir. Aquí, tampoco somos inocentes.

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