Poder Económico 1 - 0 Poder Político

En España, los desahucios son la punta del iceberg de la crisis social en la que ha derivado la crisis económica. Bajo este drama se esconde: el paro masivo y cronificado; la precariedad laboral; los recortes; el empobrecimiento de las clases medias y bajas; el estallido de la burbuja inmobiliaria y crediticia; la percepción de injusticia social; y la asimetría entre un omnipotente (y rescatado) sector financiero y un desprotegido (e indefenso) ciudadano al que se le quiere hacer pagar todo el importe del concepto “haber vivido por encima de sus posibilidades”. Aspectos, todos ellos, que, en forma de suma y sigue, vienen reflejando las estadísticas y encuestas desde que comenzó la crisis.

A nivel político, la alarma social creada por las lamentables muertes de dos personas que vieron en el suicidio la única salida a la “condena” de verse privadas de sus hogares, también ha servido para poner en evidencia la (in)capacidad de los dos grandes partidos (el PSOE como partido que gobernó en la última legislatura, en la que comenzó a crecer el drama de los desahucios, y el PP como actual partido gobernante) para hacer frente a los problemas de los ciudadanos.

Al PP y al PSOE les ha sobrado tibieza y lentitud y, por el contrario, les han faltado reflejos. Su reacción (en forma de un intento -por ahora infructuoso- de llegar a un acuerdo para atajar este problema y, en el caso de los populares, de la aprobación de un decreto que se queda corto por su carácter únicamente paliativo y restringido a los casos de mayor vulnerabilidad) ha llegado después de que el poder judicial empezara a pedir cambios para evitar las ejecuciones hipotecarias; después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya tirado de las orejas a España por una legislación hipotecaria que considera abusiva con los consumidores; y después de que la presión mediática y social empezaran a ser insoportables. A lo que habría que añadir que, incluso, la patronal de los bancos ha sido más hábil al anunciar antes una moratoria para los casos más extremos; aunque, sólo, lo haya hecho con el objetivo de evitar que crezca la presión social para cambiar la ley hipotecaria.

El temor a enfrentarse al sector financiero o a salirse de las directrices de recortes, austeridad y sacrificios sociales que impone la Europa “merkeliana”, pueden explicar las reticencias que han mostrado populares y socialistas en este ámbito. Si bien, ambos han podido minusvalorar su margen de maniobra (por pequeño que sea éste).

Por ejemplo, en el caso del PP, ya en mayo, cuando se conoció que Bankia necesitaba la inyección de fondos públicos o, posteriormente, cuando se solicitó el rescate bancario a la UE, el gobierno de Rajoy tendría que haber forzado a las entidades intervenidas a paralizar los desahucios (lo que quizás hubiera producido un efecto cascada en el resto de entidades financieras). Sin tener, por ello, que haber incomodado en exceso a la banca y a las autoridades europeas, al PP ese gesto le habría reportado, en términos demoscópicos, un aumento de popularidad. Por un lado, hay que tener en cuenta que muchas de las familias que han perdido sus casas o que, están a punto de perderlas, también son electores del PP. Y, por otro, que el 95% de los ciudadanos, según una reciente encuesta, cree que el gobierno debería cambiar la legislación hipotecaria para evitar los desahucios.

Por su parte, los socialistas, como principal partido de la oposición, tendrían que haber liderado desde el principio de esta legislatura la batalla para cambiar la ley hipotecaria (y no haber esperado hasta finales de octubre para hacerlo, con la presentación de una proposición de ley). En este sentido, tendrían que haberse desprendido antes de la paralizante crítica sobre su falta de credibilidad para defender lo que no hicieron en el gobierno. El propio agravamiento de la situación en este ámbito, invalidaba esa crítica. Y no verlo apunta a un error de bulto de un PSOE que, hasta ahora, ha actuado más como una oposición acomplejada, que como la oposición que necesita en estos momentos un país en el que amplios sectores de la sociedad se encuentran desamparados.

Pero la ceguera de los socialistas como principal partido de la oposición y, sobre todo, de los populares como partido gobernante, va más allá, pues llama la atención que, ante la contundencia de los datos y las sombrías perspectivas que se ciernen sobre la economía española, sigan sin tratar el tema de los efectos sociales de la crisis desde un punto de vista integral. Es necesario llegar a un acuerdo global para hacer frente a la desigualdad y la precarización social que han emergido con la crisis, pero que han venido para quedarse.

¿Habrá que ver suicidios de parados que hayan agotado todas las prestaciones para hablar de este tema? ¿O de pensionistas que no puedan pagar sus facturas ante la sobrecarga de tener que ayudar a sus hijos y nietos o, que, como en Grecia, antes de escarbar en la basura, prefieran poner fin a su vida? Son muchos los expertos que están dando la voz de alarma sobre el agotamiento de las redes (familiares) de protección social que, por el momento, están actuando como diques de contención en un país que, en el quinto año de la crisis, se acerca a los seis millones de desempleados.

De este modo, el poder político (encarnado en los partidos mayoritarios) está volviendo a mostrar sus carencias, mientras una parte de la sociedad ha visto “señales esperanzadoras”: señales de que, aunque tarde y mal, se pueden cambiar las cosas (y de que, al menos, algunos sectores de los poderes públicos, como el poder judicial, están empezando a actuar ante una insostenible situación de emergencia social).

Es innegable que el desgaste (político) que están sufriendo el PP y el PSOE, se debe en gran medida a la lentitud en su capacidad de reacción (social). Y no deberían minusvalorar los datos. Sus niveles de apoyo electoral están bajo mínimos.

Pero la política (tradicional) tampoco se libra del desprestigio. El último barómetro del CIS (realizado en octubre) refleja que el principal sentimiento que despierta la política en la ciudadanía es la desconfianza (con unos niveles récord), seguido de la irritación. Algo que, como se puede observar en el siguiente gráfico, no siempre ha sido así. A finales de los años ochenta, a los ciudadanos, la política les generaba ante todo aburrimiento y, en los años 90, el sentimiento predominante era el de la indiferencia.

De este modo, y pese a los que quieren ver en el malestar político, el despego de los ciudadanos, éstos no se muestran indiferentes ante la política, sino profundamente desconfiados. Ocho de cada diez ciudadanos consideran que la política tiene una gran influencia en sus vidas. Y, como estamos viendo, si la política no da respuesta a sus problemas, serán muchos los que se organicen (a través de plataformas como la de los Afectados por la hipotecas) y se movilicen para forzar la búsqueda de esa respuesta.