El 8 de marzo: la crítica feminista del contrato social
Los seres humanos no podemos convivir sin explicarnos el por qué y el cómo de nuestra convivencia. Esto es lo que nos diferencia radicalmente de los demás individuos del reino animal. Los animales coexisten. Los seres humanos convivimos. Y para transitar de la pura coexistencia animal a la convivencia humana, los seres humanos hemos necesitado construir ficciones explicadoras y justificadoras de dicho tránsito. Dichas ficciones constituyen la materia de la que se compone la POLÍTICA primero y el DERECHO después. La política es la que nos califica como animales. Los seres humanos somos animales políticos. El derecho da estabilidad a dicha calificación. A partir del momento en que la convivencia humana adquiere determinada dimensión poblacional y territorial, POLÍTICA Y DERECHO son esferas distintas pero inseparables.
Obviamente, a lo largo de la presencia del ser humano en el planeta el sistema de ficciones con base en el cual se ha explicado y justificado la convivenvia ha evolucionado incesantemente. No ha sido el mismo siempre ni en el tiempo ni en el espacio. De ahí que la historia de la teoría política o la historia del derecho hayan sido y continúen siendo áreas de investigación universales. Y de ahí también que la política y el derecho comparados hayan despertado siempre el interés en todas las sociedades.
De entre todas las ficciones explicadoras y justificadoras de la convivencia una de las más exitosas, por no decir, la más exitosa, ha sido el contrato social. Es la ficción contemporánea, en la que descansa la democracia como forma política y el Estado Constitucional como su expresión jurídica. Con base en dicha ficción se ha conseguido alcanzar la mejor forma de organización de la convivencia conocida hasta el momento.
Todavía hoy sigue siendo la mejor ficción explicativa de la convivencia humana. Pero ya no goza de la aceptación acrítica que ha tenido en el pasado. Y no porque en el día de hoy el contrato social sea menos inclusivo de lo que lo fue en el pasado, que no es el caso. Todo lo contrario. El contrato social en sus orígenes y durante sus dos primeros siglos de vida fue un contrato entre varones propietarios, del que estaba excluido no solamente la población femenina en su totalidad, sino gran parte de la masculina también. El Estado Constitucional ha sido durante sus primeros decenios un club de propietarios. Hasta llegar al sufragio universal, masculino primero y femenino después, trasncurrió mucho tiempo. En este momento ya se ha conseguido la igualdad en el ejercicio del derecho de sufragio activo, que es muy importante. Pero queda mucho camino por recorrer todavía en el derecho de sufragio pasivo. Porque en el derecho de sufragio activo la titularidad y el ejercicio se confunden. Pero en el derecho de sufragio pasivo, no.
El sufragio activo es el componente cuantitativo de la democracia. El pasivo es el componente cualitativo, el que detemina quienes van a ejercer el poder, es decir, quienes van a tomar las decisiones políticas y elaborar las normas jurídicas que van a ordenar la convivencia en toda la superficie de la sociedad. En el sufragio activo está la titularidad del poder. En el pasivo está el ejercicio. En la titularidad todos somos iguales. En el ejercicio las diferencias son enormes.
El Estado no es propiedad de nadie, pero el peso de los varones en la gestión del mismo sigue siendo abrumador. Y cada vez más de los varones en una posición económica privilegiada. De ahí la deriva cada vez mayor hacia un creciente desequilibrio en la distribución de la riqueza, en la que las decisiones de política económica adoptadas básicamente por varones juegan un papel determinante.
El contrato social cada vez es más inclusivo desde una perspectiva formal y más excluyente desde una perspectiva material. Las mujeres son las que soportan la mayor parte del costo de la disonancia entre ambas perspectivas, porque se produce de manera generalizada en todos los escalones de la pirámide social. La discriminación de género es la única discriminación universal. Y la única discriminación que se manifiesta en todas las direcciones imaginables.
De ahí que la crítica feminista al contrato social sea la más universal y la más radical de todas. La más difícilmente asimilable. Por eso, quien viera el programa dirigido por Ana Pastor en La Sexta el domingo por la noche, en el que participaron portavoces femeninas de todos los grupos políticos, comprobaría cómo las portavoces de los partidos de la derecha española, PP y Ciudadanos, se mostraban “comprensivas” con la huelga del día 8, pero se posicionaban inequívocamente contra la misma, mientras que ocurrió lo contrario con las portavoces de los partidos de izquierda.
La línea divisoria entre la derecha y la izquierda, que se había dado por desaparecida, ha vuelto a hacer acto de presencia con la convocatoria del 8 de marzo.
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